Economia
ministro de Minas y Energía
Desde hace cerca de cuatro meses, Edwin Palma Egea se encuentra a la cabeza del Ministerio de Minas y Energía. Abogado de profesión, es reconocido como un líder del movimiento sindical, papel en el que se destacó como empleado de Ecopetrol, llegando a ser presidente de la Unión Sindical Obrera entre 2018 y 2021.
LEA TAMBIÉN
Nombrado viceministro de Relaciones Laborales e Inspección en el Ministerio de Trabajo en 2022, estuvo durante un par de años en esa cartera. También es integrante desde hace 15 meses de la junta directiva de Ecopetrol y su nombre es mencionado de manera insistente para asumir la dirección de la empresa, en caso de que Ricardo Roa renuncie al cargo.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO
A finales de octubre del año pasado, Palma fue designado agente interventor de Air-e, responsabilidad que tuvo durante cuatro meses. El funcionario habló con EL TIEMPO sobre el presente y futuro de la empresa que presta el servicio de electricidad en tres departamentos de la costa Atlántica y enfrenta una serie de desafíos.
LEA TAMBIÉN
¿Cómo describiría la situación actual de Air-e?
La definiría como delicada, algo que a finales del año pasado nos llevó a la intervención de la compañía. Es importante que la gente sepa que la intervención no es un juego, sino que es una decisión de Gobierno que se basa en unas causales señalas en la ley. Además, en este caso la misma empresa pidió que se interviniera por la situación que venía atravesando, por el precio de la energía y sus propias dificultades.
¿Qué le gustaría saber hoy de las circunstancias de ese momento?
Creo que valdría la pena hacer una investigación exhaustiva de lo que sucedió antes del 12 de septiembre de 2024, cuando salió la resolución de intervención. Valdría la pena que el país, y sobre todo la costa Caribe, supiera qué pasó en los tres años que Air-e estuvo en manos de privados, con grandes auxilios de recursos públicos. Entender por qué a los tres años dejaron tirado el negocio. Ahí falta todavía una verdad.
LEA TAMBIÉN
¿Y ahora?
Se requiere una solución empresarial en la que está trabajando el Gobierno bajo el liderazgo de la Superservicios. Esperamos tener noticias pronto con el fin de hacer otro intento de prestación del servicio de energía eléctrica en los tres departamentos en los que opera Air-e (Atlántico, Magdalena y La Guajira), que debe ser sostenible y de calidad. Esto se escapa de mis competencias y sucederá lo que determine la Superintendencia. Obviamente, trabajamos de manera articulada en temas de regulación o asuntos que dependan del Ministerio.
¿Qué le gustaría ver más adelante?
Gran parte de la solución, como lo ha señalado particularmente el Presidente, tiene que ver con la posibilidad de autogeneración, algo que se extiende a las personas, los barrios, las comunidades o las entidades oficiales. En términos concretos, eso le reduciría el mercado a la distribución de energía eléctrica en esta zona del Caribe. Lo mismo debe pasar en el resto del país, porque es la forma de reducir las tarifas y de garantizar la prestación permanente y eficiente del servicio. Ese es el ingrediente adicional.
¿Por qué se requiere?
Por el Caribe han pasado siete empresas a lo largo de 20 años y ninguna ha dado una buena solución a esta necesidad. Muchos le reclaman al actual Gobierno, con más firmeza, más crítica y más inquina, lo que no se le ha reclamado a la clase política que hoy todavía está vigente cuando pudo hacer algo desde los gobiernos nacionales, regionales y locales. Nosotros hemos querido incluir el componente adicional, que es todo el tema de Colombia Solar, comunidades energéticas y autogeneración. Así se acabaría con la que es una gran paradoja.
¿Cuál?
El Caribe cuenta con un gran potencial para la generación de energía. Y eso requiere un gran acuerdo regional que incluya a la clase política, los usuarios, el sector privado y el Gobierno. Porque se tiene la concepción, equivocada a mi juicio, de que este es un problema de los costeños y no de todo el país. Muchos no entienden que si entramos en una crisis energética en el Caribe, también entra en crisis el panorama energético nacional. Pienso que la clase política de la zona no ha sido capaz de elevar al rango nacional ese debate.
Fachada de la sede de Air-e en la calle 77b con carrera 59b en el norte de Barranquilla. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo
¿Qué piensa hacer al respecto?
Vamos a abrir la discusión en la próxima legislatura, presentando un proyecto de ley. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de la bancada caribeña, que todos los días reclama y reclama, pero no aporta ni propone nada. Cuando se dio el debate de la opción tarifaria que incluimos en la Ley de Financiamiento, la respuesta fue que era una trampa porque debería presentarse un proyecto de ley con un solo artículo sobre el asunto. Pues bien, pasaron meses y no se presentó nada por parte de ellos. Ahí hay algo de doble moral, de cinismo. Están interesados en que se agudice la crisis energética en esa parte del país, cuando ellos han tenido que ver con lo que pasa en su propia tierra.
La gente se queja de los apagones…
Nadie está exento. Miremos lo que ocurrió en España. Hay un sistema técnico que tiene sus complejidades y nada es perfecto. Obviamente, en la zona del Caribe faltan inversiones en infraestructura, en subestaciones, en líneas. Por eso insisto en que los medios ayuden a hacer una investigación sobre lo que pasó antes. Lo que yo encontré cuando estuve como interventor de Air-e es que no realizó las inversiones con las cuales se comprometió y eso incide en la confiabilidad del servicio. Eso sin obviar dos debates que deben ser nacionales y tienen que ver con el costo de la energía en la generación y el alto nivel de pérdidas de electricidad.
¿Y qué sucedió con el corte de luz de cuatro horas en Barranquilla la semana pasada?
La información preliminar que tenemos es que lo sucedido no correspondió a una falla de Air-e sino de un operador. El tema todavía es materia de investigación. Me parecen, entre tanto, muy ligeras algunas afirmaciones que se han hecho porque se prestan a todo tipo de conjeturas. Por otra parte, en Santa Marta hubo un corte de luz que estaba programado, con el fin de cambiar un transformador que mejora la confiabilidad del servicio en la ciudad.
Apagón en Barranquilla. Foto:Apagón en Barranquilla.
Mencionó las pérdidas de electricidad, ¿a qué se refiere?
Cuando estuve al frente de Air-e calculamos que se perdían 1.600 millones de pesos diarios por robos de energía. Y muchos de esos hurtos no correspondían a gente pobre ni a barrios subnormales, sino de los que más tenían. Eso se suma a la mala estratificación que tiene el país porque pudimos evidenciar que mansiones, empresas, grandes edificios, se encontraban en estrato uno y acababan siendo subsidiados por el Presupuesto General de la Nación.
Se habla de sus diferencias con el Superintendente de Servicios Públicos…
Siempre salen rumores, hay suspicacias y se plantean divisiones al interior del Gobierno. Fui nombrado en Air-e por el Superintendente y trabajé con él durante cuatro meses. Creo que cumplí con mis obligaciones como agente interventor. Ahora que estoy en el Ministerio de Minas y Energía entiendo que tenemos que trabajar conjuntamente y lo estamos haciendo. Aquí no se trata de convertirse en los mejores amigos sino de tener capacidad de articular esfuerzos y solucionar los problemas que enfrenta el país. Al final, él y yo hacemos parte de un mismo Gobierno. Tenemos que responderle a nuestro líder y jefe, que es el Presidente.
¿Qué debería suceder el próximo semestre?
Construir la solución empresarial. El Superintendente ha anunciado que la tiene y por eso le he pedido que trabajemos de manera articulada. Estoy muy interesado en que podamos responderles a estos tres departamentos, junto con su millón de usuarios. He propuesto una reunión para hablar del tema en los próximos días. Tenemos que mostrarle al país y a lo que llaman el mercado eléctrico señales de que sabemos para dónde vamos.
¿Es decir?
Porque ahí hay deudas posteriores a la toma de posesión y deudas anteriores. Las previas corresponden a la empresa privada que estaba. El Presidente ha dicho que esas obligaciones no las vamos a asumir, ya sea que Air-e entre en liquidación o no. Pero las posteriores, que corresponden a la compañía intervenida y ascienden a cerca de 1,3 billones de pesos, pueden afectar la prestación del servicio en razón de que darían lugar a un efecto dominó sobre los generadores, sobre todo a las plantas térmicas. Por eso es clave demostrar que tenemos una hoja de ruta, algo que involucra al Ministerio, a la Superintendencia y también al Ministerio de Hacienda, a Planeación Nacional. Se trata de encontrar una solución de largo plazo. Para el Presidente, para el Gobierno, esto es muy importante y tenemos la obligación de atender esta necesidad.
LEA TAMBIÉN
Circula el borrador de un documento Conpes, según el cual se crearía una empresa pública para prestar el servicio en donde hoy opera Air-e. Esta compañía tendría capital público por 1,5 billones de pesos y un aval de la Nación por una suma similar. ¿Cómo califica la propuesta?
No conozco la propuesta aún.
¿Qué responde a la afirmación de que el Gobierno está creando una “crisis inducida” en el sector eléctrico (por cuenta de los subsidios que no ha pagado y el cobro de la opción tarifaria en el limbo) para proceder a la intervención de empresas con problemas de solvencia o liquidez?
La intervención o no de una empresa depende de la Superservicios, pero nunca ha sido política del gobierno dejar de pagar subsidios para crear una crisis. Muestra de ello es que recientemente pagamos 2,5 billones pesos. Crisis la que ha creado la clase política dejando endeudada a la nación.
La información disponible muestra que Colombia se dirige a un racionamiento en el futuro cercano si no expande su capacidad de generación ¿Coincide con esas alarmas y qué se está haciendo para evitar ese escenario?
Para eso se han hecho dos subastas: una de reconfiguración y una de expansión. Existe otra de expansión en curso y una más de renovables. Sobre la demanda, hay que esperar el escenario que presente la Unidad de Planeación Minero-Energética del Ministerio (Upme). Pero me parece curioso que el último que habló de eso fue Tomás González, a quien Santos le aceptó la renuncia por no tomar medidas sobre el particular.
RICARDO ÁVILA PINTO
Analista sénior
Especial para EL TIEMPO
