Con una tasa de informalidad laboral en niveles del 56 por ciento —una de las más altas de Latinoamérica— y que además se resiste a caer, al menos por debajo del 50 por ciento, Colombia, como el resto de la región tienen en este frente uno de los desafíos más importantes, no solo para mejorar las condiciones de millones de habitantes sino también para avanzar en la reducción de las brechas sociales y al iniquidad, entre otros problemas.
Las acciones que se están adelantando en la actualidad parece que no están siendo lo suficientemente efectivas para acelerar ese paso, por lo que existe la necesidad de trabajar con más ahínco y fortaleza para comenzar a tener logros más rápidos y efectivos, pero, además, trazar una estrategia que ataque los verdaderos obstáculos que le está impidiendo al país tener un ‘crecimiento socialmente incluyente’.
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Ese fue, precisamente, el tema que convocó a empresarios de la talla de María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval; Roberto Junguito Pombo, presidente del Grupo Corona, y Luis Carlos Arango, director general de Colsubsidio, bajo la moderación del economista y Analista Sénior de EL TIEMPO, Ricardo Ávila, a plantear una serie de alternativas que le permitan al país avanzar en ese gran propósito.
Luego de cerca de 40 minutos de debate y análisis sobre esa problemática, en el marco de la tercera y última jornada del Congreso Empresarial Colombiano (CEC) 2025, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), los panelistas coincidieron, desde sus distintas ópticas, que es necesario que el país adopte cambios en las regulación laboral, combata la informalidad y apueste por la generación de empleo de calidad que le permita a los colombianos mejorar sus condiciones sociales.
“Uno de los elementos fundamentales que nosotros, como líderes empresariales, tenemos que fomentar es la importancia del empleo formal”, comentó Roberto Junguito.
“Creo que lo hacemos en el día a día con nuestros empleados, buscando siempre las mejores condiciones para ellos y sus familias, a través de creer en el país, de las nuevas inversiones e innovando, estamos logramos ese proceso. Sin embargo, lo que estamos haciendo hoy, desafortunadamente, no es suficiente, y eso lo vemos en una tasa del 56 por ciento de informalidad, donde tenemos a muchísimos jóvenes sin la posibilidad de conseguir un empleo”, advirtió.
Según la CAF, en América Latina y el Caribe la población de ninis alcanza 18 millones de jóvenes. Foto:Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO
El directivo también destacó la importancia de continuar apoyando a los proveedores para que se conviertan en empresas que generen más empleo y mejores condiciones para sus colaboradores. Además, señaló que es clave —y a la vez una oportunidad— respaldar a las comunidades cercanas a las zonas donde operan las compañías.
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María Lorena Gutiérrez, sostuvo por su parte que la primera responsabilidad de los empresarios y donde más impacto pueden lograr es con los propios colaboradores. “En la medida en que podamos contribuir al bienestar económico y social de nuestros colaboradores, estamos impactando a toda su familia”, señala.
La presidente de Grupo Aval resaltó que la labor con los proveedores también es fundamental. “Grupo Aval tiene 24.000 proveedores, de los cuales el 95 por ciento son nacionales y pymes, así que con ellos hay que trabajar más, ahora que van a recibir las consecuencias de la reforma laboral, porque se puede generar más informalidad”, advirtió.
En su análisis sobre cómo la informalidad golpea las zonas rurales del país, Gutiérrez comentó que “tenemos dos ‘colombias’, donde no deben regir las mismas políticas públicas. Siempre he pensado que las políticas públicas de las grandes ciudades no pueden ser iguales a las que necesitan ciertos municipios o departamentos. Tenemos que poder tener incentivos diferentes para las regiones, sin crear zonas económicas especiales”.
Pymes Foto:MinCit
Más empleo rural
EDn ese sentido, la directiva propuso la creación de incentivos para la generación de empleo formal en las zonas rurales, permitir la cotización por horas y simplificar la regulación para garantizar trabajos formales.
Por su parte, Luis Carlos Arango, director de Colsubsidio, advirtió que “existe una cantidad de normas y cada una va por su lado”, y citó como ejemplo las reformas laboral y pensional, “cuando la materia y el criterio que debe primar es la política social”.
Sobre la reforma laboral, señaló que “se aprobó con el criterio de ponerle un mayor costo a todo lo que tiene que ver con el empleo formal”, y expresó su preocupación por la incertidumbre que genera la reforma a la salud que actualmente tramita el Gobierno en el Congreso.
Salario mínimo
El consenso de los empresarios que participaron en el conversatorio, el aumento del salario mínimo no es la vía para que la economía crezca.
Gutiérrez, por ejemplo, señaló que “el empleo hoy se impulsa por los trabajadores por cuenta propia y los que contrata el Gobierno, y en la medida en que el salario aumente también se impacta el déficit fiscal. Lo que preocupa es que todas las decisiones de mayores costos para las empresas también afectan al Gobierno. Estamos tomando medidas de corto plazo. El presidente Petro se puede ir feliz aumentando el salario mínimo muy por encima de la inflación, pero los que vamos a pagar las consecuencias vamos a ser nosotros, las empresas”.
Junguito, por su parte, consideró que, para analizar el crecimiento de la economía, es necesario recordar que el primer semestre del año pasado no tuvo un buen desempeño.
En su opinión, en la coyuntura actual han influido las menores tasas de interés, el alto monto de las remesas, los subsidios del Estado y los empleos generados por el Gobierno, que “no son sostenibles”.
En general, concluyó que estas variables impulsan un crecimiento de corto plazo que no necesariamente es estructural, ni sostenible en el tiempo, y advirtió que “es grave que estén diciendo que las cosas van bien”.
