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La cita tuvo lugar en la Casa de Nariño, durante la mañana del martes pasado. El sitio preciso fue la sala de reuniones que queda a pocos pasos del despacho presidencial, con vistas a uno de los patios interiores del edificio.
Allí fueron llegando varios de los integrantes de la junta directiva de Ecopetrol que ha designado el Gobierno, al igual que el presidente de la empresa, Ricardo Roa. En el recinto se encontraba igualmente el ministro de Minas, Edwin Palma, quien optó por mantenerse en silencio tras haber saludado a los demás.
Cuando Gustavo Petro finalmente llegó, fue directamente al grano. Tras hacer una disquisición sobre los riesgos del calentamiento global para la especie humana y el papel de los combustibles fósiles en la crisis climática, el mandatario recordó que había hecho compromisos desde la época de la campaña presidencial, todavía pendientes.
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Acto seguido señaló que sus instrucciones con respecto a lo que se debía hacer en Ecopetrol no se estaban siguiendo y criticó con particular dureza a Roa, cuyos intentos de responder fueron silenciados sin contemplación. Al final, subrayó que estaba dando una orden y esta debía cumplirse. De lo contrario, sostuvo, tanto los integrantes de la junta como el presidente de la compañía serían relevados de sus cargos en cuestión de semanas.
El ultimátum en cuestión se refiere a tres puntos en concreto. Los dos primeros han estado sobre la mesa, pero siguen sin concretarse por diversas razones. Se trata de la compra de la firma Monómeros Colombo Venezolanos controlada por Caracas; al igual que de hacer viable la adquisición de gas natural a PDVSA, con el fin de cubrir el faltante que hay en la producción interna con los excedentes del país vecino.
Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto:Presidencia
En lo que atañe a la planta industrial con sede en Barranquilla, el interés de la administración se basa en que esta es un proveedor importante de fertilizantes para el agro. No obstante, su situación financiera es muy complicada, aunque lo más desafiante sería hacer la transacción con el régimen de Nicolás Maduro, que está en la mira de Washington.
Tampoco es fácil adquirir el gas, entre otras porque el gasoducto Antonio Ricaurte, que va desde el lago de Maracaibo hasta Punta Ballenas en La Guajira, se encuentra fuera de servicio. Repararlo no solo tomaría tiempo, sino que también aquí aparecen las restricciones internacionales que pueden desembocar en sanciones por hacer negocios con el chavismo.
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Cuesta arriba
Hechas las consideraciones, el verdadero plato fuerte en la cita del martes acabó siendo el plazo perentorio para que se venda la participación que Ecopetrol tiene en la Cuenca Pérmica (Permian, en inglés), una extensa zona de producción de hidrocarburos ubicada entre Texas y Nuevo México, en Estados Unidos. Es allí donde el conglomerado de mayoría estatal hace parte de una alianza con Occidental Petroleum, la cual ha probado ser muy exitosa.
Cuenca Permian de Estados Unidos, en el que Ecopetrol tiene participación mayoritaria. Foto:Ecopetrol
Los buenos números provienen de la extracción de cerca de 115.000 barriles diarios de crudo a partir del uso de técnicas no convencionales como la fracturación hidráulica, más conocida como fracking. Esta consiste en la inyección a alta presión de arena, agua y químicos en el subsuelo con el fin de crear grietas de poco espesor en mantos de rocas que almacenan petróleo o gas, para así liberar y extraer esos depósitos atrapados.
Usado por primera vez desde finales del siglo pasado, el método no ha estado exento de polémicas por los temores en torno a una mayor sismicidad inducida, emisiones de gases a la atmósfera y la potencial contaminación de acuíferos. Aun así, los procedimientos se han refinado y a la fecha se han perforado unos dos millones de pozos sin que la tragedia ambiental que se llegó a pronosticar haya sucedido.
Dado que en la plataforma del Pacto Histórico se propone la proscripción de dicho método en el territorio nacional, el líder del Ejecutivo considera incongruente que la llamada “joya de la corona” del patrimonio público tenga que ver con el asunto en otra latitud. Bajo esa óptica se trata de ser coherentes y actuar en consecuencia, a pesar de que varios intentos legislativos de prohibir la técnica han fracasado en el Congreso.
Moverse en ese sentido, afectaría seriamente a Ecopetrol. Según César Pabón, Director Ejecutivo Senior de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, “sin la cuenca del Permian la empresa experimentaría una reducción cercana al 15 por ciento en su producción total, lo que afectaría directamente su crecimiento y generación de caja”. Agrega que “el no contar con este activo implicaría una menor diversificación geográfica, concentrando casi toda su operación en Colombia y aumentando su exposición a riesgos locales, como bloqueos, volatilidad regulatoria y desafíos operativos”.
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. Foto:Néstor Gómez
Ninguno de esos argumentos convence al actual inquilino de la Casa de Nariño. Tal como este lo ha expresado en múltiples ocasiones, lo que está en juego va mucho más allá y tiene que ver con el futuro de la humanidad. Por cuenta del alza en las temperaturas, atribuible a los gases que causan el efecto invernadero y vienen en su mayoría del uso de los hidrocarburos, insiste en que la vida en el planeta se encuentra amenazada.
Ante semejante peligro, la postura oficial es que Colombia debe liderar con el ejemplo y cerrarles cuanto antes la puerta a los combustibles fósiles. Eso es lo que explica que no se hayan entregado nuevas licencias de exploración y que se insista en la urgencia de la transición energética hacia fuentes de electricidad más limpias.
Dentro de la concepción petrista, incluso el gas natural que usan más de diez millones de hogares a diario debería desaparecer con el tiempo. En cambio, lo que procede, según esta visión, consiste en dotar de paneles solares a tantas viviendas como sea posible y desarrollar el potencial de generación a partir de la radiación y el viento.
Si bien es cierto que decenas de naciones se están moviendo en esa dirección y que buena parte de la expansión en la capacidad instalada reciente en el mundo se apoya en las fuentes no contaminantes, eso no quiere decir que las opciones tradicionales tengan una fecha de expiración inminente. Hoy por hoy, pensar en un planeta sin petróleo es más una quimera que una realidad.
Según la Agencia Internacional de Energía, en un escenario de mantenimiento de las políticas actuales, el aporte de los combustibles fósiles a la producción global de energía pasaría del 80 por ciento hoy a 60 por ciento en 2050. El golpe más fuerte sería para el carbón, mientras los volúmenes de crudo y gas apenas se reducirían.
Extracción de petroleo. (Imagen de referencia). Foto:Jaime Moreno/Archivo EL TIEMPO
Solamente en el caso de que haya el compromiso universal para que las emisiones netas lleguen a ser cero cuanto antes, los hidrocarburos perderían peso en forma significativa. A la luz de las circunstancias internacionales esa posibilidad es remota, por decir lo menos. Como si eso fuera poco, la demanda tiende a aumentar más rápido debido al surgimiento de la inteligencia artificial que requiere centros de datos cuyo consumo será inmenso.
Debido a ello, muy pocos le apuestan a la plena desaparición del petróleo, así apunte a ser menos relevante con el paso de las décadas que vienen. En el entretanto debería haber más competencia de los países productores con el fin de asegurar mercados y sacar del juego a los exportadores con mayores costos, algo que podría estar sucediendo ya, como se deduce de la actual estrategia de la Opep que se traduce en cotizaciones cercanas a los 60 dólares por barril.
Frente a tal eventualidad, lo que le correspondería a Ecopetrol es fortalecerse con base en su negocio tradicional. Ese es el libreto que siguen gigantes como la brasileña Petrobras, que es una pieza clave en la estrategia del gigante suramericano. Esta pasa no solo por garantizar su autosuficiencia y exportar excedentes, sino en financiar su propia transición energética con los recursos que obtenga mientras puede vender los combustibles que explota.
Jugar con candela
Pero a diferencia de Lula da Silva, Gustavo Petro tiene otra cosa en mente. Su impresión es que todo va a suceder muy rápido y que Ecopetrol se quebrará si no da de una vez el paso hacia las fuentes renovables. La mezcla de sus convicciones y del anhelo de convertirse en un referente internacional es la que determina el ánimo de dar instrucciones directas.
Y aquí aparece una evidente discrepancia entre lo que piensa el Presidente y las realidades de una sociedad en la cual la República de Colombia es dueña del 88,49 por ciento de las acciones. Mientras el primero actúa como si la compañía fuera un mero apéndice del Ejecutivo, esta se atiene no solo a lo que establecen las normas, sino sus propias regulaciones internas.
Acción de Ecopetrol cotiza (ADR) en la Bolsa de Nueva York, que tiene reglas estrictas. Foto:EFE
Un elemento crucial es que el conglomerado cotiza en la bolsa de Nueva York, por lo que debe cumplir con la Ley Sarbanes-Oxley (más conocida como SOX), que fue promulgada en 2002 en Estados Unidos para mejorar la transparencia y la calidad de los reportes financieros con el fin de proteger a los inversionistas. Los requisitos son estrictos en lo que corresponde a controles internos, auditoría, informes y sanciones por fraude o malversación de recursos.
Aparte de lo anterior, a la empresa también la cobija la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (conocida como (FCPA, es su acrónimo en inglés), que actualmente se encuentra suspendida por decisión de la administración Trump. Una obligación adicional es acatar las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (su sigla en inglés es OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encargada de ejecutar sanciones económicas y comerciales.
Todo ello es importante porque aquí entra en juego una jurisdicción diferente de la colombiana. Por ejemplo, sucesivas órdenes ejecutivas de la Casa Blanca hacen que estén prohibidas las transacciones directas o indirectas con PDVSA o sus filiales y con entidades del gobierno venezolano.
Para cualquier empresa sujeta a OFAC (o que utilice el sistema financiero estadounidense) incumplir o intentar un “esguince” —causar, facilitar, evadir o conspirar para violar— conlleva bloqueo de activos, pérdida de acceso bancario y sanciones. En el ámbito civil rige la responsabilidad objetiva (pueden multar aun sin intención) y, si hay dolo, aplica la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional con multas de hasta un millón de dólares y hasta 20 años de prisión. Además, brindar “asistencia material” a sancionados expone a castigos secundarios a la compañía y sus directivos.
De tal manera, esquemas como los que han sido mencionados en voz alta, como una adquisición de Monómeros por parte de un brazo del Estado colombiano y su posterior transferencia a Ecopetrol, corren el riesgo de ser calificados como un “acto conspirador”. Lo mismo aplicaría para cualquier compra de gas a Venezuela, a menos que se logre una autorización específica, que no se ha dado hasta la fecha. Un eventual “manotazo” del Tío Sam sería demoledor para la compañía, cuya viabilidad operativa y financiera quedarían en entredicho.
Aparte de eso, no está de más recordar que, de acuerdo con la legislación colombiana, los integrantes de la junta directiva deben actuar con lealtad, diligencia y en interés de la sociedad, no del accionista controlante. Cualquier determinación contraria a la ley o al interés social puede dar pie a responsabilidad solidaria por daños y a penas por parte de la Superintendencia de Sociedades. De la misma manera, medidas que generen detrimento patrimonial acarrearían responsabilidad fiscal y, eventualmente, disciplinaria por parte de los entes de control.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, tuvo reunión en Palacio con Ricardo Roa, de Ecopetrol. Foto:EL TIEMPO
Debido a ello, aquí hay factores que van mucho más allá de posiciones ideológicas que rayan en el dogmatismo. Una cosa es querer que el mundo sea distinto y otra es tomar el camino que llevaría al despeñadero a la empresa más querida por los colombianos.
Ante esa disyuntiva, la pregunta es si las fichas gubernamentales que son mayoría en la junta directiva -la cual no puede tomar decisiones de fondo hasta que se subsane el vacío que dejó la renuncia de Mónica de Greiff esta semana- cumplen a conciencia el mandato de obrar de manera profesional para que la firma siga siendo sinónimo de progreso. En el pasado reciente han tenido lugar giros cuestionables que han destruido valor, al tiempo que se han multiplicado los escándalos. Pero nada de eso se equipara con el riesgo de ahora, en el cual Ecopetrol se juega el todo por el todo.
RICARDO ÁVILA PINTO
Especial para EL TIEMPO
En X: @ravilapinto
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