Margarita Rosa de Francisco aboga por la transmisión del Consejo de Ministros en canales privados: “No todo es solo entretenimiento”

Desde que el Consejo de Estado resolvió favorablemente la tutela presentada por una ciudadana que puso fin a las emisiones de los consejos de ministros en los canales privados de televisión, ha habido múltiples reacciones en redes sociales, sobre todo por parte de la oposición que aplaudió la determinación del alto tribunal.

No obstante, en la mañana del domingo 13 de abril, la actriz y cantante Margarita Rosa de Francisco, quien ha ganado notoriedad por su firme defensa del presidente Gustavo Petro, utilizó su cuenta en X para criticar la restricción.

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La célebre cuestionó la resolución del Consejo de Estado, afirmando que la divulgación de la información gubernamental es un acto de democracia, en oposición a lo que ha decidido el alto tribunal.

“Si los consejos de ministros se llevan a cabo cada quince días, ¿no hay un buen balance, de todos modos, en cuanto a quién proporciona la información y la forma de hacerlo? Son solo dos horas cada quince días frente a las demás horas que tienen los canales privados”, afirmó la actriz.

Asimismo, indicó que el espacio que ha habilitado el Gobierno nacional para compartir su gestión también brinda la oportunidad a otros sectores políticos y a la ciudadanía para debatir sobre las decisiones del Ejecutivo.

“Además, estos tienen la libertad de cuestionar lo que allí se dice y se presenta. Es, claramente, un ejercicio democrático. Una dictadura los cerraría directamente y no fomentaría el diálogo público. La ciudadanía y los medios necesitan conocer de primera mano lo que se discute. No siempre es adecuado entretener”, concluyó Margarita Rosa de Francisco.

Los pronunciamientos de la actriz y cantante surgen tras la decisión del Consejo de Estado, que el 11 de abril emitió un fallo prohibiendo la transmisión de los consejos de ministros en canales de televisión privados, regionales y comunitarios.

La decisión responde a una tutela interpuesta contra estas emisiones, argumentando que atentaban contra la pluralidad informativa y afectaban la programación habitual de los medios. Según informó el alto tribunal, esta medida busca asegurar el equilibrio en el acceso a la información y evitar que las emisiones oficiales interfieran con otros contenidos televisivos.

De acuerdo con lo que indicó el Consejo de Estado, las emisiones de los consejos de ministros, implementadas por el Gobierno de Gustavo Petro, han generado controversia desde su inicio.

Estas reuniones, que se transmitían desde la Casa de Nariño y podían durar hasta tres horas, no contaban con un horario fijo, lo que ocasionaba interrupciones en la programación de los canales. Además, el contenido de las reuniones, en ocasiones, incluía declaraciones controversiales de funcionarios como Francia Márquez,

Susana Muhamad y Gustavo Bolívar, lo que exacerbó las críticas hacia esta propuesta.

Por ello, el máximo órgano judicial determinó que ni el presidente actual ni la Presidencia de la República (a través del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre) podrán proseguir con estas transmisiones en los canales mencionados.

La resolución también abarca a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que recibe la orden de no permitir la propagación de estos contenidos en televisión abierta.

Ciertas áreas celebraron la propuesta del Gobierno Petro, argumentando que facilitaba a los ciudadanos el acceso a las decisiones y discusiones del Ejecutivo. No obstante, otros cuestionaron la resolución, indicando que las emisiones no solo perjudicaban la programación televisiva, sino que se usaban como plataforma para tratar temas controvertidos o emitir declaraciones que provocaban divisiones.

El caso más sobresaliente ocurrió el 4 de febrero, cuando durante una de estas transmisiones se realizaron comentarios críticos hacia personalidades como Armando Benedetti y Laura Sarabia, lo que originó un escándalo mediático. Este tipo de situaciones alimentó las críticas al formato, considerándolo más un espacio de enfrentamiento político que una herramienta de transparencia gubernamental.