Colombia
Alcaldes del Atlántico Cuestionan Paz Total por Ola de Violencia y Extorsión
Alcaldes Atlántico Paz Total ha sido objeto de serios cuestionamientos por parte de los mandatarios locales, quienes expresaron preocupación ante el deterioro de la seguridad en el departamento. La política de Paz Total es la estrategia del Gobierno colombiano que busca negociar la paz con grupos armados ilegales para reducir la violencia en el país. Los alcaldes alertan sobre el aumento de la extorsión y los hechos violentos, que impactan la vida cotidiana y la economía local.
¿Por qué los alcaldes del Atlántico cuestionan la Paz Total?
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue uno de los primeros en manifestar públicamente su inquietud. Durante recorridos en sectores populares de la ciudad, Char recogió testimonios que evidencian un panorama dominado por el miedo y la presión de estructuras criminales. Según sus declaraciones, la extorsión se ha generalizado, obligando a comerciantes y familias a tomar medidas drásticas para su protección.
La inseguridad ha provocado que muchas viviendas refuercen sus cerramientos y que pequeños negocios deban cerrar sus puertas al no poder asumir los cobros ilegales. Este escenario, según Char, contrasta con los objetivos de reducción de la violencia propuestos por la política de Paz Total, reflejando un debilitamiento del control territorial aprovechado por el crimen organizado. El 12 de abril de 2026, los alcaldes señalaron la urgencia de medidas gubernamentales.
Impacto de la Violencia en el Atlántico
La preocupación no se limita a Barranquilla. Municipios como Sabanagrande, Polonuevo y Baranoa también han levantado la voz por la violencia que afecta a sus comunidades. En Sabanagrande, una marcha por la paz evidenció la angustia colectiva tras varios episodios de inseguridad.
El fenómeno de la extorsión ha afectado la economía barrial. Comerciantes denuncian cobros sistemáticos que reducen sus márgenes y, en muchos casos, los obligan a cesar actividades. Este cierre de tiendas y pequeños establecimientos es una señal visible del problema, especialmente en sectores donde son la principal fuente de ingresos.
Las principales consecuencias de esta situación, según los mandatarios, incluyen:
Incremento de la extorsión a comerciantes y ciudadanos.
Cierre de pequeños y medianos negocios en barrios populares.
Aumento del temor y la sensación de inseguridad entre los habitantes.
Debilitamiento del control territorial por parte de las autoridades.
* Impacto negativo en la economía local y el empleo.
Analistas de seguridad, citados por medios como El Tiempo, han advertido que el aumento de denuncias por extorsión coincide con la operación de grupos que intimidan a través de panfletos y amenazas, consolidando economías ilegales en diferentes puntos del departamento. La situación demanda una revisión de las estrategias actuales de seguridad.
Los alcaldes del departamento del Atlántico esperan una respuesta coordinada y efectiva del Gobierno nacional para contrarrestar la violencia y la extorsión, restaurando la tranquilidad en la región y protegiendo las economías locales. Puede encontrar más noticias de Colombia en nuestra sección especializada.
