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El Gobierno Nacional sigue investigando soluciones a los actuales inconvenientes de liquidez que enfrenta, no solo por el aumento del gasto, sino también porque las proyecciones de recaudación de impuestos continúan sin materializarse. La nueva opción que se implementaría es mediante una modificación al sistema de autorretención en la fuente correspondiente al impuesto sobre la renta.
Esto es lo que se incluye en el borrador de decreto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) han presentado para la retroalimentación del mercado, la cual será recibida hasta el próximo 25 de abril, según se detalla en el sitio web de dicha cartera.
Y es que el desajuste en las finanzas del Gobierno es considerable y cada vez tiene menos opciones para equilibrar sus cuentas. En lo que respecta al recaudo tributario, las cosas no empezaron bien este 2025. De acuerdo a la Dian, en el primer mes del año este fue 1,9 billones de pesos inferior a lo anticipado por el Ejecutivo. En enero, los colombianos contribuyeron con tributos por un total de 32,4 billones de pesos, y aunque esto significó un incremento del 6 por ciento frente al mismo periodo del 2024, no era lo que el Gobierno había proyectado.
Para ciertos analistas, el desajuste del Gobierno, únicamente por menores ingresos por impuestos se situaría entre 20 billones de pesos, según estima el departamento de Investigaciones Económicas (IE) del Banco de Bogotá y 34 billones estimados por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
Frente a esta situación, el Gobierno empieza a tomar precauciones ante la posibilidad de que se presente otro año sin cumplir la meta tributaria y una de esas alternativas está relacionada con el esquema de autorretención en la fuente correspondiente al impuesto sobre la renta.
“Al llevar a cabo ajustes en la tarifa de autorretenciones de las empresas, se aminorará el impacto en la liquidez que generarán estas disposiciones en el periodo 2026 sobre las empresas y se permitirá una distribución del recaudo en diferentes pagos durante el periodo 2025”, expresa el mencionado proyecto de decreto.
El proyecto incluye la modificación de las tarifas de autorretención para diversos sectores económicos. Por ejemplo, la extracción de carbón, gas natural y oro estará sujeta a una tarifa del 4,50 por ciento, mientras que otros como los cultivos y el comercio mayorista de prendas de vestir tendrán una del 1,20 por ciento.
Las industrias extractivas serán de las más afectadas si esta iniciativa del Gobierno prospera. En el caso del carbón, la tarifa pasaría del 3,2 al 5,5 por ciento, lo que representa un incremento aproximado del 72 por ciento o un ajuste de 2,3 puntos porcentuales. En el crudo, el ajuste se incrementaría del 5,6 al 7 por ciento, lo que representa un aumento de 1,4 puntos porcentuales.
Además, en el mismo borrador se menciona que no se aplicará retención en la fuente sobre los pagos o abonos por prestación de servicios cuyas cantidades individuales sean inferiores a dos unidades de valor tributario (UVT).
“En varios sectores de la economía existe una discrepancia significativa entre las autorretenciones y el impuesto a cargo. Esta diferencia, atribuida principalmente a una tarifa de autorretención que no progresa en línea con el impuesto a cargo de los contribuyentes, crea un costo de oportunidad para la administración tributaria, que no logra recaudar a tiempo los recursos correspondientes. Este fenómeno es evidente en actividades donde la relación entre autorretención e impuesto a cargo puede ser incluso inferior al 20 por ciento”, señala el documento.
La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta. Como en 2023 se implementó este sistema, la recaudación tributaria de la Dian se desplomó en 2024 al modificar las proyecciones.
Expertos argumentan que esta es una medida desfavorable e irresponsable, ya que lo que hace es adelantar recursos que ingresarán a la Nación en 2026, creando un problema para el siguiente Gobierno, considerando que en 2026 habrá un cambio en la Casa de Nariño y quien asuma deberá enfrentar esos déficits.
“Las mejores condiciones económicas generales y específicas, las adecuadas condiciones de liquidez del aparato productivo y las brechas significativas entre autorretenciones e impuesto a cargo en varios sectores económicos justifican una revisión de las tarifas de autorretención”, forman parte de los argumentos expuestos por el Ejecutivo para llevar a cabo dichos cambios.
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