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El crimen organizado avanzó más rápido que el Estado. Esa fue la conclusión que dejó la intervención de la gobernadora del magdalena, margarita guerraante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral.
Allí se reveló una cifra que encendió las alarmas: el Clan del Golfo aumentó en un 653 por ciento su capacidad armada, operativa y humana en el departamento en los últimos cinco años.
No es solo una expansión numérica, es territorial, económica y social.
Según la mandataria, la estructura criminal hoy se extiende desde el sur hasta el norte del Magdalena, consolidando corredores estratégicos para el narcotráfico, imponiendo cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos, y reclutando menores para trabajos de vigilancia, cobro y sicariato.
“Estamos viendo una consolidación criminal con capacidad de intimidación que supera la reacción institucional. Necesitamos medidas urgentes”, afirmó Guerra ante el ministro del Interior, Armando Benedetti, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el registrador nacional, Hernán Penagos.
Un crecimiento que se siente en la economía
En zonas rurales del sur del departamento, los líderes comunitarios describen un patrón repetido: llamadas intimidatorias, panfletos, cuotas obligatorias para poder comercializar productos agrícolas y amenazas contra quienes se niegan a pagar.
“Ya no es un rumor, es una estructura organizada. Cobran por cabeza de ganado, por carga de yuca, por cada negocio abierto. El que no paga, se va o lo callan”, dice un líder social del centro del Magdalena que pidió reserva de su identidad por seguridad.
La gobernadora Margarita Guerra expuso el panorama de seguridad ante el gobierno nacional. Foto:Gobernación
El fenómeno ha impactado especialmente al sector agropecuario. Ganaderos y comerciantes denuncian que las extorsiones se han vuelto sistemáticas y que el grupo armado actúa como una empresa ilegal formalizada, con jerarquías, funciones definidas y control de rutas ilegales.
Para Sergio Quintero, analista en seguridad pública consultado por EL TIEMPO, el crecimiento responde a una combinación de factores: “Hay vacíos institucionales en zonas rurales, disputas por corredores estratégicos y economías ilícitas consolidadas. Cuando el Estado no logra ocupar el territorio con inversión social y presencia permanente, otros actores llenan ese espacio”.
La ley del miedo
Uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico oficial es la imposición de reglas paralelas. En varios municipios han circulado panfletos donde se ordena qué comercio puede abrir, a qué hora cerrar y quién está “autorizado” para operar.
Tras algunos homicidios, según los líderes sociales, han aparecido carteles adjudicándose los crímenesen lo que las autoridades interpretan como una estrategia deliberada para amplificar el terror.
“Cuando asesinan y dejan letreros, no solo eliminan a una persona. Envían un mensaje a toda la comunidad”, explicó otro representante de la comunidad afectada.
El patrón, según los expertos, apunta a consolidar el dominio territorial mediante intimidación sistemática e incluso prácticas que podrían encajar en dinámicas de “limpieza social”.
Elecciones bajo presión
La alerta más delicada que hizo la gobernadora Guerra está relacionada con el proceso electoral del 8 de marzo. La mandataria advirtió que la expansión criminal podría estar alcanzando el escenario político, con presuntas presiones al electorado y riesgos de financiamiento ilegal de campañas.
“Queremos elecciones libres y seguras. No podemos permitir que las armas interfieran con la democracia”, sostuvo.
El señalamiento fue elevado ante autoridades nacionales y organismos de control, en medio de un clima de preocupación por la posible cooptación de liderazgos locales.
El investigador en conflicto armado, Alberto Medina advierte que “cuando un grupo armado logra controlar la economía y el territorio, el siguiente paso suele ser incidir en decisiones políticas. No necesariamente con candidatos propios visibles, sino mediante alianzas o constricciones silenciosas”.
Dos estructuras y una población atrapada
El panorama se agrava con la presencia de otro actor armado en la zona norte: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, antes conocidas como Los Pachenca. Ambas estructuras se disputan corredores estratégicos.
La Policía intenta mantener presencia permanente en las zonas rurales. Foto:policia
Esa confrontación ha dejado a la población civil en medio de amenazas cruzadas, homicidios selectivos y control económico.
“El campesino queda atrapado. Si habla con uno, el otro lo acusa. Si no paga, lo señalan. La gente vive con miedo”, relata un dirigente comunitario de la subregión norte.
Un llamado urgente
El diagnóstico presentado por la Gobernación deja una conclusión inquietante: el Magdalena enfrenta una transformación de su mapa de seguridad.
Mientras las cifras de expansión crecen, también lo hace el temor de que el poder armado no solo controle economías ilegales y legales, sino que termine influyendo en decisiones democráticas.
La advertencia ya está en manos del Gobierno Nacional. Las expectativas en la población están en las medidas que se adoptarán y si esa vez serán efectivas para retomar el control del territorio.
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