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La Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Colombia (Procaña) encendió las alarmas sobre la crítica situación que enfrenta el campo colombiano durante su quincuagésima asamblea anual.
El evento, celebrado en Cali, fue el escenario de un fuerte pronunciamiento contra el deterioro de la seguridad jurídica y física en las zonas rurales, que según la organización, está poniendo en riesgo la producción agrícola, la inversión privada y la seguridad alimentaria nacional.
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Durante el panel central titulado “Seguridad física y jurídica”, moderado por el abogado y periodista Juan Lozano, se analizó la creciente incertidumbre normativa y el aumento de hechos de violencia contra productores en regiones como el Valle del Cauca y el Cauca.
“Nuestro país atraviesa días de angustia e incertidumbre”, afirmó Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña. “El reciente atentado en Bogotá contra el senador Miguel Uribe Turbay, junto a la escalada de violencia en el suroccidente del país, ha reabierto heridas profundas y ha generado una sensación de inseguridad que pone en riesgo al campesinado”, agregó
“La Paz Total ha sido un fracaso para el campo”
Betancourt señaló que la estrategia de “Paz Total” ha derivado en un empoderamiento de los grupos armados ilegales, que hoy imponen restricciones a la movilidad, extorsionan, secuestran y amenazan a los productores rurales. Según cifras presentadas por Procaña, más de 700 denuncias se han radicado ante la Fiscalía General, pero ninguna ha resultado en capturas o sanciones judiciales.
Además, alertó sobre la avalancha de nuevas normas, decretos y políticas públicas que afectan la planificación agrícola:
“La política agraria se ha centrado exclusivamente en la propiedad de la tierra, descuidando lo verdaderamente fundamental: el desarrollo rural integral”, sostuvo.
Entre las prioridades planteadas, pidió asistencia técnica permanente, acceso real al crédito y mecanismos eficaces de comercialización.
Sostenibilidad y generación de empleo de calidad son consignas de Procaña. Foto:Procaña
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), fue enfático al declarar que sin garantías en el territorio, la cadena de producción de alimentos está en riesgo.
“Sin seguridad jurídica y sin seguridad física, no hay seguridad alimentaria”, advirtió, proponiendo la conformación de una bancada agropecuaria en el Congreso que defienda al sector desde el Legislativo y las campañas presidenciales.
La congresista Jennifer Pedraza, presente en el evento, sorprendió al expresar su desencanto con el actual gobierno:
“Yo voté en segunda vuelta por el presidente Gustavo Petro y me siento francamente muy desilusionada de todas las promesas que se han quedado en el camino”, señaló.
No obstante, reconoció el compromiso del empresariado vallecaucano y pidió mayores espacios de diálogo con la juventud.
El representante Christian Garcés Aljure y el expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares coincidieron en que el país atraviesa un período de inseguridad normativa constante.
“Las normas cambian cada mañana, y eso genera pánico entre los productores”, argumentaron. Ambos hicieron un llamado urgente para lograr estabilidad regulatoria en temas clave como el uso y tenencia de tierras.
Corteros de caña. Foto:Archivo particular
La discusión cerró con un mensaje unánime entre los panelistas: el campo colombiano no puede seguir subsistiendo en medio del miedo, la improvisación legislativa y la ausencia del Estado.
Desde Procaña, la exigencia al Gobierno Nacional es clara: garantías jurídicas reales, presencia efectiva en los territorios y una política pública rural que vaya más allá de la redistribución de la tierra, promoviendo desarrollo sostenible y condiciones dignas para quienes aún creen en el agro como eje de desarrollo del país.
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