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endurece las condiciones para acceder a las VPO y veta a los condenados por allanamiento
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes un endurecimiento de las condiciones para acceder a viviendas protegidas en la región. Según informó EFE, las personas condenadas por ocupación no podrán solicitar una vivienda pública durante cinco años, y además se exigirá un mínimo de diez años de empadronamiento en la región para poder optar a estas ayudas.
Ayuso hizo el anuncio durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde destacó que, a pesar de las competencias limitadas del Ejecutivo regional, la Comunidad seguirá luchando contra la okupación ilegal. La presidenta subrayó que estas medidas buscan proteger los recursos públicos y priorizar a quienes mantienen un vínculo estable con Madrid.
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El nuevo Reglamento de Vivienda, que se encuentra en fase de tramitación, incluirá que cualquier persona con sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda quede excluida del acceso a viviendas protegidas si el delito se produjo en los cinco años anteriores a la solicitud. La norma pasará por un periodo de audiencia pública antes de su aprobación, prevista para el mes de julio.
Además, la Comunidad establecerá que los solicitantes acrediten al menos diez años de empadronamiento en Madrid para poder acceder a una vivienda protegida. Según la Consejería de Vivienda, citada por EFE, esta medida busca garantizar que los beneficiarios tengan un compromiso duradero con la región, priorizando a quienes contribuyen de manera continuada a su desarrollo.
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La misma fuente aclaró que el Plan VIVE, regulado por normativa propia, no se verá afectado por estos cambios, que se aplicarán únicamente al nuevo reglamento.
Con estas medidas, Ayuso refuerza la estrategia de su Gobierno para prevenir la ocupación ilegal de inmuebles y proteger la vivienda pública, en un contexto en el que la okupación continúa siendo un tema sensible en la capital y sus alrededores. La presidenta remarcó que estas nuevas reglas buscan equilibrar seguridad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, asegurando que las viviendas protegidas lleguen a quienes realmente residen y contribuyen a la Comunidad de Madrid.
