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Los constructores del país, representados a través de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se sumaron a los demás gremios de la producción que han manifestado su preocupación, inconformismo y rechazo a lo impuesto por el Gobierno a través del Decreto 072, el cual obliga al pago anticipado de buena parte del impuesto de renta que deben asumir el próximo año, medida que comienza a aplicarse a partir del 1.°de junio.
“El nuevo decreto impone una carga desproporcionada que excede el recaudo tributario esperado del sector constructor. Se trata de una medida que no solo afecta la inversión, sino que también prolongará el mal momento que vive el sector”, afirmó Guillermo Herrera Castaño, presidente de Camacol.
Según el gremio constructor, el decreto impactará de forma directa no solo a las empresas constructoras, sino también a cerca de 34 industrias encadenadas, toda vez que incrementa la autorretención del impuesto de renta del 1,1 al 3,5 por ciento y establece una mayor retención para la venta de viviendas cuyo valor supere las 10.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), esto es un valor de 498 millones de pesos.
Advierten desde la agremiación que medidas de esa naturaleza tienen un impacto muy fuerte en al segmento de clase media, que representa el 40 por ciento de las ventas del sector, el cual pasa por una de las coyunturas más difíciles de los últimos años.
La contracción del sector de la construcción el año pasado alcanzó el 7 por ciento anual y del 28 por ciento frente a 2022. “Estamos hablando de un mercado que le aporta 17 billones de pesos a la economía. Limitar su recuperación es poner en riesgo un motor clave del crecimiento económico y con ello seguir las fuentes ingresos de la Nación”, advirtió el presidente de Camacol.
El año pasado la contracción del sector constructor fue de 7 por ciento, según Camacol. Foto:
Persiste la crisis
El llamado de los constructores para que se revise la viabilidad de esta medida se hace más urgente debido a la crisis que siguen enfrentando los empresarios del sector. Al cierre del primer trimestre de 2025, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) reportó una caída del 7 por ciento en el PIB de
edificaciones, con lo cual completa siete trimestres consecutivos en terreno negativo. A esto se suma una reducción sostenida en la producción de vivienda durante los dos últimos años, insisten desde Camacol.
Ante esa situación, consideran que el aumento de la autorretención al 3,5 por ciento supera con creces la capacidad razonable de contribución del sector para el presente año, y podría comprometer el recaudo tributario en 2026.
Se estima que el impacto de esta medida puede traducirse en una caída de inversión cercana al medio billón de pesos, sostienen las directivas del gremio constructor.
Por eso, es que las directivas de Camacol hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar un entorno fiscal estable y coherente con la necesidad de reactivar la economía.
Agregan que medidas como la contenida en el mencionado decreto profundizan la incertidumbre, deterioran la confianza del sector privado y afectan la inversión en un momento muy delicado para la economía.
“El sector constructor ha sido históricamente uno de los principales motores de crecimiento y generación de empleo formal en el país. Debilitarlo con medidas improvisadas es ir en sentido contrario a lo que el país necesita”, concluyó Herrera.
Al cierre de abril este sector empleaba cerca de 1,6 millones de personas, pero esa cifra, debido a la difícil coyuntura por la que atraviesa hoy, está cerca de 2 por ciento por debajo del registro de un año atrás, según las más recientes estadísticas del Dane.
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