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Luego de que el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, publicara el proyecto de decreto con el que busca implementar un mecanismo de precio diferencial para el diésel, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE) señaló que las estaciones de servicio no tienen como hacer ese control, ya que, la medida es “inviable operativamente” y no cuenta con una adecuada reglamentación ni concertación.
La medida surge como respuesta a los elevados niveles de déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que, según el Ministerio de Hacienda, alcanzó los 10,6 billones de pesos en 2024 y podría llegar a 8,1 billones de pesos en 2025 por cuenta del diésel.
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La medida que aplicara para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial de tipo automóvil, campero, camioneta y cuatrimoto, que funcionen con diésel requiere de una concertación, según detalló David Jiménez Mejía, presidente del gremio.
“Consideramos que esta propuesta es inviable de implementar en caso de exigir a las estaciones de servicio que cobren un precio diferencial a camionetas de alta gama. Hoy en día, las estaciones compran el diésel en plantas mayoristas a un precio único. ¿Cómo sería la operación si ahora se establecen dos precios? ¿Cómo controlar a los clientes y su frecuencia de consumo?”, cuestionó Jiménez.
El líder del gremio recordó que Colombia cuenta con más de 6.400 estaciones de servicio que conforman la red nacional de abastecimiento de combustibles. Según él, imponer esta medida sin el diálogo con el sector puede generar distorsiones y pérdidas económicas, como ocurrió durante el paro camionero de septiembre de 2024.
“El Gobierno revirtió un aumento del diésel de más de 1.900 pesos por galón luego de haberlo decretado un sábado en la madrugada. Muchas estaciones compraron a mayor precio y luego tuvieron que vender por debajo del costo, generando pérdidas por más de 20.000 millones de pesos”.
Estación de gasolina en Bogotá. Foto:Citytv.
Zonas priorizadas y diferenciación por tipo de vehículo: más dudas que claridad
El gremio también se ha pronunciado sobre la creación de zonas priorizadas o diferenciadas en aproximadamente 65 ciudades del país donde se aplicaría el nuevo esquema de precios para el diésel.
“De entrada, lo que podemos observar con este proyecto de decreto es que, en el esfuerzo por diferenciar el parque automotor con el objeto de cobrar un precio diferencial mayor en el diésel, se crean zonas priorizadas o diferenciadas para implementar de manera efectiva esta medida”, destaca Jímenez.
En el borrador se estipula que el mecanismo diferencial de estabilización de precios aplicará para Bogotá y algunos municipios de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
De acuerdo con el ministerio de minas y energía, la eliminación del subsidio se aplicará inicialmente en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país —como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga— que en conjunto concentran el 72 por ciento del parque vehicular objetivo y el 37 por ciento del consumo de diésel de este tipo.
El gremio advierte que el proyecto plantea aplicar precios distintos por galón de diésel, según el tipo de vehículo traería consecuencias prácticas complejas en la operación diaria de las estaciones de servicio.
“Desde el gremio de las estaciones de servicio vemos con preocupación la creación de estas zonas priorizadas o diferenciadas. Esto implicará que en ciertas regiones habrá un precio determinado por galón de diésel y en otras, un precio diferenciado que dependerá del tipo de vehículo”.
Además, mientras no se expida una resolución por parte del Ministerio de Minas y Energía que reglamente la operación del mecanismo, la medida no tiene efectos jurídicos prácticos.
“Hasta que el Ministerio de Minas y Energía no reglamente la forma de operar este mecanismo de diferenciación en la cadena de distribución de combustibles, no aplica la medida”, señaló.
combustibles. Foto:
El presidente de Comce reiteró que el gremio está dispuesto a dialogar y colaborar con el Gobierno, pero advirtió que se requiere una reglamentación clara y consensuada que permita implementar cualquier ajuste de precios sin generar confusión ni pérdidas:
“Entendemos la propuesta del Gobierno, pero hay que advertir que este tipo de ideas no son nuevas y su implementación puede conllevar enormes dificultades si no se cuenta con el diálogo del sector”, dijo el directivo.
A su turno, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, respaldó el objetivo de la medida, pero advirtió sobre los retos de implementación.
“Lo difícil será su implementación y control, porque sería necesario el uso de tecnología, software, hardware, personal adicional y registro de usuarios. Estos elementos tomarían entre seis y nueve meses en ponerse en marcha”, explicó Vera.
También subrayó que, aunque el enfoque particular es más justo en principio, las medidas generales graduales pueden ser más costo-efectivas y viables administrativamente.
Comce reiteró que la estabilidad del sector de combustibles y el bienestar del consumidor final deben ser la prioridad al momento de diseñar cambios en los esquemas tarifarios del país. Mientras tanto, el gremio continuará evaluando el proyecto de decreto para presentar observaciones formales ante los entes correspondientes.
Según el ministerio de Minas y Energía, la decisión busca racionalizar el gasto público y focalizar los subsidios energéticos hacia los sectores más vulnerables.
“Se estima que, con la eliminación del subsidio para automóviles, camionetas, camperos y cuatrimotos de servicio particular, oficial y diplomático, el Estado podría lograr un ahorro fiscal cercano a los 386 mil millones de pesos anuales”, dijo el ministerio de Hacienda.
El objetivo de las carteras es disminuir el creciente déficit fiscal del FEPC.
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