Descubre quiénes pueden acogerse a la ley de insolvencia en Colombia y cuáles son sus requisitos imprescindibles.

Uno de los mayores inconvenientes que afrontan numerosos ciudadanos en Colombia es el sobreendeudamiento. Varias situaciones personales o financieras obstaculizan que los individuos cumplan de manera oportuna con sus deberes monetarios, lo que provoca demoras ante entidades bancarias, prestamistas, proveedores de servicios y otros acreedores.

No obstante, hay una opción legal que muchos ignoran: la ley de insolvencia para individuos no comerciantes. Este concepto jurídico permite reestructurar deudas de forma formal, evitando embargos y otras repercusiones legales. La normativa fue actualizada recientemente para ofrecer una herramienta eficaz a quienes enfrentan crisis económicas.

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Como comentó Eduir Estupiñán, profesor del programa de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina), la Ley de insolvencia “ofrece una segunda oportunidad a aquellos que, por diversas causas, no han logrado regularizar sus pasivos. Es una herramienta que asiste en la resolución de deudas sin recurrir a prácticas informales o ilegales que puedan empeorar la situación”.

Dicha ley tiene su sustento jurídico en el Código General del Proceso, conocido también como Ley 1564 de 2012, el cual fue reforzado mediante la Ley 2445 de 2025. Con esta modificación, incluso los pequeños comerciantes con obligaciones por debajo de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden acogerse al procedimiento, ampliando así su alcance. En este caso se excluye la vivienda familiar o el vehículo de trabajo.

¿Quiénes pueden beneficiarse de este procedimiento?

Para ser beneficiario, el peticionario debe satisfacer ciertas condiciones: tener deudas con al menos dos acreedores diferentes, estar en incumplimiento de pagos por más de 90 días y tener al menos dos procesos judiciales de cobro activos. Adicionalmente, no debe haber utilizado esta ley en los últimos seis años.

También es relevante considerar que las obligaciones morosas que poseen los deudores deben representar el 30 % del pasivo total del individuo.

El proceso puede llevarse a cabo en centros de conciliación habilitados o en notarías, según el monto de las obligaciones. La etapa inicial consiste en la entrega de una solicitud completa, que debe incluir una propuesta de pago acorde y la documentación que respalde la situación financiera del deudor. Esto implica presentar información sobre ingresos, gastos, activos, pasivos, procesos judiciales activos y la lista de acreedores.

Una vez que la solicitud es aceptada por la entidad competente, se implementan medidas de protección a favor del peticionario. Estas medidas incluyen la suspensión de embargos, la paralización de procesos judiciales relacionados con las deudas, la congelación de intereses moratorios y la interrupción de informes negativos ante las centrales de riesgo. Estas acciones permiten al deudor reestructurar sus finanzas sin la presión de cobros inmediatos.

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A continuación, se convocan a los acreedores a una audiencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo voluntario que se ajuste a la capacidad de pago del deudor. Si no se alcanza un acuerdo, la ley contempla la posibilidad de iniciar un proceso de liquidación de bienes, a través del cual se venden de manera ordenada los activos del deudor para saldar sus deudas.

Para Estupiñán, esta ley significa mucho más que una herramienta legal. “No se trata solo de un recurso jurídico, sino de una verdadera tabla de salvación para muchas familias. Las personas, en muchas ocasiones, se encuentran angustiadas por llamadas o notificaciones constantes, sin ser conscientes de que existe una solución legal y humana para superar su situación financiera”, concluyó.

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