[ad_1]
En la montaña sur de Bogotá, donde la ciudad se confunde con los cultivos, un grupo de estafadores convirtió la tierra en trampa. Allí, en la vereda Quiba Baja, hombres que se hacían pasar por intermediarios y vendedores de terrenos levantaron una red de postes eléctricos robados y ofrecieron pedazos de suelo a familias humildes.
Prometían lotes entre 12 y 15 millones de pesos, ‘listos para construir’, en un paraje donde la ley prohíbe hacerlo. Lo que parecía el comienzo del sueño de una casa propia terminó siendo una pesadilla jurídica y económica.
Según el Decreto 555 de 2021 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), esa zona de Ciudad Bolívar está clasificada como agropecuaria, por lo que no se pueden urbanizar ni levantar viviendas. Pero la mafia de los llamados ‘tierreros’ no se detuvo: falsificó escrituras, trazó calles de barro y hasta instaló redes eléctricas para dar apariencia de legalidad.
La instalación irregular de redes buscaba darle apariencia de legalidad a los terrenos. Foto:Secretaría de Seguridad.
No vamos a frenar nuestra ofensiva contra los ‘tierreros’ en Bogotá. Ofrecer terrenos de manera fraudulenta no solo es estar y jugar con los sueños de decenas de familias necesitadas, sino que además pone en jaque los recursos ambientales de la ciudad.
El operativo
En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá, el grupo de Carabineros y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, las autoridades llegaron hasta los terrenos para frenar la expansión de esta estructura criminal.
Con el apoyo de Enel-Codensa, se desmontaron ocho postes de luz que habían sido robados en otros puntos de la ciudad e instalados de manera fraudulenta en los lotes. También se recuperaron 1.400 metros de cable, conectados a las redes de media tensión que alimentan el barrio Bella Flor, una zona legal del borde urbano-rural.
Esa instalación ilegal no era solo una forma de abastecer de energía a las casuchas improvisadas: era la fachada que los estafadores usaban para convencer a los compradores de que el terreno “ya tenía servicios”. Con el desmonte, se afectarán las rentas criminales de los ‘tierreros’ en más de 30 millones de pesos.
El operativo interinstitucional afectó las rentas criminales. Foto:Secretaría de Seguridad.
El operativo se ejecutó luego de una resolución de control emitida por la corregidora de la Secretaría Distrital de Gobierno, que ordenó retirar las estructuras ilegales.
Según las autoridades, esta red de estafadores ofrecía los lotes como “una oportunidad única” y prometía escrituras inexistentes, desconociendo que la ley sanciona estas prácticas.
“No vamos a frenar nuestra ofensiva en contra de los ‘tierreros’ en Bogotá. Ofrecer terrenos de manera fraudulenta no solo es estafar y jugar con los sueños de decenas de familias necesitadas, sino que además pone en jaque los recursos ambientales de la ciudad”, advirtió el Secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.
Las víctimas, muchas de ellas desplazadas o familias de bajos ingresos, quedaron con recibos y papeles falsos. Además, quienes compran en estas zonas —recuerdan las autoridades— pueden incurrir en el delito de urbanización ilegal, contemplado en el artículo 318 del Código Penal.
Denunciar para proteger el territorio
Durante la jornada, equipos de la Secretaría de Seguridad brindaron acompañamiento a los residentes, invitándolos a denunciar a los responsables de las compras. Las denuncias permitirán avanzar en los procesos judiciales contra los cabecillas de esta estructura que, bajo la fachada de “loteo social”, pone en riesgo tanto a las familias como a los ecosistemas de la ciudad.
Estas acciones hacen parte de una estrategia interinstitucional para frenar el avance de las mafias que parcelan las montañas y degradan los suelos rurales. Los operativos continuarán en otras localidades de Bogotá, en defensa del orden urbano y el ambiente.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía: quien esté pensando en comprar un lote o vivienda debe verificar su legalidad antes de entregar dinero. Para resolver dudas, la línea habilitada es 358 1600, extensión 6005. Y para denunciar ventas fraudulentas, se puede acudir a la Línea 123 o al equipo AIDE de la Secretaría de Seguridad, en el teléfono (601) 3779595, extensión 1137.
CAROL MALAVER
SUBEDITOR BOGOTÁ
Escríbanos a carmal@eltiempo.com
Lea también:
[ad_2]
