La Cámara Induarroz de la ANDI, que representa a parte de la industria arrocera nacional, expresó su preocupación frente a la reciente decisión del Gobierno de someter el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada, medida adoptada tras los acuerdos alcanzados con los líderes del paro arrocero.
La organización señaló que esta resolución fue expedida sin considerar el origen real de la problemática actual —una sobreoferta sin precedentes en el país— ni acoger los comentarios técnicos presentados por la industria a través de los canales institucionales.
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Según cifras del gremio, en 2024 Colombia sembró un récord de 631.000 hectáreas de arroz, lo que generó la mayor cosecha en su historia. Esta producción se dio en un contexto internacional de abundancia que ha reducido los precios globales del cereal en cerca de un 30 por ciento. Para el primer semestre de 2025, regiones como Casanare continuaron incrementando el área cultivada, lo que llevó a un aumento del 92 por ciento en los inventarios nacionales frente a 2024.
Induarroz asegura que, pese a las advertencias sobre la necesidad de racionalizar las siembras, estas continuaron creciendo, desbordando las metas del Plan de Ordenamiento Productivo liderado por la UPRA.
Casanare lidera la producción de arroz en la región. Foto:Luis Carlos Yustre
Los riesgos
La industria sostiene que el nuevo régimen, al establecer precios mínimos hasta un 17 por ciento superiores al precio de mercado, podría agravar los desequilibrios del sector. Entre los principales riesgos, la Cámara destacó:
- El posible aumento en el precio del arroz blanco al consumidor.
- Incentivos perversos que podrían incrementar aún más la siembra y profundizar la sobreoferta.
- Pérdida de competitividad frente a importaciones más baratas.
- Mayor informalidad en la cadena de valor.
- Desequilibrios estructurales que comprometen la sostenibilidad del sector.
Siembra de arroz. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
Con el respaldo de la SIC
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en un concepto de abogacía de la competencia, coincidió con varios planteamientos de la industria y calificó la libertad regulada como “una clara limitación al libre proceso de formación de precios”.
La entidad advirtió que esta medida, si no es transitoria, podría generar incertidumbre en el mercado, desincentivar el almacenamiento y derivar en una dependencia estructural del sector respecto del apoyo estatal.
Desde la expedición de la resolución, distintos actores del sector han tenido que adaptar sus modelos de negocio para dar cumplimiento a la norma, en medio de un entorno de sobreproducción y escasa certeza sobre el tamaño final de la cosecha.
Induarroz resaltó que, si bien algunas empresas exploran nuevas estrategias para seguir absorbiendo la producción, cualquier medida adoptada debe buscar un doble objetivo: garantizar la compra de la cosecha sin afectar a los productores, y proteger al consumidor de incrementos artificiales en el precio de un alimento básico.
Además, el gremio reiteró su llamado a atender las causas estructurales de la crisis del arroz en Colombia y a avanzar en la implementación de la agenda de competitividad de la cadena arrocera, con base en el Plan de Ordenamiento Productivo. A su juicio, este esfuerzo es clave para lograr una cadena sostenible y competitiva de cara a la apertura comercial prevista para 2030.
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