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“Considerando que presupuestalmente los fondos de las vigencias futuras transferidos a las fiducias ya han sido ejecutados, no es jurídicamente factible asignarlos a otros sectores o finalidades, como ha sugerido el Gobierno”.
Esta es la contestación que la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ha proporcionado respecto a lo manifestado por el presidente Gustavo Petro, quien en su intervención del lunes por la noche, dejó abierta la posibilidad de que los fondos de las concesiones 4G que no están progresando se empleen para abordar la emergencia por fiebre amarilla.
En un amplio pronunciamiento de ocho puntos, la CCI no solo clarificó las razones por las cuales dicha propuesta no es factible en las circunstancias presentes, sino que también explicó cuáles serían los mecanismos legales que permitirían que esa alternativa planteada por el Ejecutivo se materialice.
“Únicamente tres proyectos no han podido comenzar o finalizar por motivos ajenos a los concesionarios, relacionados con licencias ambientales que no fueron concedidas a tiempo por el gobierno nacional, lo cual ha sido reconocido por tribunales de arbitraje”, advierte el gremio.
Asimismo, se menciona que entre esas iniciativas se encuentra la Perimetral Oriental de Bogotá y Bucaramanga–Pamplona, así como el proyecto Mulaló–Loboguerrero, en el que el Gobierno Nacional “puede llegar a un acuerdo con el concesionario para asegurar los recursos que reconozcan los valores actuales de construcción del proyecto o acordar su liquidación”, señala.
El presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, en el congreso anual del gremio. Foto:Alexa Rochi/Presidencia
Mulaló–Loboguerrero
El gremio hizo énfasis en la situación del proyecto vial Milaló-Loboguerrero, a cargo del concesionario Covimar, y señaló que “no es cierto que el concesionario deba al Estado un billón ochocientos mil millones de pesos”.
En este sentido, aclaró que la totalidad de las vigencias futuras que la Nación ha transferido al patrimonio autónomo para llevar a cabo dicho proyecto, es de 1,8 billones de pesos, recursos que han generado intereses por 400.000 millones, para un total de 2,2 billones de pesos, monto que está bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y no del concesionario.
Al no encontrarse ejecutados estos recursos hasta la fecha, el concesionario no tiene ninguna obligación con el Estado, enfatiza la CCI, para la cual es evidente que también el concesionario “no ha realizado, ni puede, utilizar esos recursos”, dado que esa decisión de uso depende únicamente del gobierno nacional, que debe decidir entre realizar la obra a precios actuales o liquidar el contrato.
Vigencias futuras, fundamentales
En su comunicación, la Cámara también defiende la figura de las vigencias futuras como mecanismo para el desarrollo de esos grandes proyectos de infraestructura que el país necesita, al punto que el mismo Gobierno del presidente Gustavo Petro ” lo acaba de aplicar en su primer proyecto férreo (Dorada–Chiriguaná) y tendrá que utilizarlo, nuevamente, para cumplir con los compromisosadquiridos con los habitantes del sur del territorio, con el propósito de edificar la vía estratégica Pasto-Popayán”.
Unidad Funcional 2 Foto:Covipacífico
Desde la CCI enfatizaron que “los fondos públicos otorgados a las fiducias tienen la finalidad de costear las construcciones que han sido realizadas por los concesionarios y entregadas satisfactoriamente al Estado. Es decir, los recursos de vigencias futuras están cubriendo la financiación de las obras previamente aseguradas con aportes de capital privado”, mientras subrayaron que “todos los proyectos de concesión, de 4ª y 5ª generación, están cumpliendo plenamente con las actividades y obligaciones que les corresponden y, por lo tanto, ninguno se encuentra en incumplimiento”.
Un reciente estudio del centro de análisis económicos Anif indica que el modelo de vigencias futuras ha facilitado comprometer fondos del Estado para iniciativas a largo plazo, lo que a su vez impulsa la inversión privada. Sin embargo, su eficacia se ha visto comprometida por decisiones como la congelación en la cobranza de las tarifas de peajes en 2023 y ahora con la incertidumbre en la implementación del Presupuesto que ha detenido el avance de grandes proyectos.
El mismo estudio alerta que las vigencias futuras para el Invías y la ANI representan más del 50 por ciento de su presupuesto total, y señala que esta vulnerabilidad del sistema comienza a evidenciarse en la acumulación de vigencias caducadas. “En el caso del Invías, el total supera 1 billón de pesos, afectando a 57 proyectos de interés nacional”.
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