Juan José Velásquez*.- Airbnb, Booking, Amazon y muchas otras se lucran con las violaciones al derecho internacional cometidas por Israel. Así lo señaló el reciente informe de Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de derechos humanos en territorio palestino.
Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de derechos humanos en territorio palestino ocupado desde 1967, expuso en su más reciente informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo que sería la punta del iceberg de un entramado corporativo que se lucra desde hace décadas de la expoliación, el desplazamiento y el genocidio del pueblo palestino.
De acuerdo con el documento, no solo la industria militar tuvo un crecimiento exponencial particularmente desde el 7 de octubre de 2023, sino que grandes empresas tecnológicas, de maquinaria pesada, inmobiliarias, plataformas vinculadas al turismo y hasta universidades se enriquecen con el despojo y el deterioro social de los palestinos.
Todo esto ocurre bajo el amparo y la complicidad de los Estados que están en la obligación de exigir la rendición de cuentas de las entidades corporativas y sus ejecutivos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Economía de la ocupación y el genocidio
Albanese recalcó en el informe que el deber de las empresas frente a los derechos humanos va mucho más allá de la responsabilidad corporativa y la debida diligencia. Además, exigió cesar su participación en las actividades violatorias del derecho internacional.
Recalcó que el derecho internacional humanitario y el derecho penal también confieren obligaciones y responsabilidades específicas a los actores privados y son las jurisdicciones nacionales las principales responsables de su aplicación.
Las leyes de responsabilidad corporativa se originaron en la conexión histórica entre la desposesión violenta y el poder de las empresas privadas que colaboraron con el colonialismo y la segregación racial.
Al respecto, existen antecedentes notorios como el Holocausto y el régimen de apartheid en Sudáfrica, donde corporaciones privadas fueron halladas responsables de violaciones a los derechos humanos.
La lógica de esta economía de la ocupación y el genocidio es simple. El Estado israelí limita y controla el acceso de los palestinos a su propio territorio, mientras que restringe el acceso a servicios básicos como el agua y los expulsa de manera violenta.
Luego, viene la maquinaria pesada para destruir infraestructura civil como casas, mezquitas y escuelas para levantar los nuevos asentamientos, que a su vez demandan bienes y servicios para su construcción y sostenimiento, los mismos que son restringidos a los pobladores palestinos.
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La colaboración entre empresas tecnológicas y el ejército israelí
El informe de Albanese señaló que, a partir del ataque del 7 de octubre, el crecimiento de la industria militar israelí es exponencial, ya que se convirtió en la “columna vertebral del Estado”.
Israel se apuntaló como el octavo exportador de armas en el mundo entre 2020 y 2024. Destacan fabricantes de armas como Elbit Systems, fundada como una asociación público-privada y posteriormente privatizada, y la estatal Israel Aerospace Industries (IAI), que actualmente se encuentra dentro de los 50 principales fabricantes de armas en el mundo.
A su vez, la italiana Leonardo SpA, junto con la estadounidense Lockheed Martin, que suministra los aviones F-35 y F-16, figuran dentro de las empresas que más contribuyen con el suministro de equipos, piezas y mantenimiento para el ejército israelí.
Albanese señaló que estos fabricantes mantienen a las fuerzas militares de Israel dotadas con tecnología de punta, que luego es vendida en otros países con el sello de “probado en combate”.
Así mismo, denunció la participación de corporaciones civiles como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en la producción y soporte de tecnologías de automatización de sistemas armamentísticos y de reconocimiento de objetivos con inteligencia artificial.
Sistematización del genocidio
La represión de los palestinos, cada vez más automatizada, se caracteriza por ofrecer simultáneamente un campo de pruebas para la tecnología militar y de reconocimiento, y un instrumento para la recopilación masiva de datos y de vigilancia.
Grandes empresas como Microsoft, IBM, HP, Alphabet Inc. (Google) y Amazon brindan soporte para las grandes cantidades de información recopiladas a través de los sistemas de vigilancia de Israel.
Según el informe, en 2021 estas dos últimas compañías recibieron un contrato de 1200 millones de dólares en fondos del Ministerio de Defensa, para proporcionar infraestructura tecnológica y perpetrar el régimen de segregación y represión a través del proyecto Nimbus.
Empresas tecnológicas como NSO Group, surgidas en el marco de las actividades militares de Israel, han diseñado software de espionaje como el célebre programa Pegasus, comprado por Colombia durante el gobierno de Iván Duque.
Este es utilizado tanto por las fuerzas israelíes para perseguir activistas palestinos y periodistas como por otros gobiernos en el mundo.
Inteligencia artificial para el genocidio
Otras empresas que no figuran en este informe, como OpenAI (dueños de ChatGPT), fueron denunciadas por otras fuentes por cambiar sus políticas de uso para suministrar servicios al ejército israelí para procesar cantidades exorbitantes de información de espionaje, para identificar objetivos y “posibles amenazas”.
La colaboración de instituciones propias de la vida civil como la Universidad Tecnológica de Múnich, la de Edimburgo y el antes mencionado MIT les ha permitido obtener cuantiosos fondos para brindar soporte tecnológico al despojo, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino.
Asimismo, la creciente importancia de la IA para la automatización y el procesamiento de información, la inteligencia militar y el reconocimiento de objetivos apuntaló a las empresas tecnológicas como grandes beneficiarias de la represión y el genocidio.
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Maquinaria (artillería) pesada, negocios inmobiliarios y turismo
Las operaciones militares de Israel están soportadas en equipos de origen civil que son esenciales para desarraigar a la población palestina y con los cuales destruyen casas, templos, escuelas, hospitales y cultivos.
Albanese en su informe señaló a Caterpillar Inc. de suministrar equipamiento como parte del programa del financiamiento militar extranjero de Estados Unidos utilizado como arma en operaciones militares y, en particular desde 2023, para dañar el 70% de la infraestructura civil y el 81% de las tierras de cultivo.
Hyundai con sus filiales y Volvo (empresa que figura en las bases de datos de la ONU) también han participado durante décadas en la demolición de infraestructura civil en territorio palestino, particularmente en Jerusalén y Masafer Yatta en Cisjordania, donde destruyen olivares y casas.
Así mismo, estas y otras empresas han ofrecido vehículos blindados para el transporte de pasajeros a las colonias, lo que ha favorecido el reemplazo de la población palestina.
Por si fuera poco, estas mismas compañías participan en la extracción de materiales de tierras confiscadas a aldeas en Cisjordania para el levantamiento de colonias israelíes y la construcción de vías que las conectan entre sí.
Por supuesto, todo esto es respaldado por el Gobierno israelí a través de la inyección de recursos -más de 200 millones de dólares para la construcción de colonias, según el informe- que han desembocado en que, entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, se hayan construido 57 nuevas colonias, refiere Albanese.
Grandes empresas inmobiliarias como el grupo Keller Williams ofrecen viviendas para colonos e inversores extranjeros donde, a través de la franquicia Home in Israel, organizaron una gira de promoción inmobiliaria en Estados Unidos y Canadá.
El sector del turismo, a través de las principales plataformas de viajes en línea, también encontró la manera de lucrarse en la economía del despojo y del genocidio.
Airbnb y Booking son señaladas en este informe de ofrecer habitaciones de hotel en los territorios ocupados para aumentar sus anuncios desde 2018, llegando en el caso de la primera a los 350 anuncios en 2025, donde cobran altísimas comisiones.
Petróleo sangriento
Chevron, en complicidad con la empresa israelí New Med Energy, subsidiaria del Grupo Derek (que se encuentra en las bases de datos de la ONU), se beneficia de la situación al hacer uso del gasoducto del Mediterráneo Oriental (EastMed) que pasa por territorio marítimo de Palestina (que no puede hacer uso de este), para dotar de energía tanto a territorio israelí como a territorios ocupados a través de líneas de suministro.
Igualmente, Chevron, BP y otras empresas que aparecen en la base de datos de la ONU dispensan petróleo crudo a las refinerías israelíes donde producen combustible para su flota de aviones, encargados de ejecutar el genocidio y destruir infraestructura civil.
Carbón y genocidio
En cuanto a la estadounidense Drummond y la suiza Glencore, que suministraron en 2023 el 60% de las importaciones de carbón a Israel, proveniente de Colombia, también son señaladas en el informe de participar indirectamente en el despojo del pueblo palestino, puesto que ofrecen suministro energético a las colonias.
Cabe señalar que, si bien el Presidente de Colombia suspendió las exportaciones de carbón a Israel en agosto de 2024 a modo de sanción unilateral por el genocidio en curso, recientemente se conoció que, tras la firma del decreto de suspensión, salieron al menos seis cargamentos de carbón con destino a ese país. Sin embargo, algunos analistas afirman que esta medida podría afectar más a Colombia.
Aunque las exportaciones a Israel solo representan un 5% del total, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en el mercado hay otros competidores por encima de Colombia en la producción de carbón que pueden fácilmente suplir la demanda israelí, por lo cual es necesario reiterar y hacer el llamado para que más países se sumen a las sanciones contra Israel.
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Hambruna palestina
Según el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, empresas de alimentos y distribución de productos se han favorecido de este despojo.
Tnuva, el mayor conglomerado de alimentos israelí, se enriquece con la distribución de sus productos en las colonias, mientras que la debilitada economía palestina enfrenta el reemplazo de los productores locales palestinos.
Detalla el informe que la producción de alimentos para pobladores israelíes es llevada a cabo en parte mediante el establecimiento de puestos agrícolas en tierras palestinas, que venden productos que incluso son ofrecidos en Amazon.
Así mismo, la participación de empresas que se dedican a la instalación de sistemas de riego por goteo como Netafim -perteneciente en un 80% a la mexicana Orbia Advance Corporation- explota el agua y el suelo palestino mientras obtienen ganancias con la ocupación ilegal.
Todo esto es soportado por el sector financiero. El informe menciona a BNP Paribas y Barclays, así como firmas de gestión de activos como Blackrock, Vanguard y PIMCO.
Igualmente, corporaciones financieras de todo el mundo contribuyen con la compra de bonos del Tesoro israelí, que a su vez tienen inversiones en las principales fabricantes de armas.
Iceberg corporativo
A todo esto, se suma el soporte ideológico que brindan centros de pensamiento, museos y universidades a través de las facultades de derecho, los departamentos de arqueología y los estudios sobre Asia occidental que contribuyen a la reproducción del discurso estatal, borran la historia palestina y justifican la ocupación.
La Relatora Especial sobre derechos humanos en territorio palestino ocupado recalcó que todo esto solo representa una fracción del iceberg corporativo que se nutre del genocidio, el robo de tierras y recursos que sufre el pueblo palestino a manos de Israel.
Mientras tanto, a la población palestina se le niega el acceso a su propia tierra y a sus propios recursos naturales como el agua.
Recientemente, el Integrated Food Security Phase Classification y organismos de la ONU alertaron sobre la hambruna que sufren los gazatíes.
Así mismo, el suministro de electricidad, que es esencial para el funcionamiento de hospitales y plantas desalinizadoras, es restringido con el propósito de deteriorar las condiciones de vida de los palestinos, mientras que diariamente se inyectan y extraen grandes recursos de la economía, en medio del genocidio.
Corporaciones financieras también son responsables del genocidio
Todas estas empresas mencionadas son solo parte del entramado corporativo que se nutre de los peores vejámenes vistos por la humanidad, como lo afirman diversas organizaciones sociales que nunca dudaron en denunciar el genocidio que sufre el pueblo palestino a manos de Israel.
Expresan que no se puede simplemente transferir la responsabilidad a los usuarios que contribuyen pasivamente mediante la compra de bienes y servicios.
Afirman que deben ser las empresas y sus directivas las que respondan civil y penalmente por los delitos en curso. Mientras esto ocurren, las organizaciones de la sociedad civil anuncian que continuarán con la visibilización de lo que ocurre en Palestina y la presión para que se detenga el genocidio.
Rechazo del genocidio
Recientemente, en Bogotá se realizó en una sede de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) la Asamblea Nacional del Movimiento Boicot, Desfinanciación y Sanción (BDS).
Esta es la coalición más destacada a nivel mundial para poner fin a la complicidad entre Estados, empresas e instituciones civiles con el genocidio en Gaza. Se articulan políticamente y se declararon como un espacio libre de apartheid, rechazan el sionismo y fortalecen las campañas contra las multinacionales cómplices del genocidio del pueblo palestino.
Así mismo, el pasado 29 de julio fue conocida una carta firmada por 31 personalidades israelíes reconocidas dentro de la que se encuentra el ganador del Óscar a mejor documental Yuval Abraham. Solicitaron a la comunidad internacional imponer sanciones drásticas contra Israel por sus crímenes contra la humanidad.
Basel Adra (Palestina), Rachel Szor (Israel), Hamdan Ballal (Palestina) y Yuval Abraham (Israel)
De igual forma, a comienzos de agosto, Bilaterals.org compartió una carta firmada por 50 premios nacionales costarricenses en diferentes ámbitos académicos y culturales dirigida al Presidente de la Asamblea Legislativa para exigir que no sea aprobado el Tratado de Libre Comercio con Israel por razones de “justicia, de moralidad y de coherencia”.
Por otro lado, Naciones Unidas, a través de varios expertos en derechos humanos, advirtió desde 2024 la necesidad de exigir a los Estados y sus empresas dejar de enviar armas, piezas y componentes a las fuerzas israelíes por el riesgo de ser cómplices de graves violaciones a los derechos humanos.
Además, la Unión Europea modificó en junio su normativa sobre visados para facilitar a los países integrantes suspender los viajes de corta duración sin visado, para incluir las violaciones a derechos humanos.
Según la cadena Euro News, la medida fue tomada tras considerar los crímenes cometidos por el Estado de Israel. Sin embargo, esta medida solo agiliza la suspensión en caso de que los Estados integrantes así lo decidan.
Francesca Albanese
Persecusión de Trump contra Francesca Albanese
Por su parte, el Gobierno Trump respondió con la imposición de sanciones contra la autora del informe, Francesca Albanese.
La acusan de “colaborar directamente con la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin consentimiento de ambos países”. Explican que ninguno de estos ha suscrito el Estatuto de Roma, por lo que sus acciones se enmarcarían en una violación a su soberanía.
*Juan José Velásquez es estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional
CI JV/FC/17/08/2025/08:00
