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el abogado Jaime Lombana, quien es el defensor de la empresa de servicios públicos Air-e, la cual está intervenida desde hace más de un año por la Superintendencia de Servicios Públicosafirmó que el anuncio del Gobierno Nacional de proceder a la liquidación de la compañía podría haber intereses extraños.
“Preocupa mucho que, en la intención de liquidar la empresa, pueda existir un interés oculto en desaparecer evidencias o encubrir las irregularidades ocurridas durante la intervención, las cuales han sido debidamente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación”, afirmó Lombana, quien reveló que interpondrá los recursos de ley para tratar de evitar “conductas desvaloradas jurídicamente”.
Carlos Diago primer interventor de la empresa. Foto:Archivo EL TIEMPO
Con relación a la custodia y preservación de toda la información contable y contractual en medio del proceso liquidatorio, el abogado afirmó que “hay muchos obstáculos en obtener la información contable, financiera y técnica actual de Air-e, situación que ha sido denunciada no solo por nosotros, sino también por los gremios del Caribe, la Contraloría y la Procuraduría. La Fiscalía investiga esas conductas, se requieren conclusiones rápidas. Pero la administración de la intervención, en su transparencia, eficiencia y objetividad tiene serios cuestionamientos lo que podría generar responsabilidades. frente al bien jurídico de la administración pública”.
Lombaña resaltó que Air-e nunca fue financieramente inviable; enfrentó un desequilibrio temporal de caja: le debían 5,3 billones de pesos, de los cuales 1,6 billones correspondían a deudas del propio Estado colombiano, frente a lo que debía Air-e a sus proveedores que eran 411 mil millones vencidos, es decir las cuentas por pagar eran doce veces menos que las cuentas por cobrar.
Solo en subsidios, el Estado le adeudaba 253 mil millones de pesos, sin contar los aproximadamente 400 mil millones adicionales correspondientes a la opción tarifaria. Luego no se entiende objetivamente el afán de la liquidación.
Abogado Jaime Lombana. Foto:César Melgarejo/El Tiempo
A la pregunta de cuál es para él, el impacto real y tangible de la intervención, el jurista señaló que ha sido un “desastre”. “Cuando la Superservicios concluyó la intervención, la empresa no requería una reestructuración ni recursos adicionales. Solo era necesario regular los exorbitantes costos de generación y pagar las deudas pendientes por subsidios y opción tarifaria. No obstante, la intervención ha sido un desastre para la empresa, llevándola a un deterioro financiero y operativo. En solo 14 meses han pasado cuatro interventores, sin experiencia en el sector, generando denuncias de posible corrupción reveladas por los medios e investigadas por la Procuraduría y la Fiscalía. Dejaron de pagar la energía —el principal costo de la operación— y, aun así, no han realizado una sola inversión, como lo confirma el propio agente interventor ante el Senado.
Con respecto a las cifras exactas que definían, según él, la viabilidad de la compañía antes de la intervención, Lombana explicó que el grupo empresarial que representa a la empresa perdió 60 mil millones mensuales al momento de su adquisición, y con disciplina, trabajo y orden la llevó a tener EBITDA (ganancias después del pago de impuestos) positivo finalizando el segundo año.
Fachada de la sede de Air-e en Barranquilla. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo
La controversia por la calidad del servicio.
En cuanto a las quejas de los usuarios sobre la calidad del servicio de Air-e, que se presentó antes de la intervención y se siguen registrando ahora, el abogado aseveró: “En materia de mejoras de calidad, según ASOCODIS (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica), en los tres años completos que operó Air-e, la empresa logró el mejor resultado en calidad SAIDI (cantidad de horas promedio sin energía) y SAIFI (veces promedio que se va la energía) entre todas las empresas del país, alcanzando las metas regulatorias del 2030 seis años antes”.
Otro frente de discusión que ha surgido durante la intervención ha sido el de presuntos hechos de corrupción, los cuales están bajo indagación de la Fiscalía. Hay denuncias que vinculan a empresas relacionadas con el jefe de compras y supuestos contratos millonarios, el caso William Vélez y los sobrecostos en la adquisición de transformadores.
Jaime Lombana, abogado. Foto:Andrea Moreno/El Tiempo
Al respecto Lombana indicó que las autoridades tienen derecho a investigar. “El tema de Interaseo es toda una novela oscura que merece una respuesta de la justicia, pedimos que investigue rápido, que la justicia diga si es verdad que recibió más de 200 mil millones, cifra que no era una obligación determinada, expresa ni exigible, porque estaba en pleno debate litigioso como se denuncia por respetables medios de comunicación, o si es cierto que un jefe de compras junto con su esposa creó una empresa poco antes de adjudicarse un contrato a él mismo, comprándoles a los mismos proveedores de antes, pero cobrando un 50 % más a Air-e, también se requiere que la justicia lo investigue y califique”.
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