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La propuesta de incrementar las tarifas de retención en la fuente del impuesto sobre la renta que actualmente abonan las empresas para hacer frente a la escasez de liquidez del Gobierno, además del reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la declaración de una emergencia económica a raíz del brote de fiebre amarilla, está provocando cada vez mayor inquietud entre los empresarios, quienes ya están preocupados por el posible efecto que podrían ocasionar las medidas comerciales anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Desde hace unos días, el Gobierno ha dado a conocer un proyecto de decreto que tiene como objetivo elevar las bases mínimas de retención en la fuente; es decir, que el anticipo del impuesto sobre la renta que tradicionalmente realizan las empresas sea superior en este 2025, lo que resultaría en un aumento del recaudo este año, pero generaría un déficit fiscal equivalente en el 2026.
Resultaría en un aumento del recaudo este año, pero generaría un déficit fiscal equivalente en el 2026
Germán Ávila y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto:Archivo particular
Aunque los ingresos fiscales registrados hasta febrero muestran un crecimiento, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), aún son muy inferiores a lo que se requiere para alcanzar la meta de recaudo de este año, fijada en 299,9 billones de pesos. Adicionalmente, la solvencia del Gobierno continúa en niveles críticos, destinando aproximadamente un tercio de los ingresos tributarios al pago de intereses y la deuda se sitúa en un 60,7 por ciento.
Para captar recursos de manera rápida, el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Germán Ávila desde hace varias semanas, propone elevar las tarifas de numerosos sectores económicos. Entre las que más experimentarían aumentos se encuentran algunas relacionadas con la extracción de carbón y la generación de energía eléctrica, que pasarían de la actual tasa de 2,20 por ciento a una de 4,50 por ciento. Otros sectores, como los cultivos de arroz o café, se quedarían en el 1,20 por ciento, mientras que peluquerías o universidades tendrían el 3,50 por ciento (ver gráfico).
A pesar de que el Gobierno estima que el recaudo de estos impuestos anticipados alcanzaría los 7,38 billones de pesos, el centro de estudios Fedesarrollo anticipa que las nuevas tarifas de retención en la fuente significarían un adelanto en el pago de 2026 a 2025 por 13,9 billones de pesos, lo cual representa el 0,8 por ciento del producto interno bruto (PIB). “Las mayores retenciones en la fuente en este 2025 se traducen en menores saldos a pagar y anticipos en el 2026; es decir, es una medida de adelanto de recaudo”, aseveró el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Eduardo Llinás.
El centro de estudios Fedesarrollo anticipa que las nuevas tarifas de retención en la fuente significarían un adelanto en el pago de 2026 a 2025 por 13,9 billones de pesos
Además, múltiples expertos han sostenido que esta estrategia repetiría los errores del pasado del propio gobierno Petro, que condujeron a que el recaudo tributario del 2024 fuera históricamente bajo y desestabilizara las finanzas de la nación. En total, se lograron 71,2 billones de pesos menos de lo que se había programado en el presupuesto inicial, y el déficit fiscal se situó en un 6,8 por ciento del PIB, un dato significativamente superior al 4,3 por ciento del 2023.
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Antes en la cronología se había experimentado una caída tan significativa en los niveles de recaudación. Este resultado evidencia los considerables desafíos fiscales, presupuestales y de liquidez que afrontó el Gobierno tras un descenso sin precedentes en el ingreso, lo que perjudicó el financiamiento del Presupuesto”, aseguró en febrero el exministro de Hacienda Diego Guevara, quien precisamente dejó el Gobierno debido a desacuerdos con el Presidente por su deseo de realizar recortes.
El exministro Diego Guevara se retiró del Gobierno hace unas semanas. Foto:Ministerio de Hacienda
Lo sucedido en el 2023 fue un ingreso tributario excepcional (16,7 por ciento del PIB) debido a un incremento en el crecimiento (+7,3 por ciento) y al aumento en las retenciones y anticipos de renta; sin embargo, en el 2024 la economía solo se expandió un 1,7 por ciento y las empresas experimentaron una reducción de utilidades, lo que resultó en impuestos más bajos. De hecho, ya que algunas habían anticipado una tarifa mayor, solicitaron devoluciones.
Esta situación condujo al Gobierno a tomar la decisión el año pasado de implementar un recorte de 28,4 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación. A esto se sumó que el propuesto para el 2025 también estaba desfinanciado en 12 billones de pesos, condicionados a la aprobación de una ley de financiamiento, comúnmente conocida como reforma tributaria, que no logró salir adelante en el Congreso. Por esta razón, a inicios de este año tuvo que realizar un aplazamiento de ese valor en 43 rubros, incluyendo algunos esenciales de infraestructura, como la primera línea del metro de Bogotá.
“Esto replicaría el error del 2023, con la agravante de que aún no se ha aprobado una nueva reforma tributaria, lo que abriría un hueco fiscal adicional equivalente al del próximo año. En términos prácticos, es como si un trabajador pidiese un adelanto de su salario de 2026 para cubrir los gastos de 2025. La única solución responsable es recortar el gasto: en el caso de un hogar, ajustando su consumo; y en el caso del Gobierno, disminuyendo el presupuesto en 28 billones de pesos, tal como hemos señalado repetidamente desde el año pasado”, explicó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
Impacto en las empresas
El sector empresarial no ve con agrado la posibilidad de que deban pagar este año impuestos más altos, ya que considera que afectaría su liquidez inmediata y podría impactar su capacidad operativa y de inversión, lo que, a su vez, terminaría repercutiendo en toda la economía.
Afectaría su liquidez inmediata y podría impactar su capacidad operativa y de inversión, lo que terminaría repercutiendo en toda la economía
De acuerdo con el Consejo Gremial Nacional, compuesto por los 32 gremios más representativos del sector empresarial, lo que propone el Gobierno equivale a pedirle al país un crédito forzado para financiar el déficit fiscal originado por su “ineficiencia” en la ejecución del gasto público.
“Esta propuesta penaliza el flujo de caja de las empresas, los trabajadores formales, los independientes y los pequeños comerciantes. La medida afecta de manera directa el consumo, el ahorro y la inversión, que son pilares fundamentales para el crecimiento y la formalización de la economía. En la práctica, se trata de una reforma tributaria encubierta que traslada la carga a aquellos que cumplen, producen y generan ingresos”, aseguraron.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Imagen:César Melgarejo
De acuerdo a Bruce Mac Master, líder de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), será “sumamente complicado” para las compañías, ya en abril, planificar y abonar más tributos, especialmente cuando actualmente continúan enfrentando las repercusiones que dejó la reforma tributaria del 2022, impulsada por el ministro de aquel entonces, José Antonio Ocampo, hasta el punto de que el sector industrial ha estado en caída durante más de 24 meses.
“Aunque la decisión se implemente mediante un decreto y se descuente de los impuestos del año próximo, esto es, para todos los efectos, un incremento en los tributos de este año. A todas luces, se trata de una modificación muy significativa en las reglas del juego que sin duda impactará la rentabilidad de las empresas existentes y de las futuras inversiones, más allá de que para Colombia representa profundizar la inseguridad jurídica que ha prevalecido con un gobierno que no es aliado de la empresa y no comprende su rol en el desarrollo económico y social”, comentó a este medio.
Se trata de una modificación muy significativa en las reglas del juego que sin duda impactará la rentabilidad de las empresas existentes y de las futuras inversiones
Igualmente, en la misma línea, el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, manifestó que el decreto no solo deja las finanzas públicas del 2026 en una situación “alarmante” para el próximo gobierno, sino que generará una presión de flujo de caja en el 2025 en la micro, pequeña y mediana empresa, que deberá endeudarse para poder abonar esos impuestos adicionales.
De acuerdo a una encuesta de Fenalco, las inquietudes que más afectan a los emprendedores en la actual coyuntura son la incertidumbre sobre las reformas que están en curso en el Congreso, el anuncio de una consulta popular y las nuevas regulaciones del Gobierno en el ámbito económico. “Todo esto produce ansiedad en el sector privado y los anuncios recientes dificultan aún más la inversión privada”, afirmó Jaime Alberto Cabal, su presidente.
¿Estado de emergencia económica?
A esta situación de incertidumbre se suma el anuncio realizado esta semana por el Presidente de declarar una emergencia económica debido al brote de fiebre amarilla que se presenta durante la Semana Santa, lo cual le otorgaría la facultad para establecer nuevos impuestos o modificar los ya existentes en medio de la incertidumbre fiscal que atraviesa el país.
El presidente Gustavo Petro comentó que decretará una emergencia económica. Imagen:Vanexa Romero / EL TIEMPO
No es la primera vez que el mandatario declara una emergencia económica. La primera fue en julio de 2023 debido a la “crisis” humanitaria, social y ecológica del departamento de La Guajira, que posteriormente fue anulada por la Corte Constitucional.
Adicionalmente, en enero de este año, él mismo mencionó que la decretaría por el aumento de la violencia registrada en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander. Sin embargo, se declaró finalmente el estado de conmoción interior, a través del cual se implementaron tres nuevos impuestos en este período fiscal: el IVA del 19 por ciento para los juegos de suerte y azar gestionados por internet, el impuesto del 1 por ciento que grava la primera venta y la exportación de los hidrocarburos y el carbón, y la tarifa del impuesto al timbre.
Además, han sido múltiples las ocasiones en las que el presidente ha considerado esta alternativa. Lo hizo, por ejemplo, cuando el Congreso se retrasó en ampliar el cupo de endeudamiento o cuandohabló sobre reducir los riesgos de la crisis climática. Asimismo, cuando era candidato a la presidencia, afirmó que una de las primeras acciones que realizaría al asumir el cargo sería declarar una emergencia para abordar “la tragedia social del hambre” que enfrenta el país.
El Presidente podría proclamar el Estado de Emergencia por periodos que no superen los 30 días, y la suma total no podría exceder los 90 en el año calendario, en caso de que ocurran situaciones que alteren o amenacen de manera grave e inminente el orden económico y social del país. Por ejemplo, este fue el mecanismo que se utilizó durante la crisis provocada por la pandemia del covid-19 en 2020.
Con tal proclamación, podría emitir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a enfrentar la crisis e incluso sería capaz de establecer nuevos impuestos. El inconveniente es que debe demostrar que realmente se trata de un hecho grave, algo que para algunos especialistas no lo es. “Nunca había presenciado una justificación para una emergencia sanitaria y económica con un tono tan ficticio y carente de rigor técnico en su análisis de causales y consecuencias”, expresó José Manuel Restrepo, quien indicó que ya en noviembre de 2024 se había declarado esta problemática.
Una opinión similar comparte el también exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo: “¿Cómo va a justificar el Gobierno ante la Corte Constitucional que nos encontramos frente a un evento inesperado e imprevisto, como la Constitución exige?”
Y si llegara a suceder, los empresarios también podrían ser unos de los grandes perjudicados. El líder del gremio de comerciantes, Fenalco, afirmó que los estados de excepción no deben volverse comunes y que este tipo de anuncios incrementan la incertidumbre. “La emergencia no es útil para alimentar con nuevos impuestos un presupuesto en números negativos, como resultado de la ineficiencia, el despilfarro, la corrupción y los altos costos burocráticos”, expresó Cabal.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:Ministerio de Hacienda
Efecto de los aranceles
Estas dos nuevas circunstancias se añaden a la incertidumbre que existe entre los empresarios debido a las medidas comerciales anunciadas por el Estado. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró esta semana que no se anticipa una recesión global, el organismo internacional afirmó que los aranceles impuestos a diversos países por Trump sí traerían un crecimiento negativo.
De acuerdo con un informe del equipo de Investigaciones de Corficolombiana, más allá del impacto directo de las tarifas arancelarias, los efectos más relevantes de estas medidas provendrán del menor crecimiento de nuestros principales socios comerciales y de la mayor depreciación del peso colombiano a causa del aumento en la percepción de riesgo global.
“El impacto del menor dinamismo económico mundial empezará a reflejarse en el desempeño de la economía colombiana, dado su nivel de apertura y dependencia con los mercados internacionales. Los sectores que se verían más impactados en un escenario de creciente incertidumbre global serían minería y canteras, industria, comercio y agropecuario, que en su conjunto representan el 40 por ciento de la economía”, se puede leer en el informe dirigido por César Pabón.
Donald Trump impuso aranceles a países. Foto:iStock / EFE
Empresarios, cada vez más negativos
Las recientes encuestas entre los empresarios evidencian su creciente inquietud. Por un lado, en la última Bitácora Económica elaborada por Fenalco en marzo, el 62 por ciento de los comerciantes declaró que la situación de sus negocios se mantendrá igual o se deteriorará.
Por otro lado, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta–Eoic de la Andi realizada en enero, se evidenciaba cómo el rendimiento de los empresarios ha estado influenciado por un clima de incertidumbre desde la mitad de 2022.
Los principales desafíos que enfrentan incluyen: la escasez de demanda, los costos y el abastecimiento de materias primas, la volatilidad del tipo de cambio, la incertidumbre respecto a las reformas en trámite en el Congreso y la situación política del país.
“Las tensiones geopolíticas, el aumento de la inseguridad, las dudas sobre la seguridad energética, las reformas y una complicada situación de las finanzas públicas crean un clima de incertidumbre que dificulta el crecimiento del sector empresarial y la atracción de inversiones”, afirmaba la investigación.
Estas son algunas tarifas que se incluyen en el borrador del decreto para 2025:
- Cultivo de café 1,20 %
- Cultivo de arroz 1,20 %
- Fabricación de componentes y autopartes para vehículos 1,20 %
- Comercio mayorista de productos alimenticios 1,20 %
- Construcción de edificios residenciales 3,50 %
- Transporte de pasajeros 3,50 %
- Alojamiento en centros turísticos 3,50 %
- Educación en instituciones universitarias o escuelas técnicas 3,50 %
- Actividades de hospitales y clínicas con internación 3,50 %
- Actividades de juegos de azar y apuestas 3,50 %
- Extracción de gas natural 4,50 %
- Extracción de hulla 4,50 %
- Generación de energía eléctrica 4,50 %
- Extracción de oro 4,50 %
https://www.youtube.com/watch?v=PjnC2ZqcN78[/embed>
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