Economia
Dura advertencia de la Contraloría al Gobierno por uso de vigencias futuras de concesiones viales para otros fines
Una fuerte advertencia le acaba de hacer la Contraloría General de la República (CGR) al Gobierno frente a los graves riesgos que tiene para la Nación el uso de los recursos de las vigencias futuras girados para las concesiones viales 4G y 5G para otros fines que no sea el desarrollo de esas obras, tal como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades el presidente Gustavo Petro.
En un oficio de 17 páginas dirigido a los ministros María Fernanda Rojas, de Transporte; Germán Ávila Plazas, de Hacienda, y a Oscar Javier Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el órgano de control es enfático al señalar el impacto negativo que se generaría sobre bienes o intereses patrimoniales de la Nación, al tiempo que esta se quedaría expuesta a millonarias demandas tanto por el uso de las vigencias futuras consignadas en los patrimonios autónomos para otros fines, como por frenar el giro anual de esos recursos como está pactado.
El Presidente Gustavo Petro ha sido reiterativo en su idea de utilizar los recursos que la Nación ha girado para el desarrollo de las concesiones viales de 4G y 5G que están si ejecutar aún en algunas fiduciarias para adelantar programas, como el de vacunación contra la fiebre amarilla.
Durante el Consejo de Ministros televisado del 21 de abril el mandatario dijo que había 8 billones de pesos en fideicomisos que podrían utilizarse para adquirir los biológicos que se necesitarían para vacunar a al menos 9,6 millones de personas que están en las zonas de alto o muy alto riesgo, así como para fortalecer las capacidades hospitalarias, tal como se hizo durante la pandemia del covid-19.
“Está esa plata guardadita cuando la necesitamos nosotros y no la usan porque no están haciendo las carreteras. Entonces aquí tenemos una de las mayores injusticias tributarias y fiscales en el país”, señaló en su momento el Presidente.
Consejo de Ministros de la noche del martes 4 de febrero de 2025. Foto:Archivo particular
Las consecuencias
En su análisis sobre las consecuencias que tendría para la Nación persistir en la idea de utilizar los recursos de las vigencias futuras para otros fines, la Contraloría detectó varios riesgos tanto contractuales como patrimoniales, los cuales pueden ser evitados si el Gobierno acata la normativa existente sobre esos compromisos y lo pactado en los mismos.
Y así se lo hace saber en órgano de control al Gobierno. Por ejemplo, le advierte que dado que los contratos de concesión vial de iniciativa publica suscritos por la ANI (4G o 5G), tienen pactado, como obligación a cargo de la Nación y dicha agencia, aporte anual de vigencias futuras, si esto no se cumple “se podría generar la obligación de pago al concesionario de intereses moratorios y/o remuneratorios que no están incluidos en la estructuración financiera del proyecto vial”.
Alerta, además, que ello podría derivar en un incumplimiento contractual de parte de la Nación y/o la ANI, que derivaría en cuantiosas demandas en contra de estas.
Unidad Funcional 5 de Pacífico 3 Foto:Concesión Pacífico Tres
La Contraloría también demuestra que, como el aporte de las vigencias futuras no está condicionado al estado y/o avance del proyecto y/o del contrato de concesión, la Nación o la ANI no pueden dejar de hacer los aportes de las vigencias futuras si consideran que el proyecto no avanza conforme a lo previsto.
Si esto ocurre —explica la entidad— se podrían materializar “el riesgo de incumplimiento contractual ” por parte de estas, lo que derivaría en cuantiosas demandas en su contra. Y aclara, a su vez, que: “En caso de atrasos o incumplimientos del concesionario, el propio contrato de concesión establece, clara y explícitamente, las acciones conminatorias y/o sancionatorias que corresponden”.
Recursos girados
Por ejemploAl referirse de manera particular a los recursos de las vigencias que la Nación ya ha girado a las concesiones viales y que hoy están en varios patrimonios autónomos sin ejecución, debido a problemas surgidos en el avance de las obras, como falta de licencias ambientales o consultas con las comunidades, entre otros factores, tal como lo han puesto de conocimiento los concesionarios en reiteradas oportunidades, la Contraloría también encontró varios riesgos en los que se puede caer.
Reiteró que, como esos dineros tienen destinación específica pactada en el contrato de concesión, “si de forma unilateral, se ordena utilizarlos para otros fines, se estarían violando normas legales y presupuestales”, que podrían conllevar millonarias demandas en contra de la Nación.
Los proyectos de infraestructura Vial (4G y 5G)
bajo dicho modelo (concesiones) , no pueden quedar sin respaldo para su ejecución por las gravísimas consecuencias económicas que tendrían”.
Contraloría General de la República
No obstante esas duras advertencias, el órgano de control, deja claro que se puede modificar el perfil de aporte de vigencias futuras de la Nación pactado para un contrato de concesión vial, pero ello debe surgir de un “acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes del contrato”, para lo cual se debe cumplir con los requisitos y aprobaciones del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), el Confis (Consejo Superior de Política Fiscal) y el Departamento Nacional de Planeacion (DNP)”.
En el mismo documento la Contraloría General hace énfasis en la importancia que esos recursos tienen para el desarrollo de las concesiones viales de 4G y 5G y de estos proyectos para el país bajo dicho modelo económico, por lo tanto, considera que estos “no pueden quedar sin respaldo económico para su ejecución por las gravísimas consecuencias económicas” expuestas.
En ese sentido, instó a los ministerios de Transporte y de Hacienda, así como a la ANI para que evalúen la adopción de las medidas que consideren pertinentes, tendientes a impedir que se materialicen los daños producto de los riesgos expuestos en esta advertencia, precisó el ente público de control.
Una copia del oficio de advertencia también fue enviado a la Presidencia de la República y a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, entre otros.
