Transformaciones en la Factura Electrónica: Lo Que Necesitas Saber para Colombia

La emisión de facturas electrónicas es una de las iniciativas más recientes de la Dian, en la que se han concentrado gran parte de los esfuerzos de las entidades fiscales del país, con el objetivo de incrementar la recaudación y generar nuevos recursos para las finanzas de la Nación, fortaleciendo la batalla contra la evasión y el control de bienes y transacciones.

Por esta razón, desde la mitad del 2023, el Gobierno ha estado llevando a cabo actividades de concienciación con los empresarios y operativos en diversas regiones para asegurar que se respete las normativas que regulan este proceso. De la misma manera, parece que está realizando algunos ajustes a las reglas del juego, conforme a la información más reciente.

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Esta semana se divulgó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lanzó un nuevo proyecto de resolución que incorpora cambios importantes a la Resolución 000165 de 2023, que regula la facturación electrónica, afectando a todas las empresas que están obligadas a emitir facturas electrónicas en Colombia.

Karoll Cuadros, director de eCommerce de Sovos Saphety, aclaró que se trata básicamente de medidas que buscan mejorar la trazabilidad tributaria, reforzar la protección de los datos personales y ampliar el control sobre la facturación digital. Todo con el propósito de simplificar la supervisión de las emisiones y transacciones.

“Este proyecto de resolución no solo modifica los procedimientos de facturación, sino que redefine la interacción entre las empresas y la DIAN. La exigencia de verificación de datos y la restricción en la obtención de información marcarán un hito en la gestión tributaria digital del país”, afirmó.

¿Qué cambios se presentan?

Uno de los cambios más destacados se produce en la limitación para la recolección de datos del comprador, ya que a partir de la nueva regulación, los emisores de facturas electrónicas solo podrán solicitar el nombre, identificación y correo electrónico del cliente, eliminando la necesidad de recolectar datos adicionales como la dirección, de acuerdo con las normas de protección de datos.

“También se implementará un sistema automatizado donde los emisores obtendrán los datos del comprador a través de su número de identificación, lo que acelera la facturación, aunque genera interrogantes sobre la seguridad y el acceso a la información”, añadió.

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En este borrador de resolución también se señala que las compañías de servicios públicos podrán generar y enviar el documento equivalente electrónico hasta 48 horas después de la prestación del servicio, facilitando las operaciones en áreas con baja conectividad, aunque retrasando la fiscalización.

“Se prohíbe incluir cobros adicionales en las facturas de servicios públicos sin la autorización del usuario, garantizando transparencia y evitando costes no justificados, y se endurecerán los controles para asegurar el cumplimiento de la facturación electrónica, y la Dian impondrá sanciones más estrictas, incluyendo multas y bloqueos operacionales”, sostuvo Cuadros.

Oportunidad por capitalizar

Según la especialista, estas transformaciones, aunque crearán desafíos para las organizaciones, también ofrecen oportunidades esenciales para el desarrollo y la mejora de las empresas en Colombia. En primer lugar, la actualización de los sistemas de facturación permite acceder a una mayor eficacia operativa y la modernización de procesos fundamentales dentro de las organizaciones.

De igual forma, enfatizó que la verificación de información con la Dian y la optimización de los procedimientos de facturación digital brindarán una mayor exactitud y rapidez en las transacciones comerciales. A su vez, la agrupación de datos en un repositorio de la DIAN motiva a las organizaciones a reforzar sus prácticas de seguridad y protección de información.

Finalmente, comentó que adaptarse con anticipación a los nuevos parámetros no solo asegurará el respeto a la normativa, sino que también permitirá a las organizaciones mejorar su administración financiera y prevenir peligros vinculados a sanciones.

“Las organizaciones deben reconocer que la Dian no solo está regulando el comprobante electrónico, sino que está demandando un nivel de seguimiento y supervisión sin precedentes. Esto forzará a las empresas a incorporar tecnología sofisticada para asegurar el respeto normativo sin comprometer su eficacia operativa”, menciona.