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El Ministerio de Hacienda radicó el 29 de julio el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN 2026), la última apuesta de gasto público que tiene el gobierno Petro para cumplir su plan de gobierno. Además, es el presupuesto para ejecutar en el año de elecciones nacionales, por lo cual se mueve en dificultades de ejecución por las implicaciones legales de contratación en ley de garantías.
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El monto total es de $ 556,97 billones, el cual supera en $ 35,7 billones la propuesta de anteproyecto de PGN 2026 que el mismo Gobierno presentó en abril, 6,8 % más. Los cambios del presupuesto son diferenciales por entidad. Por ejemplo, Presidencia tiene un incremento de 124,2% entre el anteproyecto y el proyecto, para un presupuesto total de $ 1,1 billones. Hacienda aumenta 23,8 %, al aumentar en $ 6 billones este presupuesto. El presupuesto del Ministerio de la Igualdad se reduce de $ 823.000 millones del anteproyecto a $ 524.000 millones, -36,3%. La UNGRD se reduce en $ 40.000 millones, 5,4 % menos. El servicio a la deuda se reduce de $ 115 billones a $ 99 billones. Uno de los aumentos más significativos es en el Ministerio de Minas y Energía, que pasa de $ 2,5 billones en el anteproyecto a $ 9,7 billones, que se explica en la desagregación por inversión como “consolidación productiva del sector de energía eléctrica”.
El presupuesto radicado puede presentar dificultades de ejecución debido a la ley de garantías. Foto: iStock
Comparado con el presupuesto aprobado de 2025, y teniendo en cuenta la inflación proyectada a fin del año 2025 de 4,5 %, el aumento real del presupuesto total es 1,2 %. Sin tener en cuenta la deuda, el tamaño del PGN como proporción del PIB pasa del 22,8 % en 2025 al 23,6 % en 2026.
Otra vez desfinanciado
El proyecto del presupuesto 2026 es similar al proyecto de 2025 por estar desfinanciado. En el debate del proyecto del PGN 2025 se incluía la necesidad de aprobar una ley de financiamiento durante este año, para cubrir el gasto total proyectado sin financiación por un monto de $ 12 billones. Esto implicó un álgido debate en el Congreso por pretender aprobar un proyecto desfinanciado, que terminó en la no aprobación del PGN 2025 por vía legislativa, su aprobación vía decreto por el presidente Petro y el ajuste de reducción del gasto en $ 12 billones porque no se tramitó una reforma tributaria este año.
Parece que en el año 2026 se repetirá la misma historia. El proyecto contempla entre sus fuentes de ingresos $ 26,3 billones “sujetos a la aprobación de proyecto de ley de financiamiento que el Gobierno Nacional presentará a consideración del Congreso”. Lo que pretende el Gobierno es aprobar una tributaria por más del doble del monto que el Congreso no quiso aprobar en 2025.
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También contrasta esta propuesta de reforma con lo consignado por el mismo Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025. El Ministerio planteó en el MFMP una reforma para el año 2025 que pretende recaudar entre $ 4 billones y $ 8 billones, y plantea una para el próximo gobierno que recaudaría entre $ 19,6 billones y $ 25,4 billones. No es claro, entonces, si la ley de financiamiento propuesta para financiar el PGN 2026 reemplazará la reforma estructural del MFMP, simplemente se proyecta un incremento de gastos adicionales para el próximo año.
Baja ejecución
Una crítica recurrente sobre el Gobierno ha sido la ejecución presupuestal del mismo presupuesto. Teniendo en cuenta obligaciones como proporción de las apropiaciones totales anuales del presupuesto, sin contar deuda, para los años 2023-2024 la ejecución promedio anual fue 83,8 %, mientras que en los años 2000-2021 el promedio fue 90 %. Si solo se revisa la relación de pagos sobre apropiaciones, en 2023-2024 fue 83,5 %, mientras el promedio del período 2000-2021 fue 85,2 %.
Radicación del presupuesto en la Cámara de Representantes este 29 de julio. Foto:Ministerio de Hacienda
Al detallar por ejecución de inversión se observan aún más evidentes los problemas de gasto del gobierno actual. El promedio anual de los años 2023-2024 de obligaciones sobre apropiación fue 64,1 %, mientras en los años 2000-2021 el promedio anual fue 77,8 %. Al revisar por pagos, el promedio de los años 2023-2024 fue 63,1 %, y para el período 2000-2021 fue 68,7 %. Es evidente la baja ejecución del gobierno Petro, por lo cual es difícil justificar incrementos del gasto público para el próximo año.
La discusión del presupuesto para el año 2026 estará mediada por la crisis fiscal y la baja ejecución de este gobierno. El Confis aprobó el uso de la cláusula de escape de la regla fiscal, que se sustentó con aumentos del gasto inflexible que presionan al aumento del PGN y no se corresponde con el aumento de ingresos. Si bien esto sucede con varios rubros del presupuesto, también se han aumentado en los últimos años los gastos permanentes por aprobación de proyectos de ley en el Congreso, que en su trámite contaron con aval fiscal del Ministerio de Hacienda.
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Es previsible que el Congreso no apruebe el PGN 2026 desfinanciado en más de $ 26 billones. De ese modo se presume que el Gobierno justificará la no aprobación como un método más de saboteo a su último año de gestión. Lo cierto es que se juntarán los limitados ingresos fiscales disponibles con la dificultad de ejecutar en año electoral por ley de garantías.
De hecho, en el período 2000-2024 se ha observado que la ejecución promedio por sectores del PGN se reduce durante los años de elecciones nacionales, lo cual avizora un contexto complejo para la ejecución del Gobierno en 2026. Al final, los afectados en este contexto fiscal son las y los colombianos que ven en riesgo el acceso a servicios y derechos que debe garantizar el Estado.
DIEGO CORTES VALENCIA*
Razón Pública**
* Economista y Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
** Razón Pública, centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
Este texto fue editado por razones de espacio.
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