alerta por crisis financiera en las principales instituciones del país

La Contraloría advierte que si no se toman medidas urgentes, la sostenibilidad de universidades las principales universidades públicas del país podría estar en riesgo.

Publicado por: Laura Juliana Flórez

La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la situación económica de cuatro de las universidades públicas más importantes de Colombia. Lea también: Latinoamérica está entre dos gigantes: ¿apostar por Estados Unidos o por China?

Según un informe reciente, la Universidad Nacional, la Universidad Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander (UIS) enfrentan problemas fiscales, pensionales y presupuestales que, de no ser atendidos de inmediato, podrían afectar su funcionamiento y el acceso a la educación superior en el país.

Una deuda que no deja de crecer: $8,3 billones en pasivos pensionales

Uno de los puntos más críticos señalados por la Contraloría es el alto pasivo pensional que arrastran tres de estas universidades.

La deuda conjunta asciende a $8,3 billones, siendo la Universidad Nacional la más comprometida, con un pasivo de $4,5 billones. Esta cifra refleja obligaciones pendientes con pensionados, derivados de cálculos acturiales que, en algunos casos, no han sido actualizados en años. Lea también: China impone fuertes aranceles a productos industriales de EE.UU., Europa, Japón y Taiwán

El organismo de control advierte que usar datos desactualizados para estas proyecciones puede llevar a errores graves en la planeación financiera. Por ello, hizo un llamado para revisar y actualizar con urgencia estas cifras y para que el Gobierno central cumpla a tiempo con los aportes que le corresponden en este frente.

Presupuestos que no alcanzan y salarios que siguen subiendo

Otro factor que está poniendo presión sobre las finanzas universitarios es el sistema salarial de los docentes. El Decreto 1279 de 2002 permite que los profesores acumulen puntos por productividad académica, lo que incrementa sus ingresos año tras año. Sin embargo, los recursos que reciben las universidades no crecen al mismo ritmo.

Un ejemplo es el caso de la Universidad de Antioquia: en 2017 pagaba $10.364 millones por este concepto, y para 2024 la cifra subió a $18.239 millones, un aumento del 76%.

La Contraloría señaló que la Nación nunca ha destinado fondos específicos para cubrir estos aumentos, lo que genera un desequilibrio difícil de manejar. Lea también: Movistar bajo la lupa por presuntas trabas a usuarios que quieren cambiar de operador

Además, el reciente decreto de formalización laboral para las universidades públicas (Decreto 391 de 2025) podría agravar la situación. El Estado tendría que añadir cerca de $2,9 billones al presupuesto universitario para cumplir con esta norma, según cálculos del Sistema Universitario Estatal.

La falta de personal formalizado ha sido una deuda histórica con las universidades, pero su solución no puede hacerse sin respaldo financiera. De lo contrario, se corre el riesgo de colapsar aún más las finanzas institucionales.

Gratuidad en la matrícula: buena intención, ejecución imperfecta

El programa de gratuidad en la matrícula también ha generado complicaciones administrativas y financieras. Aunque su propósito es positivo, la forma en que se están entregando los recursos no es ideal: solo el 80% del dinero se gira inicio del semestre (y muchas veces con retrasos), y el resto se transfiere luego de un proceso de validación.

En 2024, estos giros se vieron afectados por los tiempos del Ministerio de Educación, lo que provocó retrasos en la llegada del dinero. La Contraloría insiste en que los recursos deberían llegar antes de que se comience el semestre, para no afectar el funcionamiento de las instituciones. Lea también: Vender recuerdos: el negocio millonario de la nostalgia

Más allá de los gastos operativos, también preocupa el rezago en infraestructura. Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene planes de inversión por $1,4 billones para mejorar sus instalaciones físicas y tecnológicas, pero la falta de recursos ha frenado estas iniciativas.

Este rezago limita la calidad educativa y el crecimiento de estas instituciones, especialmente en un contexto en el que cada vez se demanda más coberturas y mejor formación.

Una reforma pendiente y recursos urgentes

La Contraloría concluye que es indispensable revisar el modelo de financiación de las universidades públicas, especialmente la establecida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Aunque esta reforma está en trámite en el Congreso, el organismo advierte que mientras se concreta, es urgente que el Gobierno nacional asegure una transferencia oportuna y suficiente de recursos. Lea también: Crisis del arroz en Japón provoca caída de un ministro clave

“Hay que reconocer la diversidad y complejidad de cada institución. Solo con recursos crecientes y adecuadas se podrá cerrar la brecha de desfinanciamiento que arrastran desde hace años”, señaló la Contraloría en su informe.

*Con información El Colombiano