La legitimidad de numerosas cámaras de fotodetección en Bogotá está siendo puesta en tela de juicio después de que se descubriera que cerca de un centenar de estos aparatos podrían estar operando sin los permisos necesarios, mientras que otros están a punto de perder su acreditación. Esto ha provocado inquietud entre los ciudadanos, quienes podrían haber recibido comparendos que carecen de validez jurídica.
De acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 98 cámaras de fotodetección en la capital colombiana no tendrían los permisos requeridos para funcionar y continuarían operando sin respaldo legal. Esta situación se agrava con el hecho de que otras 31 perderán su validez el domingo 30 de marzo, poniendo en entredicho la legitimidad de las sanciones impuestas en esos lugares y generando preocupación entre los ciudadanos afectados por multas potencialmente inválidas.
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Uno de los casos más relevantes es el de la cámara localizada en la calle 103 con autopista Norte, que, conforme a informes de CityTV, está funcionando sin autorización desde el 20 de enero de 2024, generando preocupación entre los conductores sancionados y interrogantes sobre la validez de las multas emitidas en ese puesto de control. No obstante, este aparato ha seguido emitiendo sanciones a los ciudadanos.
El abogado y consultor legal Cristian Jiménez indicó en una entrevista con CityTV que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha autorizado hasta ahora 162 cámaras de fotodetección en Bogotá. Sin embargo, enfatizó que desde el 20 de enero, 98 de estos dispositivos están funcionando sin autorización y otras 31 perderán su vigencia en los días venideros.
Jiménez destacó que uno de los dispositivos mencionados es el que más comparendos ha generado en Bogotá en 2024. “Esta, que es la de la calle 103, ha emitido 50.280 sanciones en 2024”, afirmó el abogado.
Las cámaras de fotodetección en la ciudad sancionan fundamentalmente cinco tipos de infracciones: circular por zonas restringidas o en horarios prohibidos (comparendo C14), exceder los límites de velocidad (C29), no ceder el paso a peatones (C32), circular sin la revisión técnico-mecánica vigente (C35) y conducir sin los seguros obligatorios como el Soat (D02).
Un aspecto fundamental en este debate es la diferenciación entre autorización, calibración y operación. Según Jiménez, estos términos no deben ser confundidos. Especificó que la calibración es el certificado otorgado por un laboratorio que asegura que el dispositivo cumple con las normativas técnicas, mientras que la operación se refiere al funcionamiento de la cámara. No obstante, la autorización es el acto administrativo mediante el cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial concede el respaldo para su uso durante un periodo de cinco años. Si una cámara carece de esta autorización, se considera ilegal y no puede emitir.comparendos.
Ante la controversia suscitada, la Secretaría Distrital de Movilidad emitió un comunicado oficial señalando que “se están realizando ensayos en cámaras para la modernización tecnológica en varios puntos de la ciudad. La finalidad es determinar las alternativas tecnológicas más adecuadas para la ciudad”.
Asimismo, la entidad aclaró que “no se entregarán comparendos en estaciones”, y que el personal responsable de las pruebas estará correctamente identificado durante el proceso. No obstante, la falta de claridad sobre el funcionamiento de estas cámaras sigue causando inquietudes entre los ciudadanos y expertos en movilidad, quienes piden mayor transparencia y respuestas inmediatas para prevenir sanciones injustas que puedan perjudicar a los conductores, socavar la confianza en el sistema, infringir los derechos de los ciudadanos y facilitar abusos administrativos, errores en la notificación y confusiones en la imposición de multas.
