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La crisis financiera, operativa y administrativa de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA) Entró en una fase crítica.
A menos de tres semanas de haber asumido la intervenciónla nueva agente interventora, Maryury Díaz Céspedesenfrenta el primer gran choque del sistema: el anuncio del cuerpo de anestesiólogos de suspender, desde este lunes 15 de diciembre, todas las actividades electivas y limitar su trabajo únicamente a la atención de urgencias vitales, ante una deuda salarial que supera los seis meses.
La ESE UNA la conforman la red hospitalaria departamental en donde se encuentran: el Juan Domínguez Romero de Soledad; Hospital de Sabanalarga; el CARI; y el Niño Jesús, en Barranquilla.
Esta red fue conformada durante la administración de la gobernadora Elsa Noguera para centralizar la administración, fortalecer la atención especializada y servir como escenario de prácticas universitarias, proyecto que deja más dudas y problemas que aciertos.
La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la interventora y al jefe de la Dirección Médica de Especialidades, Hernán Arango, en la que los especialistas advierten el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales por parte de la institución.
Suspensión de cirugías electivas
En el documento, los anestesiólogos precisan que su decisión no implica abandonar la atención de pacientes en riesgo vital. Por el contrario, asegurarán que mantendrán la cobertura de urgencias como un deber ético y profesional.
Fachada de la ESE UNA en Barranquilla. Foto:Cortesía Comunicaciones Gobernación del Atlántico
“Restringiremos nuestra labor asistencial exclusivamente a la atención de casos de urgencias vitales, garantizando así el derecho fundamental a la vida”, señala la comunicación, en la que también detallan que actualmente se les adeudan cuatro meses correspondientes a la vigencia 2025, además de saldos pendientes de 2024 y 2023.
La medida pone en riesgo la programación quirúrgica de la red hospitalaria departamental y agrava el panorama asistencial en plena temporada de fin de año, cuando suele aumentar la demanda de servicios médicos.
Deudas laborales y déficit operativo
Maryury Díaz Céspedes, quien consideró interventora el pasado 28 de noviembre en reemplazo de Fredys Socarrás, reconoció que el principal problema que hoy enfrenta la ESE UNA es el volumen de pasivos con su personal.
Maryury Díaz Céspedes agente interventora de la ESE UNA. Foto:redes sociales
Según explicó, las deudas laborales superan los 70 mil millones de pesos, sumando compromisos de las vigencias 2024 y 2025. “La situación que viven los anestesiólogos no es exclusiva de ellos, es la realidad de la mayoría de nuestros funcionarios. Todos trabajaron, todos cumplieron, y es responsabilidad nuestra gestionar los recursos para responder”, dijo en entrevista al periodista Jorge Cura.
La funcionaria detalla que la institución tiene un costo de operación cercano a los 9 mil millones de pesos mensualesmientras que los giros que recibe en promedio apenas alcanzan los 4.500 millones, lo que hace inviable sostener el funcionamiento normal del hospital sin recursos adicionales.
Cartera millonaria y plan de salvamento
Uno de los frentes más complejos es la recuperación dy la cartera, que asciende a cerca de 113 mil millones de pesos. Díaz Céspedes indicó que actualmente se adelanta un proceso de depuración para establecer cuánto de ese monto es realmente recuperable.
“Estamos levantando un diagnóstico serio. Necesitamos saber con claridad qué cartera es efectiva y con qué recursos reales podemos contar. para aliviar esta crisis”, señaló.
La interventora confirmó que la Gobernación del Atlántico ha brindado apoyo financiero a la ESE UNA a través de la estampilla Prohospitales, aunque reconoció que estos recursos han sido insuficientes frente al tamaño del déficit acumulado.
Pese al escenario adverso, Díaz sostuvo que la institución tiene una capacidad instalada y un potencial importante en servicios de alta complejidad. “La ESE UNA tiene infraestructura, talento humano y posibilidades reales de generar ingresos. Queremos darle la oportunidad de demostrar su viabilidad operativa antes de tomar decisiones de fondo”, afirmó.
Mientras avanzan las gestiones para conseguir recursos y normalizar los pagos, queda en evidencia la urgencia de soluciones estructurales para evitar una parálisis mayor del sistema de salud en esta zona del Caribe colombiano.
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