De acuerdo con Colombia Fintech el inicio de la temporada de pago de impuestos volvió a poner en evidencia una fricción normativa que complica la vida de millones de contribuyentes: las resoluciones vigentes desde el año 2000 que regulan el recaudo tributario limitan a solo 13 entidades autorizadas la posibilidad de cobrar impuestos nacionales, impidiendo que neobancos y otras entidades digitales acepten pagos directos desde las cuentas de sus clientes.
La normativa —representada en la Resolución 0008 de 2000 del Ministerio de Hacienda y la Resolución 0478 de 2000 de la Dian— obliga a que los pagos se realicen en efectivo, con cheques o con tarjetas emitidas por los establecimientos bancarios autorizados y exige una autorización previa de la Dian para habilitar nuevos mecanismos de pago. Para la entidad, ese marco, diseñado antes de la expansión masiva de canales digitales, no contempla la realidad actual del mercado financiero local.
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Según datos citados por Colombia Fintech, para mayo de 2025 más de 13,8 millones de colombianos tenían cuentas en neobancos o depósitos de bajo monto. Sin embargo, por la restricción normativa esos usuarios no pueden pagar tributos desde sus cuentas habituales y se ven obligados a transferir fondos hacia bancos autorizados —operación que, además de generar costos como el cobro del 4×1000, puede afectar el registro de ingresos en la declaración de renta.
“El país enfrenta una crisis de recaudo; habilitar más opciones para el pago de impuestos no solo responde a los cambios tecnológicos y a las nuevas preferencias del usuario, sino que puede ser una vía concreta para aumentar el recaudo, fortalecer la competencia y avanzar en inclusión financiera”, afirmó Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech.
Como medida de corto plazo, la asociación propone que, con previa coordinación con la Dian, se habiliten procedimientos que permitan a entidades no recaudadoras actuar como originadoras de pagos mediante alianzas con bancos autorizados, sin alterar el marco de responsabilidades actual. A mediano y largo plazo plantean una revisión integral de la regulación para permitir que más actores —neobancos, cooperativas y billeteras digitales— participen del sistema de recaudo.
Un total de 80.000 bitcoins fueron movidos desde ocho billeteras inactivas desde 2011. Foto:iStock
El argumento de Colombia Fintech es que la capacidad técnica y operativa de estos nuevos actores ya existe y que mecanismos como PSE demuestran que es posible mantener trazabilidad, seguridad y eficiencia en pagos de bajo valor. Además, citan experiencias regionales donde fintech y billeteras digitales ya facilitan el cumplimiento tributario sin poner en riesgo la supervisión fiscal.
Tanto el Gobierno y de la Dian no se han pronunciado públicamente sobre propuestas concretas de flexibilización normativa al cierre de esta nota. En tanto, contribuyentes digitales continúan enfrentando la necesidad de trasladar recursos entre cuentas, una fricción con costo real en tiempos en que las transacciones digitales dominan la economía cotidiana.
Para el gremio la discusión abre un pulso entre la urgencia fiscal y la adaptación regulatoria: mientras el país busca mejorar los ingresos, modernizar el recaudo aparece como una intervención práctica y de bajo costo para facilitar el cumplimiento y ampliar la base de contribuyentes.
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