Bajaron la calificación crediticia de Colombia: ¿cómo puede llegar a afectar la decisión?

Colombia enfrenta una nueva señal de alerta en materia económica tras la decisión de las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s de rebajar su calificación crediticia.

Aunque el país ya había perdido el grado de inversión hace varios años, esta nueva degradación ahonda la preocupación sobre la sostenibilidad fiscal del Estado, la percepción externa de riesgo y el impacto sobre los ciudadanos.

¿Qué significa que bajen la calificación crediticia en Colombia?

En medio de un complejo panorama económico y fiscal, dos de las agencias más influyentes Moody’s y Standard & Poor’s decidieron bajar nuevamente la calificación crediticia de Colombia.

Este movimiento refleja una desconfianza de los mercados internacionales frente a la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros y controlar su déficit fiscal.

Javier Garay, economista y analista invitado a La Mesa Ancha de Noticias RCN, explicó que estas calificadoras están expresando un mensaje claro:

Hay temor sobre la certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones financieras por parte del Gobierno colombiano.

Según el experto, lo que se evidencia detrás de esta decisión es “una preocupación por la calidad del desempeño económico”.

¿Cómo puede llegar a afectar la decisión?

Garay detalló cómo esta nueva degradación puede afectar al colombiano de a pie:

Esto puede impactar las tasas de interés, la disponibilidad de crédito, el déficit fiscal, la inflación y, en general, el dinamismo económico, lo cual finalmente se traduce en efectos sobre el empleo y la calidad de vida.

Julio Iglesias, también analista de la mesa, hizo una comparación con la economía personal:

Así como los ciudadanos tienen su puntaje en centrales de riesgo, los países también. Y Colombia ya no tenía grado de inversión desde hace rato. Lo que pasa ahora es que nos dicen que estamos todavía más abajo.

Y añadió: “esto significa que nos va a costar más endeudarnos. En una situación fiscal ya complicada, esto genera un círculo vicioso: cuanto peor está la economía, más caro resulta endeudarse, lo que empeora aún más la situación”.

Ambos expertos coincidieron en que, al final, los costos de estas decisiones recaen en la población.

Todo esto lo terminamos pagando nosotros: más impuestos, más intereses, menos recursos para inversión social. No lo paga la clase política, lo asumen los ciudadanos.

Además, advirtió que los efectos no se limitan al Estado: “Las tasas de los créditos de consumo, hipotecarios o tarjetas también pueden subir porque están relacionadas con la tasa de interés que paga el Gobierno”.

¿Qué causó esta baja calificación?

En medio de las reacciones, el presidente Gustavo Petro publicó en la madrugada un mensaje en el que atribuye esta nueva rebaja a la caída de la ley de financiamiento en el Congreso:

Eso pasa por no aprobar la ley de financiamiento, dicho y hecho. El país ganaba mucho con esa ley y las empresas a las que se les rebajaba el impuesto de renta. Es un efecto directo de que el Congreso haya hundido la ley.

Sin embargo, los analistas no comparten esa explicación. Para Garay, el problema no radica únicamente en esa norma, sino en la falta de adaptación del Gobierno:

Hay una incapacidad de este gobierno de aprender, de interpretar las señales. El problema es la realidad, no el relato que ellos construyen. Y esto se manifiesta claramente en el plano económico.

A su juicio, este momento debería llevar a un replanteamiento profundo: “Debemos revisar el contrato entre la sociedad y el Estado. No se puede seguir viendo a los ciudadanos como una fuente inagotable de recursos para un gasto que no tiene límites. Hay que establecer prioridades reales y reconocer que no se puede seguir aumentando el gasto sin control”.