Las directivas del Banco de la República lamentaron las interpretaciones erradas dadas a las solicitudes que la semana anterior, encarta enviada a la Corte Constitucional, la entidad le hizo al alto tribunal relacionadas con los tiempos de entrada en vigencia de la Ley 2381 o reforma pensional, si dicha norma es declarada exequible.
Según el Emisor, los planteamientos realizados en dicha carta “no tuvieron ningún propósito diferente a obtener claridad y proponer un plazo razonable para cumplir con lo que establece la ley, de conformidad con lo que decida la Corte Constitucional”.
El pronunciamiento de la autoridad monetaria colombiana se da, luego de que el Presidente Gustavo Petro, conocida e contenido de esa carta enviada a la Corte, escribiera en su cuenta de la red social X: “Definitivo: estamos ante una nueva maniobra para no permitir la reforma pensional. Nunca antes visto”.
Jorge Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional y Gustavo Petro, presidente. Foto:EL TIEMPO/ Archivo Particular
En otro mensaje, el presidente Petro aclaró que no considera que la Corte Constitucional vaya a ir en contravía de la pensional, pero volvió a rechazar la solicitud de aplazamiento. “Lo que sí veo es intentos desde varias partes para poner trabas en la implementación de la reforma”, aseguró.
En su reciente comunicación lamentando esa lectura errada a su petición, el Banco de la República recordó que su mensaje a la Corte Constitucional tiene dos propósitos: el primero, aclarar la interpretación de la Corte sobre la vigencia de la Ley y de los decretos que han sido expedidos en su proceso de reglamentación, lo cual considera es fundamental para avanzar en temas como la firma de contrato entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda; la selección de administradores externos y la designación de los miembros del Comité Directivo del FAPC (Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo) por parte de la Junta del banco emisor.
“Se venía trabajando en estos temas, pero el proceso se interrumpió tras la publicación del comunicado de la Corte del 17 de junio de 2025, en el cual se informa la decisión de “suspender a partir de la fecha la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley”, precisaron las directivas del banco en su nueva comunicación.
Leonardo Villar gerente del Banco de la República. Foto:Banco de la República
El segundo propósito de dicha carta, agrega la entidad, es solicitar a la Corte la posibilidad de definir un margen razonable de tiempo para avanzar en los procesos que, por razones ajenas al Banco, ya venían atrasados y se interrumpieron a partir del 17 de junio.
Agrega que para ello se sugirió que la entrada en vigencia de la ley no sea el día siguiente a la fecha de decisión sobre su constitucionalidad sino tres meses después de que se conozca la sentencia respectiva.
“La lectura preliminar del comunicado de prensa de la Corte Constitucional podría implicar que todos los procesos pendientes tendrían que hacerse entre la fecha en que se decida la constitucionalidad de la ley y el día inmediatamente posterior, lo cual resulta inviable desde el punto de vista práctico”, insistió la autoridad monetaria.
