A 85.000 ascienden los afectados por la guerra en El Catatumbo entre el ELN y disidencias de las Farc

La crisis humanitaria en la problemática región de El Catatumbo (Norte de Santander), en el área fronteriza con Venezuela, ha cumplido un mes, mientras la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc Frente 33 y el ELN luchan por el control de las rutas del narcotráfico.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha declarado conmoción interior en esta área, pero hasta ahora solo ha propuesto nuevos impuestos para financiar el apoyo a la población afectada, sin restablecer el orden público, a pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública. Actualmente, se estima que **casi 85,000 personas han sufrido el impacto de la crisis**, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en su informe del 16 de febrero.

La representante de Acnur en Colombia, Mireille Girard, indicó que **84,621 personas sufren por la violencia en El Catatumbo**, de las cuales 52,286 son víctimas de desplazamiento forzado, 19,000 enfrentan restricciones de movilidad en sus territorios, 8,668 están en confinamiento forzado y 4,667 son refugiados y migrantes venezolanos.

“La violencia en el Catatumbo ha llevado al mayor desplazamiento masivo registrado en Colombia. Muchas comunidades y familias están confinadas con movilidad restringida y acceso limitado a alimentos, atención médica y asistencia humanitaria”, expresó Girard.

No se tiene una cifra clara de los muertos a causa de los combates entre el ELN y el Frente 33, pero actualmente se estima que **56 personas han fallecido por los enfrentamientos** en las zonas rurales de los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Además, la representante de Acnur señaló que las comunidades indígenas Yukpa y Barí que habitan entre Colombia y Venezuela también se encuentran afectadas por esta crisis.

Esta tragedia humanitaria ha tenido un fuerte impacto en los menores de edad, quienes no han podido regresar a clases durante el mes de los enfrentamientos, ya que muchos docentes han abandonado la región, dejando a los niños vulnerables a fenómenos violentos como “violencia de género y reclutamiento forzado”, según destacó la representante de Acnur.

“La situación es extremadamente alarmante para las comunidades en estas áreas, especialmente para las personas indígenas y afrodescendientes que están desproporcionadamente afectadas por estar en zonas disputadas por múltiples grupos armados,” advirtió.

En respuesta a la complicada situación de seguridad, las Fuerzas Militares y la Policía están llevando a cabo la operación Catatumbo para combatir la violencia en Norte de Santander.

En la región hay **9,487 efectivos desplegados**, y se planea enviar **1,158 refuerzos** y la llegada de **496 nuevos policías**, junto con **428 miembros de Fuerzas Especiales para operaciones terrestres**, según informes de Noticias Caracol.

Además, **se han efectuado 15 arrestos de miembros de grupos armados organizados** en respuesta a estas acciones, mientras que **97 insurgentes de las disidencias de las Farc se han sometido a la justicia**, aunque solo **dos guerrilleros del ELN han decidido desmovilizarse** y un insurgente ha muerto en combates con la Fuerza Pública.

Asimismo, **la Fuerza Pública ha rescatado a 20 menores de edad de ser reclutados forzosamente** por el ELN o el Frente 33.

En Noticias Caracol, se recuerda que el Gobierno planea dos fases para abordar la crisis en Catatumbo: la primera, enfocada en la recuperación humanitaria, y la segunda, la ofensiva, donde la Fuerza Pública ha realizado seis enfrentamientos en áreas rurales de Tibú, El Tarra, Teorama y Lourdes.

Por otro lado, aunque se ha brindado ayuda en Cúcuta y en los principales municipios de Tibú y Ocaña, así como en menor medida en Bucaramanga, Medellín y Bogotá, las autoridades locales advierten que sus capacidades han sido superadas, temiendo un colapso en la asistencia a las personas que huyen de la violencia.

La representante de Acnur indica que si bien cumplen con su trabajo, las alcaldías se encuentran desbordadas y sus recursos se han agotado rápidamente ante la magnitud de la crisis.

“Es crucial que el Estado esté presente en estas áreas con servicios adecuados y para efectivamente proteger a las personas, además de poner fin a la violencia para que las comunidades del Catatumbo puedan vivir en paz, que es lo único que demandan”, afirmó.

Tibú es uno de los municipios más impactados por el desplazamiento forzado, y su alcalde Richard Claro ha solicitado asistencia al Gobierno Nacional, donde actualmente están atendiendo a **13,000 desplazados**.

“Se ha notado un incremento en la militarización y el trabajo de la Fuerza Pública en la recuperación de la seguridad del municipio, pero insistimos en que se requiere una presencia institucional para garantizar el acceso a derechos de la población civil”, declaró en una entrevista con Noticias Caracol.

También hizo un llamado de alerta porque los enfrentamientos están llegando al centro urbano del municipio, donde se reportan homicidios selectivos, a pesar de los esfuerzos de los uniformados, reiterando la necesidad de contar con representantes de organismos como la Fiscalía General de la Nación.