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La totalidad de las asignaciones futuras que la Nación ha transferido (aproximadamente 1,8 billones de pesos) para llevar a cabo el proyecto vial Mulaló – Loboguerrero, administrado por la concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. (Covimar), permanecen bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), están sin ejecutar y, con los intereses generados, al 28 de febrero ya alcanzaban los 2,2 billones de pesos, según indican desde la concesionaria.
Desde finales de 2016 hasta el 31 de diciembre del año pasado, la Nación ha efectuado para el progreso de ese proyecto vial nueve transferencias que superan los 1,79 billones de pesos, pero con los intereses generados al cierre de febrero pasado (cerca de 407.424 millones), el total disponible para esa iniciativa excede los 2,2 billones, que se encuentran en un fondo patrimonial autónomo.
“El saldo de la ‘Subcuenta Aportes ANI’, incluyendo sus rendimientos financieros, se encuentra restringido, conforme a las disposiciones del Contrato de Concesión (001 de 2015), por lo que, en la actualidad la Concesionaria no ha recibido ni utilizado esos recursos. La disposición de los mismos corresponde a la ANI”, señalaron desde Covimar.
Esta aclaración sobre el estado de las cuentas de este proyecto vial surge después de que desde el Gobierno se cuestionara no solo los giros efectuados para dicho proyecto vial, crucial para el Valle del Cauca y el país en su conjunto, sino también por qué los fondos no se han utilizado, ignorando las diversas razones que han obstaculizado el inicio de la vía, además de que el dinero está bajo la administración y protección de la estatal ANI y no del concesionario responsable de desarrollar la infraestructura.
Desde Covimar han reiterado que de esas asignaciones futuras registradas a favor del Proyecto, no ha recibido un solo peso, así como tampoco se ha beneficiado de esos recursos.
“Con corte al 28 de febrero de 2025, el Concesionario ha realizado Aportes de Capital (recursos propios), superiores a lo estipulado contractualmente. Estos fondos, provenientes de los socios de la Concesionaria, han sido utilizados para avanzar en las actividades de la Fase de Preconstrucción, en la que se encuentra el proyecto, abarcando estudios y diseños, financiamientos contractuales, adquisición de terrenos, compensaciones ambientales, gestión de redes, supervisión, auditoría, programas sociales, pagos al tribunal de arbitramento, entre otros”, afirmaron representantes de la concesionaria.
El proyecto
Respecto a la situación actual de esta iniciativa vial, Covimar ha subrayado su disposición de encontrar, en conjunto con la ANI, la mejor alternativa que permita progresar en el desarrollo de la carretera Mulaló – Loboguerrero, de gran relevancia para el país en su totalidad, lo cual no ha sido factible debido a circunstancias fuera de su control.
Factores como la constante oposición de ciertas comunidades al trazado del proyecto vial estipulado por la ANI y la dilación (seis años) en la emisión de la licencia ambiental necesaria para ejecutar el proyecto, se encuentran entre los principales impedimentos para su ejecución.
Estas circunstancias, que incluyen un estancamiento del proyecto de 7 años, unidas a la falta de definición de la ANI, llevaron a Covimar a solicitar, el 12 de agosto de 2021, ante un Tribunal de Arbitramento, la terminación anticipada del Contrato, aunque ha mantenido su voluntad de reactivar la construcción de la obra.
Recordaron que el contrato de concesión entre la ANI y Covimar, data de 2015, año a partir del cual el concesionario ha empleado recursos propios, derivados de aportes de capital de los socios, que hoy superan ampliamente el monto mínimo establecido en el Contrato, para llevar a cabo la construcción de dicha vía, sin embargo, ha sido imposible continuar con la ejecución del compromiso.
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