Colombia
“Operativo Libra: La Justicia Federal Realiza Allanamientos en Casas y Oficinas de Tres Sospechosos”
Dentro del marco de la investigación referente a la criptomoneda $Libra que lleva a cabo el fiscal Eduardo Taiano, se efectuaron registros en los últimos días en las residencias y oficinas de tres de los sujetos involucrados en los Tribunales de Comodoro Py: los asesores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes coordinaron el evento Tech Forum donde estuvieron presentes empresarios relacionados con el lanzamiento del token impulsado por Javier Milei, junto con Sergio Morales, consultor de la Comisión Nacional de Valores, quien presentó su dimisión ayer.
Los registros se realizaron con gran discreción el jueves por la tarde, tanto en la Capital Federal como en la ciudad bonaerense de San Isidro. Fueron autorizados por la jueza federal María Servini a petición de Taiano, que dirige la investigación. Según información de Infobae, los miembros de la Policía Federal confiscaron teléfonos móviles y computadoras de los tres individuos investigados.
Como consecuencia de las acciones, Morales -quien trabajaba como consultor contratado en la CNV-, presentó su dimisión de manera irrevocable por “razones de público conocimiento”. Morales había estado en la CNV desde octubre y fue uno de los disertantes en el Tech Forum, habiendo participado previamente en un evento el 31 de julio de 2024 como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia”.
El fiscal investiga al Presidente y a varios empresarios por el escándalo relacionado con $LIBRA, entre los cuales se incluye al estadounidense Hayden Davis y a Julian Peh, de Singapur y CEO de Kip Protocol. La criptomoneda experimentó un ascenso abrupto en su valor tras la promoción del Presidente en redes sociales, aunque cayó rápidamente cuando un reducido grupo de inversores, que se sospechan tenían información confidencial, retiró gran parte de su inversión, provocando una presunta estafa con aproximadamente 40,000 perjudicados.
Taiano busca “determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de $LIBRA” y la implicación de los mencionados. Las posibles infracciones en cuestión son abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. El fiscal ya había solicitado dos rondas de medidas en anteriores ocasiones. La primera incluyó requerimientos de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a la Inspección General de Justicia (IGJ), así como a empresas como Google.
Asimismo, se solicitó la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para asistir en la preservación y obtención de evidencia digital. Esto incluye la búsqueda de registros de transacciones en línea y cualquier indicio en la plataforma utilizada para el lanzamiento de Libra para identificar a los beneficiarios de las ganancias generadas. También se ordenó recuperar publicaciones eliminadas en las redes sociales, incluyendo la del Presidente que promovió la criptomoneda el 14 de febrero a las 19:01.
La causa dio inicio el 17 de febrero tras una denuncia presentada por Claudio Lozano, acumulando posteriormente otras diez denuncias. Igualmente, la Unidad de Cibercrimen deberá esclarecer los dominios relacionados con las empresas implicadas en la comercialización de la controvertida criptomoneda.
Al mismo tiempo, el fiscal se encuentra trabajando en la redacción de solicitudes internacionales para obtener datos sobre las transacciones efectuadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero. Se están llevando a cabo gestiones con organizaciones internacionales y entidades reguladoras para recolectar información sobre los flujos financieros y comprobar si hubo intentos de blanqueo de capitales. Asimismo, el fiscal está considerando pedir las listas de ingresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos para determinar si existen registros de las visitas de los investigados.
Una de las acciones fundamentales en esta etapa de la pesquisa es identificar a los individuos responsables directamente de la operación. Taiano ha solicitado documentos sobre las comunicaciones telefónicas y los registros de visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, con el objetivo de establecer las conexiones entre los implicados.
Además, se está confeccionando un inventario de testigos que podrían ofrecer información vital sobre el funcionamiento de $LIBRA y el papel de los principales acusados. Este grupo incluye expertos en blockchain y criptomonedas, así como personas del círculo cercano al entorno presidencial que podrían haber tenido conocimiento previo de la operación.
El fiscal también ha enfocado su investigación en examinar el patrimonio de los sospechosos, intentando identificar incrementos no justificados en sus bienes o desviaciones financieras irregulares. Se están revisando cuentas bancarias, inversiones y otros activos que pudieran estar relacionados con los fondos generados por la venta de $LIBRA. Para prevenir la dispersión de los fondos, Taiano ha solicitado el congelamiento de las direcciones digitales identificadas en la pesquisa, impidiendo así que los activos adquiridos mediante la operación fraudulenta sean transferidos o movilizados a otras plataformas, complicando su rastreo.
Paralelamente a la causa en los Tribunales de Comodoro Py, existe otro expediente en los Tribunales Federales de San Isidro, iniciado por una denuncia presentada por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, también contra Milei por la promoción de la criptomoneda $Libra, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al diputado José Luis Espert; y a los empresarios Davis y Peh.
Ayer por la tarde, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado determinó que tiene autoridad para continuar con la investigación, argumentando que el “hecho a investigar” que dio origen a la supuesta estafa sucedió en Olivos. Esto fue confirmado tras solicitar informes a la Quinta Presidencial, donde el Presidente estuvo presente desde el jueves por la noche hasta el lunes.
A pesar del informe del fiscal Federico Iuspa, quien consideró que el expediente debía ser enviado al juzgado de Servini en Comodoro Py, Arroyo Salgado firmó esta resolución. Esto ha provocado un conflicto judicial sobre la competencia. Es probable que Iuspa impugne la decisión de la jueza de San Isidro, lo que solicitará la intervención de la Cámara Federal de San Martín, el tribunal de apelación correspondiente.
