La firma calificadora de riesgo Moody’s emitió el 10 de abril un documento en el que manifiesta inquietud por la viabilidad fiscal de Colombia y advierte que la disminución de los ingresos impositivos, junto con el aumento de la presión fiscal, podría poner en riesgo el cumplimiento de la normativa fiscal en 2025.
Asimismo, evaluó que la creciente inestabilidad política de Colombia representa un obstáculo considerable para las condiciones de financiamiento del país.
Según el documento, la incerteza política, que se ha agudizado en los últimos meses, impacta tanto la estabilidad económica como la confianza de los inversores internacionales, complicando el acceso a financiamiento a tasas competitivas.
“La política seguirá jugando un papel determinante en la confianza de los inversores en 2025, que influirá en la economía real y en la recuperación del PIB —aunque proyectamos que el crecimiento económico se acelerará alrededor del 2,5 % este año desde el 1,7 % en 2024, este valor es inferior a nuestra proyección de un crecimiento tendencial superior al 3 % debido a una dinámica de inversión aún frágil—, así como en los mercados financieros,” menciona el documento.
La agencia resaltó que las tensiones entre el Gobierno y diversos sectores políticos, junto con las propuestas de reformas que provocan controversia, contribuyen a una atmósfera de incerteza que podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica a corto y mediano plazo.
Moody’s enfatizó que este escenario podría aumentar el riesgo país, lo que, a su vez, incrementaría el costo del crédito para Colombia y disminuiría las inversiones extranjeras.
“Una fortaleza esencial del perfil crediticio de Colombia radica en su historial de políticas macroeconómicas prudentes, que incluyen la independencia del banco central, y el papel de los controles y equilibrios para mitigar cambios drásticos en las políticas. Desde el inicio de la administración de Gustavo Petro en agosto de 2022, el Congreso y los tribunales han restringido de forma efectiva las modificaciones políticas que podrían haber alterado de manera significativa el rol del Estado en la economía y aumentado el estrés fiscal”, señala el documento.
Asimismo, la inestabilidad política dificulta —según la calificadora— la ejecución de políticas públicas coherentes y sostenibles que puedan mejorar las condiciones económicas y reforzar la confianza de los mercados.
Esto podría desembocar en un entorno económico más complejo, con mayores retos para el Gobierno en su esfuerzo por manejar el déficit fiscal y mantener la calificación crediticia del país.
