Alarma entre millones de trabajadores en Colombia: empresas lanzan SOS urgente

Recientemente se hizo público el cuestionario de 12 interrogantes que el Gobierno de Gustavo Petro tiene la intención de someter a consulta popular, una medida que busca retomar varios aspectos de la reforma laboral que fue rechazada en marzo pasado por la Comisión Séptima del Senado. Esta táctica actúa como el ‘plan B’ del Ejecutivo tras el fracaso legislativo, aunque ha recibido fuertes críticas de los sectores empresariales debido a los efectos económicos y en materia de empleo que podría acarrear en el país, según reportó El Tiempo.

(Vea también: Respuesta contundente de Mario Hernández a las 12 interrogantes de Petro: “Quieren trabajar menos”)

Entre los asuntos incluidos en el cuestionario, resalta la sugerencia de cambiar el horario de la jornada diurna, de forma que concluya a las 6:00 p. m. (actualmente es hasta las 9:00 p. m.), así como aumentar el recargo para el trabajo en domingo o festivo del 75 % al 100 %. Otras interrogantes abordan la formalización laboral, permisos médicos, incentivos a pequeñas empresas y un bono pensional para la población rural. En resumen, el cuestionario reproduce puntos centrales de la reforma que ya había sido desaprobada por el Congreso, de acuerdo con el medio mencionado.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió en la publicación que varias interrogantes son tan concretas que podrían considerarse una reproducción directa de la reforma fallida, lo cual no estaría permitido por el mecanismo de consulta popular. Además, comentó que las preguntas se presentan como si no tuvieran efectos secundarios o costos para empleados, empresas, el Estado o para la informalidad laboral.

Por otro lado, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indicó en la mencionada publicación que ninguna de las preguntas busca abordar el desempleo —que hoy afecta a cerca de tres millones de personas— y enfatizó que la consulta no puede sustituir la función legislativa del Congreso ni reemplazar la deliberación propia de ese ámbito, según el impreso.

Los empresarios están particularmente preocupados por las cargas económicas adicionales que las medidas propuestas podrían imponer sobre el sector productivo. El presidente de la Andi planteó que el Gobierno parece ignorar las consecuencias que la consulta podría tener en la generación de empleo y en el fomento de la informalidad. Desde Acopi, se advirtió que transferir a los aprendices del Sena de un contrato de aprendizaje a uno laboral ordinario aumentaría los costos empresariales en un 126 %, según el medio de comunicación.

Esto implicaría que el costo mensual por cada aprendiz se elevaría de aproximadamente 1,1 a 2,4 millones de pesos, impactando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Un sondeo realizado por el Observatorio MiPyme de Acopi en 2023 reveló que, si se cambiara el rango de la jornada diurna, el 36,5 % de los empresarios anticipa un aumento de costos entre el 1 % y el 20 %, mientras que un 33,5 % estima que el incremento sería entre el 20 % y el 40 %.

Cuántos empleos y empresas estarían en riesgo en Colombia

Los resultados proyectan que estas cargas adicionales podrían causar una reducción de empleos (34,3 %), dificultades para nuevas contrataciones (29,8 %) e incluso el cierrede compañías (5,2 %). Un 58,4 % de los participantes en la encuesta manifestaron que reducirían su plantilla entre uno y cinco empleados, de materializarse los cambios, según lo reportado por el mencionado portal.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, enfatizó que el cuestionario sugerido carece del análisis técnico indispensable y advierte sobre el costo fiscal que podría traer la consulta para la nación, superando los 700.000 millones de pesos, en un contexto de importantes necesidades financieras del Estado.

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Entre 1,8 y 2 millones de trabajadores podrían ser directamente impactados en el corto plazo, únicamente en el sector Mipyme formal, como resultado de los aumentos de costos originados por la reforma laboral planteada, conforme a proyecciones de asociaciones y encuestas recientes. Considerando el efecto desincentivador sobre nuevas contrataciones, el impacto podría ser incluso mayor. El riesgo de un incremento en la informalidad (que ya asciende a casi el 60 %) aumentaría especialmente en pequeñas empresas y regiones.

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