Una Madre, Responsable del Hogar y en Situación de Protección Especial Debido a que no Posee Habilidades de Lectura ni Escritura, Junto a su hijo, Han sido recientemente indemnizados por un juez de restitución de tierras.
ESTO Ocurrió 23 Años Después de Haber Sido Forzados a Abandonar Su Finca La Esperanza, Localizada en la Vereda Manzanares del Municipio de Acacías, Meta.
La Narrativa de Esta Familia se Remonta a 1978, Cuando Pablo Emilio Apolinar Camelo, Padre de La Mujer, Compró un Terreno de Siete Hectáreas. Cinco Años Posteriormente, en 1983, El Entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) le otorgó oficialmente la propiedad.
En la Finca Habitaban en una Vivienda de Madera, Con Techo de Zinc y Pisos de Tierra. Tenían Cultivos de Plátano, Yuca, Café y Pasto, Adicionalmente a dos Mulas, Dos Animales de Ganado, Tres Cerdos y Varias Gallinas. Sin embargo, en 1991 El Padre Falleció y la Hija Continuó Esforzándose por Conservar Su Hogar.
Su principal fuente de Ingresos era la Comercialización de Yuca en Guayabetal (Cundinamarca), Municipio Adyacente a Acacías, donde la Transportaba en Mulas. Además, mantenían su economía gracias al trabajo en otras fincas, donde cultivaban plátano, café y yuca.
No obstante, en 2002, Guerrilleros de las Disidencias de las Farc que Actuaban en la Región Llegaron a Su Residencia y les Informaron que Debían Dejar el Terreno a Causa de los Combates Intensos con el Ejército y los Paramilitares.
ESTE FUE UNO DE LOS EPISODIOS MÁS COMPLICADOS DEL CONFLICTO ARMADO EN META Y CUNDINAMARCA, Marcado por secuestros masivos en la ruta hacia los Llanos. Sin Alternativa, La Madre y Su hijo Huyeron Hacia Villavicencio, Dejando Atrás Sus Tierras, Cultivos y Pertenencias.
Un Fallo con Enfoque Diferenciado
Con el Paso del Tiempo y Tras la Implementación de la Ley 1448 de 2011, ESTA MUJER DECIDIÓ RECUPERAR SU PROPIEDAD Y ACUDIÓ A LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS (URT), Que LLEVÓ SU CASO ANTE LA JUSTICIA.
El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en restitución de Tierras de Villavicencio, Luis Alejandro Barreto Moreno, Ordenó su indemnización, por lo que la URT deberá adquirirle un Nuevo terreno con condiciones similares al que dejó a la fuerza.
“Los Procesos Relacionados con el Conflicto Armado – Explicó en un momentoEl Juez Barreto Moreno— Presentan Particularidades Especiales, Como el Caso de Esta Mujer Rural, Quien, A Consecuencia de Las Condiciones Sociales y del Conflicto, Puede Parecer Que no Colabora con la Administración de Justicia. Por Ejemplo, en una audiencia podría tener dificultades para expresarse y responder algunas preguntas.”
Inicialmente, agregó el Juez, “Alguien Podría Concluir que esta Persona No Conoce Su Caso o Que Falta a la Verdad, Pero al analizarlo desde una Perspectiva Diferente y de Género, SE comprende que la segregación social y las Barreras de Acceso a la Educación Han Limitado Su Conocimiento Sobre Sus Derechos, Impidiéndole Ejercerlos y Defenderlos Efectivamente.
Este fue el Enfoque que se Aplicó en la decisión judicial, con el propósito de Eliminar Estos obstáculos. “No hay solo una víctima del conflicto armado que la llevó a perder su relación con la tierra, sino que También Enfrenta Otras Barreras Estructurales Que El Juez de Restitución Despejó para Asegurar El Ejercicio Pleno de Sus Derechos.“, Concluyó Barreto Moreno.
Por Su Parte, el director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto Lara expresó su satisfacción con el Veredicto: “ESTE Fallo Representa un Paso significativo Hacia la REPARACIÓN INTEGRAL DE ESTA VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO. No solo Reconoce su sufrimiento, Sino que también le Ofrece Acceso a la Oferta Institucional del Estado, Garantizando así su Bienestar.”
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