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Las 12 interrogantes que el Gobierno Nacional planteará a los colombianos a través de la consulta popular, que revive el proyecto de modificación laboral que fracasó por segunda vez en el Congreso, prometen optimizar las condiciones laborales de los trabajadores; no obstante, de acuerdo con diversos analistas y asociaciones económicas, persisten los mismos inconvenientes ya que no intentan generar empleo ni disminuir la informalidad. Por el contrario, alertan que se incrementarían los costos laborales, afectando principalmente a los pequeños negocios.
En esencia, las preguntas de la consulta popular encabezada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Trabajo, Antonio Sanguino, solicitan modificar aspectos similares al mercado laboral que la reforma rechazada, lo que no ha sido bien recibido por los emprendedores.
La reforma laboral fue rechazada en el Congreso. Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo
“Buscan revivir el contenido del proyecto que fue abatido en la Comisión Séptima del Congreso y ninguna de las propuestas se enfoca en resolver el grave problema de desempleo en la nación, que actualmente afecta a casi 3 millones de personas sin trabajo”, expresó el presidente de la asociación de comerciantes, Jaime Alberto Cabal.
Y es que, según los empresarios, la reforma debería orientarse hacia la generación de empleo y la disminución de la informalidad, un problema que hoy en día afecta al 57 por ciento del mercado laboral, es decir, no sólo mejorar las condiciones de quienes ya cuenta con un empleo formal, sino desarrollar las estrategias necesarias para crear más oportunidades.
Entre las interrogantes de la consulta que se presentará formalmente el 1 de mayo, hay dos que abordan recargos nocturnos y dominicales que previamente habían causado controversia debido al aumento de los costos salariales. Por un lado, si los individuos están de acuerdo en que el horario diurno sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., y, por otro, con que se pague un recargo del 100 por ciento por laborar en el día de descanso dominical o festivo.
Es relevante señalar que, aunque durante el debate en el Congreso se había alcanzado un acuerdo entre el Gobierno y los legisladores para que la jornada se extendiera hasta las 7 de la noche, finalmente la pregunta de la consulta popular decidió incluir la propuesta inicial de las 6 de la tarde.
Si estos cambios se llevan a cabo, la jornada nocturna se modificaría de las 9 a las 6 p.m., haciendo que trabajar después de esa hora implique un recargo del 25 por ciento, y el del día de descanso obligatorio o festivo aumentaría del actual 75 por ciento al 100 por ciento.
Analistas consideran que esta situación elevaría los costos laborales para las empresas y resultaría mucho más complejo en sectores como el de seguridad privada, comercio, turismo, la industria manufacturera y el ámbito agropecuario, tanto en producción primaria como en transformación, que operan las 24 horas del día todos los días de la semana.
“La gran objeción que muchos expresamos respecto a la reforma que se discutía en el Congreso es que dicho proyecto ignoraba por completo a los 3 millones de desempleados y los 14 millones de trabajadores informales, que no son más que “trabajadores sin derechos”. Para sorpresa de todos, la consulta vuelve a desatender a esos mismos colombianos”, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruc Mac Master.
Bruce Mac Master, líder de la Andi. Imagen:César Melgarejo
De acuerdo al director del think tank Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el incremento mensual de la plantilla de un microestablecimiento comercial sería del 10 por ciento, lo que produciría un efecto considerable, dado que estas pequeñas empresas poseen márgenes reducidos de entre 2 y 3 por ciento.
“Representaría un golpe muy adverso que causaría desincentivos a la creación del empleo formal. Las inquietudes se centran en incrementar el costo del empleo y, por consiguiente, el resultado inmediato será un aumento de la informalidad de 2 puntos porcentuales y una pérdida aproximada de 451.000 puestos de trabajo”, pronosticó.
Por su parte, Rodolfo Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), señala que observa con “gran” preocupación la forma en que se están instrumentalizando legítimos anhelos sociales en pro de objetivos políticos momentáneos, sin un análisis técnico exhaustivo, sin un debate plural, y sin evaluar el impacto real sobre el tejido empresarial del país.
“El cuestionario propuesto combina temas laborales delicados con reivindicaciones históricas, envueltos en una narrativa atractiva, pero careciendo de propuestas estructurales, de rutas viables, y de sostenibilidad fiscal o económica. Como gremio que representa al 99,5 por ciento de las unidades productivas, reiteramos que el país requiere reformas, sí, pero elaboradas con todos los actores, no impuestas desde la pasión política o la urgencia electoral”, afirmó.
En la consulta también se preguntará a los colombianos si están de acuerdo en que los jóvenes aprendices del Sena y de entidades similares cuenten con un contrato laboral. Este aspecto fue uno de los más discutidos en el Congreso. Mientras que para el Gobierno lo justo es que estas personas tengan un contrato conforme a la ley, algunos expertos opinan que esta medida podría ser perjudicial.
Según los empresarios, transformar el contrato de aprendizaje en uno a término fijo podría incrementar “considerablemente” los costos de este tipo de contratación y desincentivar la incorporación de personal sin experiencia, así como el acceso de los jóvenes al primer empleo. Cálculos previos del Consejo Gremial estimaban que para las empresas obligadas a contratar aprendices del Sena, esta modificación implicaría un incremento del costo mensual de un aprendiz de 870.000 pesos actuales a 1’774.800 pesos, incluyendo las prestaciones de ley y sin considerar los beneficios extralegales que cada empresa podría ofrecer.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo Imagen:Mintrabajo
Además, también se incluyó la pregunta de si las personas podrían contar con los permisos necesarios para someterse a tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes. Este tema recoge la propuesta que ya fue debatida en el Congreso en medio de un amplio debate para que las mujeres puedan acudir a citas médicas programadas o de urgencia cuando presenten ciclos menstruales incapacitantes.
Para María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), las preguntas dispuestas en la consulta representan graves riesgos para la viabilidad institucional, democrática y fiscal del país. “Las propuestas implican la inviabilidad de las empresas, al establecer mayores costos y poner en peligro la pérdida de empleo de muchos colombianos”, manifestó al mismo tiempo que indicó que el alto costo proyectado de esta consulta no es coherente con la actual situación fiscal.
Según el exministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, las preguntas no solo abarcan la mayoría de las preocupaciones relacionadas con la reforma laboral, sino que son tan complejas que la Corte Constitucional deberá revisarlas y podría generarse un impacto en el mercado laboral. “Me inquietan algunas que podrían tener un impacto fiscal como la de crear un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas. Además, es contradictorio que mientras unas proponen recargos para las empresas, otras buscan otorgarles tasas preferenciales”, asegura.
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