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En un operativo realizado por la Policía Nacional, fue capturado un hombre de 38 añosseñalado por la Fiscalía General de la Nación de Convertir su propio hogar en un centro de tortura y vejámenes contra su hija de apenas 12 años.
El pasado 16 de enero, la parsimonia de un parque local en el municipio de San Jacinto (Bolívar) se rompió cuando uniformados hicieron efectiva la orden judicial.
El capturado, cuya identidad se reserva para proteger la integridad de la víctima, compareció ante un juez promiscuo municipal con funciones de control de garantías, quien dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, dada la gravedad de los hechos denunciados.
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El modus operandi del miedo
No a la violencia sexual contra los niños. Foto:Juan B. Díaz / EL TIEMPO
La investigación liderada por el ente acusador desarrolló un patrón de abuso sexual sistemático que se habría prolongado durante todo el año 2024.
Según el expediente, el agresor aguardaba a que el resto de su familia —su pareja y sus otras hijas— se entregaran al sueño profundo de la noche para abordar a la menor.
Los detalles suministrados por la Fiscalía son estremecedores: el hombre le vendaba los ojos a la joven y le tapaba la boca para anular cualquier posibilidad de defensa o auxilio. Sin embargo, el arma más contundente utilizada por el victimario no fue física, sino psicológica.
Para garantizar la impunidad de sus actos, el agresor amenazaba constantemente a la niña con asesinar a su madre y someter a las mismas agresiones sexuales a sus hermanas menores si ella se atrevía a romper el silencio.
Este cerco de terror mantuvo cautiva a la víctima en su propio domicilio, cargando con un secreto que solo pudo salir a la luz tras la intervención de las autoridades.
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El hombre negó los hechos.
Durante las audiencias concentradas, el procesamiento fue imputado por el delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años. A pesar de la contundencia de los testimonios y las pruebas técnicas presentadas por la Fiscalía, el capturado se declaró inocente, negando sistemáticamente su responsabilidad.
No obstante, el despacho judicial demostró que la libertad del implicado representa un peligro inminente no solo para la víctima directa, sino para el núcleo familiar que fue objeto de sus amenazas de muerte.
La medida de aseguramiento intramural busca garantizar que el proceso avance sin interferencias y proteger a la menor mientras se adelanta el juicio.
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Este caso reabre el debate en el país sobre la seguridad de los niños en el entorno familiar, el espacio que debería ser el más seguro para la infancia pero que, en muchas ocasiones, se convierte en el escenario de crímenes y violencia.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
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