Preocupación entre usuarios de Colombia por errores en la facturación de Nueva EPS.

Bernardo Camacho, interventor de la Nueva EPS, reveló las preocupantes anomalías en la gestión administrativa y financiera de esta entidad, que es una de las principales aseguradoras del país y está bajo la intervención del Estado.

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Según su reporte, se encontraron 12 millones de facturas atrasadas, correspondientes a servicios proporcionados por IPS desde 2023 hacia atrás, con un monto que excede los 4,3 billones de pesos, según detalló el periódico económico La República.

El equipo interventor evidenció que la acumulación de estas facturas fue resultado de diversas fallas estructurales, tales como pagos realizados basándose en promedios mensuales y no en facturación verificada, así como la eliminación de registros clave (Rips) en las bases de datos, lo que dificultó el cierre adecuado de los estados financieros.

Asimismo, indica el mencionado medio, el sistema empleado por Nueva EPS para el manejo de las facturas era manual y carecía de cualquier tipo de soporte tecnológico, lo que retardó y comprometió la integridad del procedimiento de pagos.

Nueva EPS seguirá bajo intervención estatal 

El 3 de abril pasado, la Superintendencia de Salud comunicó que la intervención a la Nueva EPS se mantendrá por un año adicional, una acción que pone de manifiesto los graves problemas financieros y operativos de la entidad.

La decisión anunciada por la entidad se da en un contexto de constantes fallas en la prestación de servicios y en el cumplimiento de normativas por parte de la EPS.

Para la Supersalud, esta EPS aún no proporciona los estados financieros requeridos para una supervisión adecuada de sus operaciones, lo que refuerza las inquietudes sobre la transparencia de la entidad.

Después de la decisión del Gobierno Nacional de ampliar la intervención hasta 2026, los accionistas de Nueva EPS han solicitado a la Superintendencia de Salud permiso para su salida voluntaria, argumentando que la entidad ya no es viable financieramente.

Esta petición se suma a las solicitudes realizadas por EPS como Sura y Compensar, que también han tratado de salir de inmediato del sistema de salud colombiano.

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¿Qué ocurre con las EPS en Colombia? 

El sistema de salud se encuentra en una de sus crisis más graves. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), responsables de administrar los recursos y asegurar la atención a los pacientes, han experimentado problemas financieros, operativos y estructurales que impactan la calidad del servicio.

A lo largo de los años, el modelo ha recibido críticas por su ineficacia, retrasos en los pagos a hospitales y clínicas (IPS) así como por el incremento de deudas. 

La administración del presidente Gustavo Petro ha sugerido una reforma del sistema de salud que tiene como objetivo eliminar la función de las EPS como intermediarias y robustecer un sistema de salud pública y preventiva, lo que ha generado fricciones entre el Gobierno, las aseguradoras privadas y ciertos sectores políticos.

Asimismo, el presidente Gustavo Petro comunicó en una reunión de ministros que, mientras se organiza una consulta popular para que la ciudadanía decida el futuro de dicho proyecto, promulgará decretos para implementar algunos artículos de la reforma mencionada.

Varias EPS, como Sanitas, Sura, Compensar y recientemente Nueva EPS, han solicitado a las autoridades su salida del sistema, alegando inviabilidad financiera y ausencia de garantías. No obstante, estas solicitudes han sido rechazadas hasta el momento por la Superintendencia de Salud, que ha decidido intervenir algunas de estas entidades para prevenir el colapso inmediato del sistema y salvaguardar a los usuarios.

En este difícil contexto, más de 50 millones de colombianos siguen dependiendo del sistema de salud, cuya estabilidad está sujeta a decisiones políticas, técnicas y financieras que requieren atención urgente.

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