Economia
Los Secretos del Ministerio de Agricultura: ¿Cómo Sus ‘Superpoderes’ Están Revolucionando el Sector Agro?
La reciente resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de asumir mayores atribuciones de inspección, supervisión y control sobre las asociaciones campesinas y agropecuarias ha suscitado una inquietud y una profunda controversia en varios sectores del ámbito agrícola y campesino.
La nueva disposición, contemplada en la normativa de la Ley 2219 de 2022, a través de la resolución 000052 de 2025 del Ministerio de Agricultura, es percibida por los gremios como una manera de concentrar poder en la entidad y como un riesgo para la autonomía de las organizaciones que representan a los pequeños y medianos productores del país.
La regulación señala acciones preventivas y sancionadoras cuando se evidencie que estas asociaciones sobrepasen los límites establecidos por la ley, en el ejercicio de sus actividades.
Los aspectos principales que generan inquietud son:
- Las atribuciones del ministerio para ejercer supervisión y control sobre las organizaciones gremiales agropecuarias.
- El impacto de la medida sobre el derecho constitucional a la libre asociación.
- Las suspensiones temporales que puedan ocurrir y las sanciones que se puedan aplicar.
- La carga administrativa general y económica que se ocasionaría a las asociaciones.
Inquietudes sobre control y supervisión
Respecto al primer aspecto, la resolución establece que “el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá aplicar medidas preventivas para impedir de manera transitoria que una asociación campesina o una asociación agropecuaria nacional, sean o no agremiaciones, en el ejercicio de su actividad no cumpla o sobrepase los límites impuestos por la ley, por la voluntad de sus fundadores o por sus propios estatutos, en lo que se refiere a su constitución y funcionamiento”.
Esto, de acuerdo con el Consejo Gremial Nacional y sus 33 gremios afiliados, representa una grave expansión de funciones y “una amenaza directa a la libertad de asociación y la autonomía gremial, principios fundamentales en un Estado democrático”.
Pues la norma, argumentan, “abre la puerta a intervenciones arbitrarias sobre entidades privadas, otorgando al Gobierno la facultad de supervisar y solicitar información financiera de gremios independientes, destituir administradores y representantes legales de las asociaciones, interpretar los estatutos gremiales de acuerdo a su conveniencia e interceder en las asambleas sin justificación alguna“.
El ministerio podría destituir a los controladores de las asociaciones. Foto:Guillermo Herrera.
Inquietudes sobre la libre asociación
El Consejo Gremial añadió que la Constitución, en los artículos 38 y 39, establece el derecho de los ciudadanos a “asociarse libremente sin interferencias indebidas del Estado” y que la resolución modificaría esto.
Este aspecto lo destacó Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC): “esta resolución es extremadamente grave porque, en nuestra opinión, va en contra del artículo 38 y del artículo 39 de la Constitución Política de Colombia que garantizan el derecho a la libre asociación y sin intervención del Estado”.
Según el líder gremial, todos los aspectos de la resolución emitida por el Ministerio de Agricultura son “absolutamente críticos” porque con ellos el Gobierno busca meramente tener influencia y control sobre actividades que son de naturaleza privada.
Bedoya comentó que
Con esta disposición, el Gobierno busca tener poder para interpretar los estatutos y destituir a los representantes legales.
Se añadió que los comentarios y objeciones sobre esta decisión fueron enviados a la Ministra de Agricultura y, en su debido momento, a la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, debido a que esta dependencia debería resguardar el derecho a la libre asociación sin la intervención del Estado.
La Federación Nacional de Cafeteros podría estar bajo monitoreo de esta dependencia. Foto:Oswaldo Rocha
Inquietud por las sanciones
La resolución estipula que “cuando se demuestre que una asociación campesina o una asociación agropecuaria nacional, independientemente de ser agremiación o no, al ejercer su actividad sobrepase los límites fijados por la ley o no los cumpla, así como que infrinja la voluntad de sus creadores o de sus propios estatutos en lo relativo a su constitución y operación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá imponer medidas preventivas y de sanción“.
Las sanciones abarcan desde advertencias escritas, cancelación de la personería jurídica, multas, modificaciones de estatutos, hasta la prohibición temporal y definitiva de su actividad.
Con esta medida, asociaciones como la Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma, Asocaña, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y las cooperativas de caficultores o productores en el país, entre otras, quedarían bajo la vigilancia total de esta dependencia.
Para Aliadas, una agrupación de gremios, la decisión supera el marco legal y constitucional al otorgar poderes inconstitucionales de control e intervención sobre las asociaciones campesinas, agropecuarias y gremiales.
“Esta resolución – apunta Aliadas – perjudica el derecho fundamental a la libre asociación y la libertad empresarial, establece un precedente inaceptable para la democracia y permite la instrumentalización política del control estatal”.
Según la organización, la medida “impulsa el deterioro de la autonomía gremial y de la institucionalidad campesina, confiere poderes discrecionales al ministerio que pueden resultar en intervencionismo inapropiado y uso político del control estatal, promueve la falta de deliberación democrática en su elaboración, afectando la confianza en las instituciones”.
Inquietud por la carga administrativa y financiera
Aliadas también señala que la medida puede crear una carga administrativa y financiera excesiva para las asociaciones y un impacto adverso en la competitividad y productividad del sector agropecuario.
Incluso, el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, advirtió sobre esta situación: “el Gobierno Nacional, bajo la dirección del Ministerio de Agricultura, tiene la intención de apropiarse de los gremios agropecuarios y retener los recursos parafiscales. No vislumbro otra intención detrás. Una resolución del ministerio le otorga poderes para sustituir a los directores de los gremios e imponerles sanciones millonarias”, expresó.
La respuesta de la ministra de Agricultura: se está cumpliendo con la normativa
Martha Viviana Carvajalino, ministra de Agricultura. Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino, atendió las críticas de los representantes gremiales
Aclarando que estas tareas de control fueron otorgadas de manera oficial por el Congreso de la República mediante la Ley 2219 de 2022, ratificada por el entonces presidente Iván Duque.
Según expresó la ministra, esta legislación representó un mandato legislativo inequívoco que confiere al Ministerio y a las Secretarías de Gobierno tanto municipales como distritales la autoridad para supervisar y sancionar las actividades de estas organizaciones cuando no se adhieran a los límites legales, normativos o los principios fijados por sus creadores.
“La ley otorgó responsabilidades de inspección, vigilancia y control para asegurar el respeto a las disposiciones que regulan las asociaciones agrícolas y campesinas”, argumentó.
Asimismo, enfatizó que la resolución 052 de 2025 establece los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo estas funciones, garantizando la transparencia a través de la publicación de los proyectos de resolución en plataformas oficiales como el SECOP, con el fin de asegurar la implicación ciudadana y permitir que el sector continúe su desarrollo.
“No está en discusión la autoridad legal del Ministerio de Agricultura, comprendemos la preocupación respecto a las políticas implementadas por el ministerio, pero es fundamental señalar que derivan del conjunto del régimen administrativo de inspección, vigilancia y control que opera en Colombia y que es ejercido por el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y las superintendencias”, añadió.
Carvajalino destacó que “la intención de la cartera es únicamente cumplir con la ley y asegurar que ese mandato legal se ejecute con los más altos estándares y el respeto a la constitucionalidad. Nadie está por fuera de la ley, ni por encima de ella. Construimos de cara al país”.
