Cobro Fotomultas: Senado debate legalidad y destino de millonarios recursos

El cobro fotomultas en Colombia enfrenta un nuevo debate de control en la Comisión Sexta del Senado de la República, programado para el lunes, 20 de abril de 2026. Las fotomultas son sanciones de tránsito impuestas mediante sistemas de detección tecnológica. El senador Gustavo Moreno, del partido Alianza Verde, lidera la iniciativa para examinar cómo funcionan estas cámaras en el país y el destino de los millonarios recursos que recaudan.

La preocupación central se centra en el incumplimiento de la norma que obliga a identificar al conductor infractor, en lugar de sancionar únicamente al propietario del vehículo. El debate también busca establecer el registro técnico de los dispositivos de fotodetección y revisar los contratos con los operadores privados.

¿Qué interrogantes surgen sobre el cobro fotomultas en Colombia?

El senador Moreno ha expresado preocupación por el volumen de sanciones y los montos recaudados. En Barrancabermeja, una ciudad con 205.000 habitantes, se impusieron entre 130.000 y 140.000 fotomultas en tan solo 18 meses, utilizando cinco puntos de cámara. Se estima que el recaudo total por estas infracciones se acerca a los 140.000 millones de pesos.

Otro punto crítico del debate es la distribución de estos recursos. El parlamentario advirtió que, en la mayoría de los casos, el 70% de los fondos va a operadores privados, mientras que el 30% restante llega a las entidades públicas y distritos. Se cuestiona si esta distribución prioriza adecuadamente la inversión en movilidad y seguridad vial.

Avances legislativos y derechos fundamentales

En mayo de 2025, esta misma Comisión Sexta del Senado logró la aprobación de un proyecto de ley para frenar los abusos en la imposición y el cobro de fotomultas. El senador Julio Alberto Elías Vidal, autor y ponente de la iniciativa, destacó la importancia de este cambio estructural. Dicho proyecto establece que la sanción por infracción de tránsito detectada tecnológicamente solo podrá imponerse si se identifica al conductor que cometió la falta, una medida respaldada por pronunciamientos previos de la Corte Constitucional, según El Tiempo.

El proyecto de ley incorpora reglas estrictas para el uso del espacio público por operadores privados y fortalece los criterios técnicos, de verificación y notificación. Sus puntos clave incluyen:
Identificación del conductor: La sanción solo será válida si se comprueba la identidad del infractor.
Presunción de inocencia: Protege este derecho fundamental, evitando que los propietarios de vehículos sean culpables hasta que demuestren lo contrario.
Uso responsable del espacio público: Regula la operación de sistemas por particulares.
Transparencia: Mejora la verificación y notificación para un proceso sancionatorio justo.

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