Todo lo que debes saber sobre la Ley Ángel: claves esenciales de la nueva normativa contra el maltrato animal en Colombia.

En un paso notable por los derechos de los animales en Colombia, el Congreso aprobó unánimemente la Ley Ángel, una regulación que se erige como la herramienta legal más crucial en el país para enfrentar las manifestaciones más severas de violencia contra los animales. Esta legislación incorpora medidas penales, administrativas y educativas que pretenden asegurar la salvaguarda y el bienestar de los animales en todo el territorio nacional.

La Ley Ángel estipula un endurecimiento de las sanciones para aquellos que realicen actos de crueldad hacia los animales. Entre las normas más sobresalientes, se destaca el incremento de la pena privativa de libertad para quienes causen la muerte intencionada de un animal, lo lastimen gravemente o lo sometan a abusos sexuales. Estas penas superarán los tres años de reclusión, lo que significa que estos delitos no serán excarcelables. Asimismo, las sanciones económicas se aumentarán considerablemente, pasando de cinco salarios mínimos mensuales a un rango de 15 a 30 salarios mínimos en situaciones de lesiones graves, y de 30 a 60 salarios mínimos cuando el acto cause la muerte del animal.

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La legislación incorpora nuevos agravantes en los delitos contra los animales. Entre estos, se incluye la violencia vicaria, que se define como el uso de un animal para causar daño emocional a otra persona; la difusión de pornografía o escenas de violencia hacia los animales, y la agresión a animales en el marco de actividades comerciales. También se castigará la mutilación de animales, entre otras conductas.

Asimismo, el estatuto contempla penas complementarias, como la prohibición de poseer animales durante un período que puede extenderse hasta el doble de la pena principal. Además, se establecerá la inhabilitación para desempeñar profesiones u oficios relacionados con animales, con el fin de prevenir que los condenados recaigan en estos comportamientos. Asimismo, se creará un registro de individuos condenados por delitos contra los animales, que estará bajo la responsabilidad de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Un aspecto novedoso de la Ley Ángel es la obligación que tiene la Fiscalía de desarrollar guías técnicas forenses que permitan a cualquier médico veterinario del país emitir dictámenes periciales que sirvan como evidencia en los procesos judiciales. Esto se debe a una problemática actual, ya que numerosos casos de maltrato animal no avanzan debido a la falta de respaldo técnico adecuado.

En el ámbito administrativo, la Ley Ángel otorga a la Policía Nacional la facultad de ingresar a propiedades privadas cuando exista evidencia clara de que un animal está en peligro inminente. Esta medida tiene como propósito asegurar una respuesta inmediata en situaciones de emergencia, donde la intervención oportuna puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte del animal.

Además, la legislación demanda la creación de una ruta nacional de atención al maltrato animal, que debe estar disponibleen todos los departamentos del país. Esta vía también incluirá un protocolo particular para abordar a los animales que hayan sido víctimas del conflicto bélico, un enfoque innovador que reconoce el efecto de la violencia en el contexto del conflicto colombiano.

La legislación también establece un procedimiento sancionador para situaciones de maltrato animal que no sean considerados delitos, con el fin de acelerar los trámites y aplicar sanciones de forma más efectiva. De igual manera, se penalizará el abandono de animales, una problemática que perjudica a miles de ellos en el país.

En el ámbito educativo, la Ley Ángel aspira a propiciar un cambio cultural a través de la sensibilización y entrenamiento de los operadores de justicia. Fiscales, jueces, inspectores de policía y personeros municipales y distritales deberán recibir capacitación obligatoria en temas de protección animal. Esta medida tiene como propósito asegurar que quienes administran justicia dispongan de las herramientas necesarias para abordar los casos de maltrato animal de manera adecuada.

Por otro lado, la normativa incluye la posibilidad de que quienes realicen actos de maltrato leve puedan cumplir su sanción asistiendo a cursos sobre protección animal. Esta disposición busca promover la educación y la reflexión como una forma de prevenir futuras conductas violentas hacia los animales.

Con la sólida aprobación en el Congreso, el documento de la Ley Ángel deberá ser conciliado entre la Cámara de Representantes y el Senado antes de que sea sancionado por el presidente Gustavo Petro. Una vez promulgada, esta legislación significará un cambio significativo en la manera en que Colombia contempla la protección animal, estableciendo un marco legal sólido para prevenir y sancionar la violencia contra los animales.

Finalmente, la senadora Andrea Padilla, una de las principales promotoras de esta ley, subrayó la relevancia de la Ley Ángel como un avance histórico en la lucha contra la violencia hacia los animales en Colombia. En sus declaraciones, aseguró: “La Ley Ángel aprobada de manera unánime en la Cámara de Representantes y el Senado se convierte sin lugar a dudas en la herramienta legislativa más relevante en Colombia para combatir las peores formas de violencia que sufren los animales en nuestro país.”

También destacó la creación de rutas de atención tanto para el maltrato animal como para aquellos animales afectados por el conflicto armado, así como la obligatoriedad de la formación de los operadores de justicia.