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El Consejo Gremial Nacional expresó “su profundo rechazo y preocupación” frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de avanzar con una consulta popular por decreto, pese a la negativa del Senado de la República.
Además, aseguró que este anuncio vulnera y socava la Constitución y la institucionalidad del país, representando una grave vulneración al orden legal y a la independencia de poderes establecida en la Constitución Política.
De acuerdo con el Consejo Gremial Nacional, el Ejecutivo no tiene facultades para convocar unilateralmente a una consulta popular que ha sido negada por el Congreso de la República.
Consejo Gremial Nacional. Foto:Consejo Gremial
De hecho, así lo reconoció la Sección Quinta del Consejo de Estado, al admitir en una demanda contra la decisión del Senado, que “dicho acto se convirtió en definitivo al haber culminado con ello el trámite iniciado el 1.° de mayo de 2025 por el presidente y sus ministros, conforme a lo previsto en el artículo 104 de la Constitución y desarrollado en los artículos 50 y siguientes de la Ley 134 de 1994”.
El Consejo Gremial Nacional también resalta que el artículo 188 de la Constitución establece que el presidente de la República debe simbolizar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.
“Utilizar su investidura para presionar al Congreso o deslegitimar a sectores sociales y económicos que disienten de sus propuestas, atenta contra la convivencia democrática y el respeto por la pluralidad de opiniones”, manifestó.
Presidente Gustavo Petro anunció que convocará por decreto la consulta popular. Foto:Presidencia / Archivo Particular
Por eso, el Consejo Gremial Nacional reiteró que las reformas estructurales deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo. Saltarse este proceso vulnera el equilibrio de poderes y genera inestabilidad jurídica y económica, afectando la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en las instituciones del país.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional a “respetar el marco constitucional, la institucionalidad y los canales democráticos establecidos, y a propiciar un diálogo genuino, sin descalificaciones ni imposiciones, que permita construir consensos en beneficio del país”.
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