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El Gobierno Nacional volvió a levantar la controversia esta semana en el ámbito eléctrico del país, luego de que en la reunión de ministros el presidente Gustavo Petro informara de la emisión de un decreto que establece en 5 por ciento el límite máximo de energía eléctrica que los generadores pueden comercializar en la bolsa.
Según el primer mandatario, esta acción se tomará “ante la falta de disposición de las empresas generadoras de energía para aceptar la fórmula legal vigente de la energía eléctrica que impone límites razonables a las tarifas de energía hídrica y solar”.
Este asunto, que se ha estado discutiendo desde finales del año pasado, volvió a provocar descontento entre los actores de este mercado, quienes consideran inapropiado el enfoque, al poner en riesgo además la estabilidad jurídica del sector.
En la actualidad, en promedio, el 20 por ciento de la energía que requieren las empresas para atender a sus usuarios se adquiere en la bolsa de energía, que presenta precios fluctuantes.
Por ejemplo, cuando ocurre un fenómeno de El Niño, los precios pueden aumentar debido a la escasez de agua para la generación de electricidad. Por el contrario, durante la temporada de lluvias, los precios tienden a disminuir.
Por otro lado, el 80 por ciento restante está garantizado a través de contratos a largo plazo, en los que se establecen precios fijos que pueden resultar más bajos que aquellos que se observan en la bolsa.
Aunque el Gobierno Nacional afirma que el objetivo de esta medida es reducir las tarifas, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), argumenta que el energía en bolsa solo representa entre 5 y 7 por ciento del total de la tarifa que abona el usuario final.
Desde el Comité Intergremial, compuesto por Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás, Ser Colombia y la ACP, advierten que limitar a un máximo de 5 por ciento la venta de energía en bolsa infringe las señales de eficiencia, compromete la fiabilidad del suministro, interfiere con el principio constitucional de libre empresa y podría encarecer las tarifas para todos.
“Para promover un mayor nivel de contratación, es esencial saldar las deudas pendientes con las empresas comercializadoras y asegurar el pago de los montos asociados a la opción tarifaria”, enfatizaron los gremios del sector energético.
Además, consideran que esos pagos permitirán a las comercializadoras disponer de los fondos necesarios para firmar contratos a largo plazo, lo que a su vez facilitará la financiación de nuevos proyectos, principalmente renovables, lo cual se traduce en beneficios directos para los consumidores, al garantizar tarifas más eficientes y estables.
Propuesta del Gobierno de intervenir el mercado de la energía podría tener un efecto opuesto al deseado. Foto:Istock
Consecuencia adversa
Los expertos en el sector energético coinciden en que se trata de una medida insostenible, no solo porque contradice dos principios fundamentales del mercado, como son la suficiencia financiera, que asegura que las tarifas no lleven a la quiebra a las empresas, y el de costos eficientes, que impide que las generadoras trasladen sus ineficiencias a los consumidores, según explica Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía.
En la misma línea se pronunció Sergio Cabrales, ingeniero industrial, administrador de empresas y profesor de la Universidad.de los Andes, para quien esa disposición podría ocasionar efectos contrarios a los deseados, dado que los productores tendrían que contratar a largo plazo el 95 por ciento de su energía, para la cual deben fijar un precio, que es lo que persigue el mencionado decreto que está por emitirse.
Sin embargo, esa situación, “aumentaría el riesgo para los productores en ocasiones en que su producción no sea suficiente para cumplir con los acuerdos, lo que los obligaría a acudir al mercado para obtener la energía que falta. Ese mayor riesgo financiero podría resultar en un incremento de los precios de los contratos, lo que iría en contra del objetivo presidencial de disminuir las facturas de las familias”, argumenta.
Entre los participantes del mercado hay consenso en que las estrategias propuestas por el Gobierno para intentar reducir el costo para los consumidores no se encuentran en la emisión de un decreto, lo cual a largo plazo generaría una distorsión en el mercado y en el establecimiento de sus precios.
Gobierno reafirma que las tarifas de energía que se abonan en el país son ilegales. Foto:iStock
Las alternativas que sugieren especialistas
Para los especialistas es esencial hallar soluciones estructurales a esta problemática, dado que el dilema actual no radica en los precios sino en la disponibilidad de energía eléctrica.
“En este país no existe forma de que los precios en el mercado y las tarifas de energía disminuyan mientras existan limitaciones en la oferta de energía firme. Ese es el problema fundamental que no se soluciona con esas acciones”, subraya el exministro de Minas y Energía.
Asimismo, recuerda que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) convocará a una licitación de Cargo por Confiabilidad que corre el riesgo de quedar vacía en la medida en que nadie estará dispuesto a invertir en medio de una inestabilidad jurídica y con el temor que provoca el hecho de que desde la Presidencia de la República argumenten que las tarifas de energía que se abonan son ilegales.
La Creg ya ha comenzado el proceso para convocar esta licitación que tiene como objetivo obtener la energía eléctrica que se requiere en el país para satisfacer el consumo de los colombianos. Los proyectos de generación que sean seleccionados deberán garantizar energía firme entre el 1.° de diciembre de 2029 y el 30 de noviembre de 2030.
La clave para las altas tarifas de energía es contar con una mayor generación de energía, porque si la oferta es considerablemente mayor que la demanda, los precios caerán sin necesidad de intervención del Estado.
Alejandro CastañedaPresidente de Andeg
Pese a ello, Castañeda, de Andeg, advirtió que esta licitación no tendría éxito porque en diciembre pasado la Creg emitió una resolución que causa incertidumbre y desanima a las empresas a participar en este proceso.
En dicha resolución se estableció un costo máximo de compensación para el cumplimiento de las obligaciones del Cargo por Confiabilidad de 359 pesos por kilovatio hora para las plantas de energía renovable no convencional, hidroeléctricas y de carbón. Anteriormente, este precio estaba en torno a los 900 pesos por kilovatio hora.
“Es una resolución que carece de una fundamentación técnica sólida, e incluso, contraviene lo que la Creg ha construido a lo largo de los últimos 20 años en relación con el Cargo por Confiabilidad”, afirmó Castañeda, al mismo tiempo que espera que esa medida sea revertida antes de la licitación.
Además, coincide con el exministro de Minas y Energía en que la solución a las altas tarifas es contar con una mayor producción de energía, porque si la oferta está muy por encima de la demanda, los precios se reducirán sin necesidad de intervención estatal.
mayor producción de energía, ya que si la oferta supera considerablemente la demanda, los precios disminuirán sin requerir una intervención gubernamental.
Termopaipa en Boyacá Imagen:ENERGÍA
Se requieren nuevos proyectos de generación
En lo que también concuerda Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), quien considera que parte de la situación actual se debe a la tardanza que han experimentado algunos proyectos para comenzar operaciones, lo cual debe solucionarse a corto plazo.
Manifestó que esta problemática se resuelve mediante una subasta de Cargo por Confiabilidad que sea bien estructurada y adecuada en el tiempo, un mayor esfuerzo institucional para liberar proyectos en desarrollo y una menor intervención regulatoria.
“Hemos sugerido al Gobierno acciones para fortalecer el mercado y resguardar a los usuarios, tales como optimizar la focalización de los subsidios, avanzar en mecanismos de contratación eficientes y diversificar la matriz eléctrica para hacerla más competitiva. También hemos propuesto una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo que permita afrontar los retos del sector sin comprometer su estabilidad”, destacó la líder del gremio.
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