Así desangran el Soat en Colombia, clínicas hospitales y personas naturales

IPS de papel, pacientes repetidos, cuentas falsas, exceso de facturas de vehículos desconocidos, pero también ‘pitufeo’ y ‘gemeleo’, son algunas de las irregularidades encontradas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, en el pago del Soat a clínicas y hospitales del país.

La denuncia fue hecha por Félix León Martínez, director de la entidad, quien indicó que desde el año pasado vienen adelantando rigurosas auditorías a centros médicos, pero también a personas naturales que, mediante acciones fraudulentas, buscan “desbancar los recursos del Estado”.

Y calificó como “una cosa espantosa” los siniestros viales en el país, luego de señalar que el número de lesionados al año alcanza cerca del millón de personas, según las cuentas presentadas por clínicas y hospitales a Fasecolda y al Adres, para vehículos no asegurados o no identificados.

De ellos, más de seis mil fallecen. “Es una verdadera epidemia, un problema de salud pública que nos está costando toda una generación de jóvenes; es una fábrica de pobreza por el impacto a las familias”, afirmó Martínez.

Al parecer, esta problemática social es usada por verdaderas “mafias” para desangrar el sistema del Soat en Colombia.

En los últimos dos años, la Adres ha tomado distintas medidas al encontrar marcadas irregularidades en los procesos, ya que anteriormente se limitaba a hacer una auditoría propia o contratada de documentos.

“Rápido encontramos que había muchas situaciones con las instituciones o ciertas particularidades en las cuentas, y empezamos a solicitar que la auditoría no se limitara únicamente a revisar los papeles”, indicó.

Por eso, organizaron tanto a nivel interno de Adres como con las firmas auditoras contratadas visitas aleatorias a las clínicas que les facturaban, y también cuando hubiera sospecha de alguna irregularidad.

La primera sorpresa con la que se toparon fue que algunas de estas clínicas ni siquiera existían en la realidad, después de buscarlas con Google, “porque las buscamos por satélite y nos dimos cuenta de que no había instituciones en las direcciones reportadas”, expresó Martínez.

Cuando mandaron equipos a verificar en detalle, buscando errores posibles en cambios de dirección, descubrieron una serie de IPS que “yo llamaría de papel, porque, cuando vas a ver, no tienen instalaciones adecuadas para prestar estos servicios y algunas ni siquiera tenían ninguna instalación; aparecía una panadería o una tienda y de ahí venían cuentas de atención de accidentes de tránsito. O sea, que era un fraude organizado”, señaló el funcionario.

Luego de los hallazgos, se abrió una investigación y se detuvieron los pagos. “El año pasado paramos pagos por más de $70.000 millones y llamamos a 52 IPS a rendir descargos, de las cuales algunas tenían un problema de información que tuvieron que corregir, o de registro ante el Ministerio, pero 36 de ellas se fueron a la Fiscalía, porque evidentemente no había prueba de su existencia. Lo que había era un fraude para desbancar recursos del Estado con cuentas falsas y registros de instituciones falsas”, aseguró.

La mayoría de estas IPS fraudulentas estaban en el departamento del Atlántico y aparecían registradas ante la Secretaría de Salud Departamental, “que tenía la obligación de vigilar a estas instituciones y efectivamente no lo hacía”, destacó el director de la Adres.

El fraude no solo se concentraba en ese departamento, también se extendía a otras regiones de la Costa Atlántica como Córdoba y Magdalena.

De ahí que Martínez lo asociara con una mafia. “Cuando encontramos en una serie de pueblos del Atlántico, todos vecinos, el mismo fenómeno repetido, yo supongo que hay una organización mafiosa que orquestó todo, porque el señor de la tienda donde encontramos la dirección no es el responsable”.

Y agregó: “Supongo que son testaferros de alguien de mayor peso, que organiza esto, pero no lo puedo probar y por eso remitimos a la Fiscalía todos estos expedientes”.

El desangre al Soat también abarca a otras regiones del país.

Este año, informó el titular de la Adres, comunicarán la apertura de investigación y suspensión de pagos a otras instituciones por esa misma causa y otras. “Van a haber incluso del Valle, pero hasta que no salgan las resoluciones, no puedo dar todavía el detalle”, anunció.

Además de la inexistencia de las instituciones, viene haciendo carrera el fraude parcial, que consiste, entre otras modalidades, en inventar pacientes que no son de accidentes de tránsito, pero pretenden cobrar como si lo fueran.

“La estadística nos muestra que hay unas clínicas que tienen un exceso de facturas de vehículos desconocidos. Es poco probable que a una clínica lleguen miles de accidentes por vehículos ‘fantasmas’ en una ciudad y en otras no” advirtió.

Lo anterior, dijo, los llevó a abrir investigaciones a esas IPS, y, además, a exigirles la aplicación del Artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, que las obliga a reportar ante la autoridad judicial cualquier persona lesionada, con el fin de contrarrestar la excesiva facturación.

“La cuenta tiene que venir ya acompañada de la certificación de que la clínica notificó a la autoridad judicial. Así no le mienten solo a la Adres, sino también a la justicia, y eso hace un poco más difícil el proceso”, explicó Martínez.

Cali y el resto del Valle del Cauca tampoco parecen ser ajenos a estas irregularidades.

Las investigaciones muestran que la ciudad tiene un problema en términos estadísticos “gravísimo”, en cifras de accidentes por supuestos vehículos fantasma, “más allá de lo que se espera”.

En mayo de este año, el departamento concentró el 19,8 % del valor total de nuevas reclamaciones al Estado por accidentes de tránsito de vehículos no identificados o identificados sin póliza Soat, equivalentes a $ 17.055 millones.

En cuanto al número total de reclamaciones, las IPS del Valle del Cauca radicaron el 34,9 %, seguido por Córdoba (8,6 %), Magdalena (6,6 %), Bogotá, D.C. (6,3 %) y Antioquia (6,3 %), sumando en total 62,7 %.

Al comparar el número de reclamaciones con la población, en mayo se observa que el Valle del Cauca tiene la tasa de incidencia más alta, con 2,73 reclamaciones por cada mil habitantes, seguido por Córdoba (1,62), Magdalena (1,56), Cesar (1,36) y La Guajira (0,90).

Estos departamentos registraron un volumen de reclamaciones significativamente superior al promedio nacional, que se ubicó en 0,69 por cada mil habitantes durante el periodo analizado.

De acuerdo con Martínez, de esto se ha advertido en comunicaciones a las secretarías de Salud del Valle del Cauca y de Cali, para que vayan también estudiando el caso y pensando en medidas a tomar.

‘Pitufeo’ y ‘gemeleo’

Otras de las modalidades de fraude halladas por la Adres son el ‘pitufeo’ y ‘gemeleo’.

La primera consiste en fraccionar muchas cuentas de un paciente y hacerlas pasar distintas veces.

Y la segunda es cuando aparecen pacientes facturados en una clínica y después en otra, y así sucesivamente, por la misma atención.

Las investigaciones también han descubierto el intento por parte de un grupo de “abogados pícaros” que inventan defunciones en accidentes de tránsito para cobrar indemnizaciones al Estado.

Para contrarrestar este accionar delictivo, que ya está en manos de la Fiscalía, la Adres también está recurriendo a la inteligencia artificial, para que revise cada una de las cuentas, frenando los pagos ante cualquier inconsistencia.

Otro tema que preocupa a la entidad es el manejo de las ambulancias en el país, las cuales, de acuerdo con el director de la Adres, “están matando gente”.

“El accidente ocurrió en el sur y lo trasladan al otro extremo de la ciudad, sin importar que muera, porque la clínica paga comisión. Las ambulancias deben estar bajo el control de las secretarías de Salud y estas IPS deben ser investigadas y sancionadas por el daño que propician a las personas”, enfatizó el funcionario.

Los accidentes de tránsito son el tipo de evento que se reclama con más frecuencia en el sistema de salud, representando el 99,5 % del total de reclamaciones radicadas (36.395 de un total de 36.563 casos) y el 99,0 % del valor total reclamado ($ 86.235 millones, de $ 87.114 millones) en mayo del 2025.

Cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, a junio de 2025 indican que hay 10,7 millones de vehículos asegurados en el país, de lo cuales 5,3 millones corresponde a motos y 5,4 millones al resto del parque automotor.

En los últimos años, el número de vehículos asegurados creció en cerca del 8 % anual. Mientras en 2022 se contaba con 9,7 millones de vehículos con Soat, para junio de 2025 esta cifra aumentó en cerca de un millón, llegando a los 10,7 millones.

La medida implementada por el Gobierno en 2022 para motos de bajo cilindraje y vehículos de servicio público mostró una leve mejora en la evasión, que pasó del 61,2 % al 58,5 % en junio de 2025. Para Fasecolda, se requiere trabajar en tres acciones: reducir la accidentalidad vial, mitigar el fraude y actualizar la normativa.

El Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, es un sistema de información que registra, valida y centraliza todos los datos relacionados con el sector de tránsito y transporte en el país.

A nivel nacional, el parque móvil registrado en el Runt es de 20.477.733, del cual el 63 % son motocicletas, el 36 % vehículos y el 1 % maquinaria, remolques y semirremolques.

En el Valle del Cauca, el parque automotor registrado en el Runt es de 2.366.613, de los cuales 1.573.907 son motos, 768.960 vehículos y 23.746 maquinarias, remolques y semirremolques.

La entidad precisa que el 47 % de los vehículos (1.106.409) no tiene vigente el Soat, mientras el 53 % (1.260.204) sí.

En Cali, con un total de 825.050 vehículos, la situación no es diferente. El 40 % (329.567) de los vehículos no tienen vigente el Soat y el 60 % (495.483) sí.

El Soat es un seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que circulan por el territorio nacional.