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Desde Fedeseguridad, gremio del sector de la vigilancia y la seguridad privada, hicieron un llamado para que la reforma laboral que se debate en estos momentos en el Senado reconozca la “difícil” situación económica del país y el proyecto se apruebe de manera progresiva para no poner en peligro la viabilidad de las empresas.
La reforma laboral se discute en Comisión Cuarta. Foto:Comisión Cuarta
“Las normas que se buscan aprobar impactarán al sector de la vigilancia y la seguridad privada, intensivo en contratación laboral, que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. La reducción de la jornada laboral semanal a 42 horas, ya en curso en Colombia, sumada a los aumentos en recargos nocturnos y dominicales propuestos en la reforma laboral, implicaría un incremento del 18 por ciento en la tarifa mínima regulada actualmente aplicable al servicio de vigilancia”, manifestó su presidente Nicolás Botero.
Por ello, desde el gremio proponen que la jornada nocturna comience a las 8 de la noche el primero de enero del 2026 y se reduzca a las 7 p.m. en enero del 2025.
Adicional a ello, dicen que el recargo al 100 por ciento debe ser solo en el dominical o descanso, dado la alta cantidad de festivos en Colombia. Además, que el aumento del recargo debería ser de 80, 90 y 100 por ciento y empezar también en los eneros del 2026, el 2027 y el 2028, respectivamente.
“Creemos que establecer los cambios en enero de los próximos tres años permitiría organizar y planear la programación interna dentro de las compañías de vigilancia, así como preparar a los usuarios de los servicios para los cambios que se realizarán, además de permitir intercalar los recargos de la reducción de la jornada semanal que ya se están haciendo”, dijo Botero.
Se viene una reforma salarial para las tarifas de vigilancia privada. Foto:iStock
Según el gremio, el decreto de la tarifa mínima regulada para los servicios de vigilancia debe cubrir, como mínimo, el salario mínimo, las horas extras, los recargos nocturnos, las prestaciones sociales, los costos operativos y todas las obligaciones laborales establecidas por la ley.
Por esto, Botero señala que la misma reforma debe ajustar la tarifa para que trabajadores no vean en riesgo sus ingresos y para que las empresas puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones y garantizar el empleo formal.
“Proponemos que se modifique el Decreto 1561 de 2022 y las normas relacionadas para que desde la entrada en vigencia de la reforma laboral se actualice automáticamente la tarifa mínima regulada y se asegure que cubra los nuevos aumentos que traerá, tal como lo exige el estatuto de vigilancia y seguridad privada”, señaló Botero.
Igualmente, dijo que es necesario que en la ley quede que los trabajadores del sector de la vigilancia y la seguridad privada podrán laborar hasta 60 horas a la semana: 44 horas ordinarias y 16 extras en 2025, y 42 horas ordinarias con hasta 18 horas extras a partir de 2026. Esto sin superar el límite semanal de 60 horas permitido por la ley del vigilante hoy en día.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, durante su intervención en la plenaria. Foto:Néstor Gómez / El Tiempo
“Las dos peticiones anteriores son fundamentales para evitar una crisis en el sector. De no aclararse, los cambios en la jornada y los recargos pueden hacer inviables muchos contratos, reducir la demanda de servicios legales de vigilancia y terminar en despidos masivos, afectando a miles de familias, además de la seguridad ciudadana”, alertó.
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