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Mientras se debate en el Congreso la Nueva Ley de competencia, surgida a raíz de la Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), lo que está en juego no es solo una redistribución de las funciones que llegan del centro hacia la periferia.
Está en juego el futuro de un país que ha sido construído de espaldas a sus regiones. Y aunque reconocemos la necesidad de una reforma, no podemos permanecer en silencio frente a un proceso que en vez de corregir el centralismo histórico, lo disfraza de descentralización.
Actualmente, el Gobierno controla el 86% del Presupuesto General de la Nación, mientras que los municipios y departamentos apenas disponen del 14%. En naciones desarrolladas, por lo general, la distribución es de 50% para el Gobierno Nacional y 50% para las regiones.
Aquí continuamos atrapados en un modelo colonial donde todo pasa por Bogotá, mientras en las regiones nos ahogamos con necesidades básicas insatisfechas. Quiero destacar que el problema no reside en Bogotá como lugar geográfico, sino en el modelo de Estado que también asfixia a Bogotá como ciudad-región. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, y el centralismo es una de las causas subyacentes. La desigualdad no es una casualidad, es un sistema.
El Gobierno Central ni siquiera ejecuta lo que concentra. El año anterior solo ejecutó el 42% de su presupuesto general. El Ministerio del Deporte, únicamente el 19%, y el Ministerio de la Igualdad, apenas el 3%, por mencionar algunos ejemplos. Mientras tanto, alcaldes y gobernadores deben hacer malabares con recursos limitados para atender urgencias. ¿No será que el 58% del presupuesto no ejecutado es precisamente lo que les falta a las regiones para cubrir sus necesidades? ¿Acaso no es esta la razón principal de la desigualdad en Colombia?
Pero en lugar de corregir esta lógica, el debate se centra en una “descentralización” mal planteada. Hablan de descentralizar la salud y la educación, pero en realidad solo desean trasladar las nóminas a los territorios, sin verdadera autonomía ni recursos de libre destinación. Cambiar al pagador no transforma el modelo. Las listas de profesores y médicos seguirán llegando, y las entidades territoriales continuarán siendo simples tramitadores de pagos. Eso no es descentralizar. Eso es descargar problemas.
Queremos descentralizar el presupuesto de inversión, no solo el de funcionamiento.
Pablo Jaramillo ArangoC. Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos
Descentralización sin autonomía real. La discusión no puede seguir centrándose en el concepto de descentralización, ya que eso es un error. El debate riguroso que debe llevarse a cabo en el país es el de la autonomía, consagrada en nuestro Artículo Primero de la Constitución. Lo que el país necesita es que las regiones tengan poder de decisión, libertad para priorizar y capacidad real de ejecución. Queremos descentralizar el presupuesto de inversión, no solo el de funcionamiento.
No más giros condicionados. Queremos administrar nuestros propios recursos y no tener que pedir permiso cada vez que deseamos realizar una inversión social. Queremos la libertad de invertir en infraestructura, saneamiento básico, vivienda, tecnología, seguridad, cultura o medio ambiente en nuestros territorios.
¿Y si eliminamos entidades nacionales ineficientes como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que maneja alrededor de 10 billones de pesos anuales para la inversión social del país desde una oficina fría y alejada de las realidades locales? En las regiones vivimos las realidades de primera mano y por eso sabemos en qué invertir.
Esos Recursos para que Que Menes Tiene, Le Alcancen Más.
¿Qué tal si Descentralizamos el 50% del Presupuesto del Inventario? Que la Nación mantenga las Vías Primarias, pero que las Secundarias y Terciarias sean responsabilidad directa de las Regiones, Municipios y Departamentos. Nadie conoce mejor las necesidades viales que aquellos que habitamos en el territorio. Desde Bogotá no se percibe ni se comprende la urgencia de un camino que impide sacar una cosecha o llevar a un niño al colegio.
Nos están ofreciendo una falsa descentralización: una donde las regiones asumen más responsabilidades, pero no reciben más poder. Quieren darnos la carga —los problemas estructurales— y quedarse con los recursos de inversión y el control político. La Reforma que se menciona hoy dice que para el 2039 alcanzaremos el 39% de los recursos para las regiones. ¿EN SERIO? ¿Vamos a continuar esperando 15 años más para que nos roben lo que ya debería ser nuestro?
El Ordenamiento Territorial debe convertirse en una herramienta de autonomía, no en un tabú. Las asociaciones de capitales y la Federación de Departamentos deben ser actores centrales en este debate. NADIE SIENTE MÁS EL RETRASO DEL CENTRALISMO QUE QUIENES GOBIERNAN EN LAS REGIONES. Somos un país diverso, territorial, con múltiples realidades sociales. Gobernar desde el centro como si todo fuera igual es una necesidad histórica.
Buscamos Autonomía, sin dependencia en solitario. Deseamos que se respete el espíritu de la constitución del 91, que nunca se ha honrado en más de 30 años. QUEREMOS QUE LOS RECURSOS LLEGUEN A QUIENES CONOCEN Y SUFREN LOS PROBLEMAS, NO A BURÓCRATAS QUE GANAN 25 MILLONES DE PESOS AL MES Y QUE OBSTRUYEN LOS PROYECTOS EN Guatavita, Cundinamarca.
El Estado Central debe reducirse para que los Gobiernos Territoriales crezcan. Las regiones no somos niños pequeños: ya somos mayores de edad hace tiempo. No estamos mendigando, estamos exigiendo administrar lo que producimos y que nos pertenece. Colombia no puede seguir siendo el país de las reformas aplazadas, los cambios a medias y los discursos vacíos. ESTA DEBE SER UNA CONVERSACIÓN NACIONAL. Y solo será nacional si se realiza desde las regiones.
Pablo Jaramillo Arango
C. Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos
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