Colombia
“Rutas de Seguridad: Estrategias de Protección en Acción”

La secretaría distrital de integración social presentó una denuncia ante la fiscalía general de la nación sobre el uso del cepo como sanción a Menores de entre 11 y 14 años de la Comunidad Emberá en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja. El asunto fue reportado este jueves primero de mayo, tras la falta de uno de los adolescentes.
De acuerdo con lo informado por la entidad, uno de los jóvenes declarado ausente del Centro Amar fue reportado por el personal de integración social y, según la información recabada en la UPI La Rioja, se conoció el motivo por el cual estaba en el cepo. De forma inmediata, se llevó a cabo la verificación de la identidad de los niños y se activaron las rutas de prevención ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Las acciones incluyeron:
- Denuncia ante la fiscalía general de la nación, presentando los acontecimientos para que se investiguen los delitos de violencia intrafamiliar (art. 229 CP) y/o maltrato, así como la restricción de la libertad física (art. 230 CP), dado que normalmente este tipo de sanciones son impuestas o consensuadas por los padres y la comunidad como medida correctiva.
- Informe al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que, junto con la defensora de familia de la UPI La Rioja, fue responsable de verificar los derechos, evidenciando que los jóvenes habían sido recientemente liberados del cepo y se encontraban en sus instituciones educativas.
- Articulación interinstitucional entre la Secretaría Distrital de Salud, el ICBF y la Secretaría Distrital de Integración Social, ya que se presume que la sanción fue impuesta a los jóvenes por el consumo de sustancias psicoactivas.
La Secretaría de Integración Social reafirmó enfáticamente los hechos y declaró que los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen prioridad sobre los derechos culturales y colectivos de las comunidades étnicas.
La Secretaría de Integración Social denunció castigos físicos a adolescentes en La Rioja. Foto:Cortesía.
Asimismo, la entidad instó a la población Emberá presente en la UPI La Rioja a evitar implementar métodos de castigo de la justicia tradicional, como el uso del cepo, ya que su aplicación en ese lugar no se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional respecto a los factores subjetivo, territorial, institucional y objetivo para la aplicación de la jurisdicción especial indígena, dado que dichos predios son un bien fiscal del distrito, por lo que, como mínimo, no se cumplen con el factor territorial para la aplicación de la justicia tradicional indígena.
El uso del cepo, un instrumento de castigo físico que somete a una persona por períodos extremos de varias horas o incluso días, ha sido objeto de controversia en los medios. En agosto de 2024, se reportó un caso similar en el Parque Nacional, donde menores indígenas fueron sometidos a esta sanción. Las autoridades reiteraron entonces que dicho parque no es jurisdicción indígena y que no se reúnen los elementos necesarios para aplicar la justicia tradicional en ese lugar.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en su momento rechazando categóricamente estos actos perpetrados por parte de la…
Comunidad Emberá y enfatizó que no se satisfacen los requisitos esenciales para implementar la Jurisdicción Indígena en el territorio nacional. Además, informó que se ampliarán las querellas presentadas ante la fiscalía por apropiación indebida de las funciones públicas.
La secretaría de integración social seguirá denunciando ante la fiscalía las circunstancias de violencia y violaciones, en estricta observancia de su competencia y su obligación de resguardar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De igual manera, exhorta a la población Emberá que reside en la Unidad a cesar estas prácticas de maltrato y a emplear el diálogo y el afecto como las mejores lecciones para la crianza de sus hijos.
Este asunto pone de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de diálogo intercultural y de asegurar que las prácticas culturales no menoscaben los derechos fundamentales de los menores. Las autoridades de los distritos reafirman su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia, así como con la promoción de una convivencia respetuosa y armónica entre las diversas culturas que cohabitan en la ciudad.
Laura Valeria López Guzmán
En x y en ig: @lauravalerialo
Redacción Bogotá
El Tiempo






