La seguridad en el Pacífico vallecaucano dio un salto tecnológico, pero no sin debate político. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció la entrega oficial de un avanzado sistema antidrones a la Armada Nacional en la base de Bahía Málaga.
La herramienta busca neutralizar una de las amenazas más recientes y críticas para la Fuerza Pública: los ataques con artefactos explosivos lanzados desde el aire.
El nuevo equipo, adquirido con recursos de la Tasa de Seguridad, tiene la capacidad de detectar dispositivos no tripulados en una radio de hasta 5 kilómetros.
a la @ArmadaColombia le cumplimos: los marinos en Bahía Málaga ya cuentan con el nuevo sistema antidrones que adquirimos con recursos de la Tasa de Seguridad, una herramienta clave para cuidar a los vallecaucanos y fortalecer la seguridad en nuestro Pacífico.
Durante el último… pic.twitter.com/hDjSMVVwB0
— Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) 20 de febrero de 2026
Según la mandataria, el sistema puede identificar más de 10 frecuencias distintas, lo que permitirá a los marinos anticiparse a incursiones hostiles y fortalecer la vigilancia en las rutas fluviales y marítimas del departamento.
“El Valle del Cauca no es indiferente frente a las amenazas que enfrentan nuestros marinos”, afirmó Toro, subrayando que durante el último año la Armada ha sido blanca constante de atentados con drones. Con esta dotación, la administración departamental busca blindar tanto a la población civil como a los uniformados en una zona históricamente golpeada por el conflicto.
La otra cara: cuestionamientos a la Tasa de Seguridad
Ariel Ávila, Senador. Foto:Prensa Senado.
A pesar del avance técnico, la inversión ha reabierto una fuerte herida política.
El senador Ariel Ávila lanzó duras críticas contra la gestión de estos recursos, señalando que, a 10 años de la creación de la Tasa de Seguridad, los resultados en indicadores de criminalidad —como homicidios y secuestros— muestran un deterioro preocupante hacia 2025 y 2026.
Ávila sostiene que existe una “opacidad sistemática” en el manejo del dinero recaudado. Entre sus denuncias más graves destaca que, entre 2018 y 2023, se habrían destinado cerca de 6.000 millones de pesos únicamente en asesorías jurídicas para defender la vigencia del tributo, en lugar de invertirlos directamente en equipamiento o inteligencia.
La seguridad de nuestro Valle no hay evidencia de progreso.
“La seguridad de nuestro Valle no evidencia progreso. Hay sospechosos crecimientos exponenciales de la inversión en épocas preelectorales“, señaló el senador.
El debate no se limita al monto, sino a quién ejecuta el gasto. El senador cuestionó que el programa de Gestores de Convivencia, que ya suma 56.000 millones de pesos, haya estado concentrado en un solo proveedor: la empresa Gestión y Servicios Corporativos.
Según Ávila, este modelo de contratación único bajo la administración de Dilian Francisca Toro sugiere un posible uso clientelar de los recursos de seguridad.
