Colombia
Capturan en Riosucio a un agente de tránsito que habría exigido 400 mil pesos para no inmovilizar una moto.
Un agente de tránsito fue capturado en flagrancia en el municipio de Riosucio, Caldas.luego de que presuntamente exigiera 400.000 pesos a un ciudadano a cambio de no inmovilizar una motocicleta.
El operativo fue realizado por la Sijin en las últimas horas y permitió detener al funcionario en el momento exacto en que, según la denuncia, pedía el dinero al conductor afectado.
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Tras la captura, el agente fue judicializado y enfrenta cargos por el delito de concusión, que sanciona el abuso de autoridad cuando un servidor público exige o recibe dinero o beneficios a cambio de realizar o evitar un acto relacionado con sus funciones.
La investigacion busca determinar si el hecho corresponde a un caso aislado o si existen más personas involucradas en prácticas similares dentro del cuerpo de tránsito municipal.
Informó que el contrato de prestación de servicios del agente fue suspendido de manera preventiva. Foto:iStock
Pronunciamiento de la Alcaldía de Riosucio
La Alcaldía de Riosucio se pronunció oficialmente frente al caso. La secretaria de Gobierno, Martha Liliana Hernández, lamentó la situación y confirmó que la administración tomó medidas inmediatas.
“Es un proceso que está en materia de investigación y nosotros como Alcaldía estaremos prestos a colaborar precisamente en lo que necesiten las autoridades competentes para esclarecer este caso.”, declaró la funcionaria, según indicó ‘El Heraldo’.
Hernández también informó que el contrato de prestación de servicios del agente fue suspendido de manera preventiva mientras se adelanta el proceso disciplinario correspondiente.
Explicó que el municipio está comprometido con apoyar los trabajos judiciales para garantizar transparencia en el manejo del caso.
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“Rechazamos cualquier acto de corrupción que se adelante por cualquier funcionario de la administración municipal. Son casos que lógicamente son individuales y que cada persona debe responder por ello”, añadió.
Investigación de otras denuncias en curso
Según la secretaría, el caso ha motivado la revisión de otras denuncias similares que se encuentran en curso.
Indicó que ya se tiene conocimiento de otras quejas sobre posibles exigencias indebidas de dinero por parte de algunos funcionarios, y que estos están siendo analizados por las autoridades competentes.
La administración municipal busca establecer si existe un patrón de comportamiento dentro de la dependencia o si se trata de actuaciones individuales.
La norma contempla penas de tres a seis años de prisión, multas de doce a veinticuatro meses, Foto:iStock.
Contexto legal del delito de concusión
De acuerdo con el artículo 419 del Código Penal colombiano, el funcionario público que solicita o recibe, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase para realizar un acto contrario a sus deberes o para omitir una acción que deba cumplir, incurrir en el delito de concusión.
La norma contempla penas de tres a seis años de prisión, multas de doce a veinticuatro meses e inhabilitación para ejercer cargos públicos entre nueve y doce años.
Este delito forma parte de las conductas de corrupción administrativa más graves en el ámbito públicopues atenta directamente contra la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones.
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Cuando un ciudadano ofrece dinero o beneficios a un funcionario público a cambio de omitir una acción o evitar una sanción, incurre en el delito de cohecho o soborno, también sancionado por el Código Penal.
Según el artículo 424, el particular que entregue o promete una dádiva para obtener un favor indebido será castigado con las mismas penas que el funcionario corrompido.
El portal jurídico del abogado penalista Gerson Vidal explica que el cohecho propio se configura cuando el funcionario recibe un beneficio para actuar en contra de sus deberes, mientras que el cohecho impropio ocurre cuando acepta una dádiva por realizar un acto que, aunque legal, no debe ser remunerado.
Ambos escenarios representan violaciones graves al deber público y son considerados delitos de corrupción por la legislación colombiana.
*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.
JOSÉ GUERRERO
REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL
