entre el alivio aparente y la fragilidad subyacente

Un observador casual de los titulares recientes sobre la economía colombiana podría experimentar una suerte de desconcierto. Por un lado, cifras que invitan a un cauto optimismo: el dólar cede terreno y se ubica por debajo de la barrera psicológica de los $4.000, y la tasa de desempleo de mayo registra su nivel más bajo para ese mes en ocho años, al situarse en 9%. Por otro, noticias que encienden las alarmas: dos de las principales agencias calificadoras de riesgo, Moody’s y Standard & Poor’s, degradan la calificación crediticia del país, y el Banco de la República opta por la cautela, manteniendo sin cambios su tasa de interés en 9,25% ante la persistencia de riesgos inflacionarios y fiscales.

Esta aparente contradicción no es tal. Es el reflejo de una economía compleja, con fortalezas coyunturales que coexisten con debilidades estructurales profundas. Para desentrañar este panorama, es preciso analizar la situación desde tres niveles interconectados: el macroeconómico, donde se definen las grandes políticas; el mesoeconómico, que corresponde al tejido empresarial, y el microeconómico, donde hogares y firmas enfrentan la realidad del día a día.

El tablero macroeconómico: válvula de escape y anclas de prudencia

En el plano macroeconómico, las decisiones recientes han estado marcadas por una tensión entre la necesidad de gasto del Gobierno y la prudencia de las instituciones. El principal actor es el gobierno nacional, cuya motivación está en ejecutar su programa de gobierno, con un gasto público expansivo, en el contexto de un recaudo tributario insuficiente para cubrir dichas presiones.

La decisión más significativa fue la suspensión de la regla fiscal, un mecanismo diseñado para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. El Gobierno argumentó la necesidad de espacio para la inversión social, pero la consecuencia directa, como advirtió Moody’s, fue una señal negativa sobre la confianza en el manejo fiscal del país. El Marco fiscal de mediano plazo posterior confirmó un déficit fiscal superior al anticipado, un factor central en la rebaja de las calificadoras, que ven con preocupación una trayectoria de deuda pública creciente. Para ponerlo en perspectiva, el país enfrenta el segundo mayor déficit fiscal en 121 años, solo superado por el de la pandemia.

En este contexto, el comportamiento de la tasa de cambio resulta, a primera vista, inusual. Una menor confianza fiscal debería, en teoría, presionar el peso al alza. Sin embargo, la caída del dólar responde menos a factores internos y más a un contexto global: una debilidad estructural del dólar a nivel mundial impulsada en parte por la política de la administración Trump de favorecer un dólar débil para mejorar su balanza comercial, y un renovado apetito de los inversionistas por América Latina, vista como una región con materias primas fuertes y lejana de los principales focos de tensión geopolítica.

Frente a la expansividad fiscal del Gobierno, emerge el Banco de la República como un ancla de estabilidad. Su decisión de mantener la tasa de interés en 9,25%, pese a la solicitud del ministro de Hacienda de una reducción para impulsar el crecimiento, es una clara muestra de su autonomía y su principal motivación: controlar la inflación y preservar la estabilidad. El gerente del Emisor ha sido explícito al señalar que la incertidumbre fiscal y las condiciones de financiamiento externo más restrictivas obligan a una mayor prudencia. Esta cautela, aunque impopular para el Gobierno, es un factor de credibilidad fundamental para los mercados.

La mesoeconomía: un motor con señales de desgaste

A nivel empresarial, el panorama es mixto y revela desafíos estructurales. Los datos del mercado laboral de mayo muestran una dinámica sectorial desigual: mientras sectores como transporte, servicios y comercio generaron empleo, la industria manufacturera registró una reducción de 122.000 ocupados. Este dato no es aislado y se enmarca en un debate más amplio sobre el proceso de desindustrialización del país, donde el sector productivo pierde peso frente a los servicios.

Sobre este tejido empresarial incide directamente la recién aprobada reforma laboral. Si bien busca mejorar las condiciones de los trabajadores formales, suscita preocupación en el conjunto de las firmas por el incremento de los costos. La transformación del contrato de aprendizaje en un contrato laboral especial, por ejemplo, eleva significativamente el costo de vinculación de aprendices del SENA, al pasar de $1.067.625 a $2.189.326. De manera similar, el aumento progresivo del recargo dominical hasta el 100% en 2027 y la posibilidad de pactar el descanso en lunes –que podría anular el pago extra por festivos en ciertos casos– representan una carga adicional para las empresas.

El problema de fondo es la interacción de estos mayores costos con una productividad laboral estancada y un altísimo nivel de informalidad. Para la empresa formal, que opera bajo la nueva regulación, el costo de contratar aumenta. Para la economía en su conjunto, esto puede generar un incentivo perverso: o bien se frena la contratación formal o se profundiza la informalidad como válvula de escape para evadir los costos crecientes.