Cuando el micrófono enciende las alarmas
En un episodio reciente del pódcast 10AMPRO, conducido por Hernán y Darío, se encendió una conversación tan reveladora como preocupante: ¿está Colombia a punto de enfrentar un apagón nacional? Lo que empezó como una charla sobre inversiones, inteligencia artificial y energía, terminó siendo una radiografía profunda del riesgo que corre el país por culpa de decisiones políticas mal fundamentadas, atrasos estructurales y un enfoque ideológico que ha dejado de lado la técnica.
La invitada del día fue Natalia Gutiérrez Jaramillo, una de las voces más autorizadas del sector energético en Colombia. Ha sido presidenta de la Agencia Nacional de Minería, viceministra de Minas y Energía, y actualmente lidera Acolgen, el gremio que agrupa al 90% de los generadores eléctricos del país.
Con cifras, contexto histórico y una claridad técnica admirable, Natalia desarmó uno a uno los mitos del discurso energético actual y encendió una alarma: Colombia está entrando en terreno peligroso. El margen entre la energía que se necesita y la que se puede generar ya es negativo. Y si llega un nuevo fenómeno del Niño sin las inversiones adecuadas, el país se apagará literalmente.
Este artículo no solo resume la conversación, sino que la expande y profundiza. Aquí vas a encontrar contexto histórico, comparaciones internacionales, datos concretos, una crítica editorial al manejo energético del gobierno Petro y un llamado a la acción ciudadana.
El valor estratégico de la energía: más allá de los enchufes
En el contexto actual, la energía no es solo un servicio básico: es la columna vertebral de la economía, de la tecnología y de la soberanía. Los nuevos desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial, el Big Data, el internet de las cosas, los centros de datos (data centers) y la electrificación del transporte requieren una disponibilidad energética constante y confiable.
Natalia lo dijo con claridad: “La energía eléctrica es transversal a casi todas las actividades económicas de un país”. Sin ella, se paraliza el comercio, los bancos, las universidades, la producción de alimentos y, en definitiva, la vida moderna. Por eso, países como China están construyendo capacidad energética a un ritmo avasallador. Mientras tanto, Colombia se quedó mirando paneles solares y discursos bonitos.
1991–1992: Un apagón que paralizó a toda una generación
Para quienes nacieron en los 2000, puede sonar extraño imaginar una ciudad entera sin Wi‑Fi, sin celular, sin YouTube… ¡y sin luz hasta por nueve horas al día! Eso fue exactamente lo que ocurrió en Colombia entre marzo de 1992 y febrero de 1993, durante uno de los peores apagones de la historia del país, en un episodio que pasó a la memoria colectiva como “el Apagón” o “la Hora Gaviria”.
🌧️ ¿Por qué pasó?
Todo comenzó con un El Niño brutal: una fase climática que reduce las lluvias y deja los embalses vacíos. En 1991–1992, los niveles de los principales embalses cayeron a menos del 50 % de lo normal, golpeando duro la generación hidráulica.
Pero no se trató solo del clima. El sector eléctrico estaba en crisis: se retrasaron obras importantes como la represa de Guavio, faltó mantenimiento en plantas térmicas y Colombia estaba enredada en un endeudamiento gigantesco, gastado en un sistema que ya no daba abasto.
💡 La vida sin luz
- En Bogotá se cortaba la luz hasta por 9 horas al día; en ciudades de la Costa, hasta 10; y en San Andrés, ¡hasta 18 horas!
- No había televisión, no había internet, solo radio portátil con pilas.
- Familias encendían velas, tomaban duchas frías y adaptaban sus horarios a la luz del día.
- Programas como La Luciérnaga nacieron para acompañar a la gente en las noches oscuras.
🕒 La “Hora Gaviria”
Para aprovechar mejor la luz solar, el presidente César Gaviria adelantó una hora los relojes. Aunque al principio se aplicó en todo el país, muchos municipios no lo adoptaron y la vuelta al horario normal no se dio hasta 1993.
🛠 Consecuencias y aprendizaje
- Caos en la vida diaria, afectación en la industria, el comercio y los servicios.
- Largas filas por agua, cortes de comunicación, incluso amenazas de sanciones para quienes malgastaran recursos.
- Como respuesta, se creó la CREG, se modernizó el sector y se impulsaron reformas profundas.
Según Natalia Gutiérrez, la capacidad de energía firme del país ya es negativa: “Estamos en -1.4%. Eso significa que la próxima sequía fuerte la podemos pasar muy mal”.
¿Por qué llegamos a este punto? Porque durante los últimos años, el país dejó de construir hidroeléctricas, abandonó las inversiones en plantas térmicas y se lanzó a una transición energética que ignora la confiabilidad del sistema.
Uno de los errores más frecuentes —y peligrosos— en el debate energético actual es creer que toda energía limpia es suficiente por sí sola para abastecer un país. La realidad es más compleja.
La energía solar solo funciona en horas de luz. La eólica depende del viento. Son fuentes limpias, sí, pero también intermitentes. Esto significa que no pueden garantizar suministro 24/7 sin respaldo.
Cuando se privilegian solo las fuentes renovables sin fortalecer la base con energías firmes —como hidroeléctricas, térmicas o nucleares—, el sistema entra en riesgo.
Peor aún: por querer ser más limpios sin preparación, muchos países terminan contaminando más. En Bogotá, por ejemplo, se está quemando carbón como última opción para evitar un colapso.
Proyectos estancados: una bomba de tiempo
Hoy, Colombia tiene más de 3.500 megavatios de generación eléctrica estancados. Son proyectos de energía solar, eólica e incluso hidráulica que, por distintas razones, no han podido avanzar. Algunos llevan más de cinco años en espera, y con cada día que pasa, el déficit energético se vuelve más peligroso.
Las causas son múltiples y acumulativas:
- Lentitud en licencias ambientales, que pueden tardar años en ser aprobadas, especialmente cuando hay cambios frecuentes en la normatividad.
- Conflictos con comunidades locales, muchas veces por falta de una política clara de concertación, compensaciones o pedagogía sobre los beneficios de los proyectos.
- Problemas en la red de transmisión, que no se ha expandido al mismo ritmo que la capacidad de generación. Hay proyectos listos para entrar a operar, pero sin líneas que los conecten al sistema.
- Inseguridad jurídica, derivada de cambios abruptos en las reglas del juego, interpretaciones contradictorias de las entidades del Estado y decisiones unilaterales del gobierno central.
- Y, sobre todo, una ausencia de decisiones claras, firmes y técnicas del gobierno nacional, que ha dejado al sector en una especie de limbo operativo y regulatorio.
Este estancamiento tiene un efecto dominó: por un lado, no entran las nuevas tecnologías prometidas —muchas de ellas promovidas por el mismo gobierno—; por el otro, se frenan también las tecnologías firmes tradicionales, ya que los inversionistas no confían en un entorno donde las reglas cambian según el discurso político del día.
Además, hay un impacto económico directo: cada proyecto detenido representa empleos que no se generan, impuestos que no se recaudan y oportunidades de desarrollo regional que se pierden. Y mientras tanto, el consumo de energía sigue creciendo, pero la oferta no.
Es una bomba de tiempo, y el reloj ya está corriendo.
¿Y cuáles serían las consecuencias a mediano plazo si no se actúa?
Cuando se habla de una posible crisis energética en Colombia, muchos imaginan simplemente apagones. Pero las consecuencias van mucho más allá de tener que encender una vela o quedarse sin internet por unas horas. Una crisis de este tipo afectaría profundamente la economía, la estabilidad social, la salud pública y la confianza ciudadana en las instituciones. Las alarmas no suenan en vano: si no se actúa ya, el precio lo pagaremos todos.
La economía no sobrevive sin energía
Según estimaciones de Fedesarrollo y el Banco de Bogotá, una sola hora de apagón nacional podría costarle al país entre $175.000 y $200.000 millones de pesos. Y eso sin contar los efectos indirectos. Si se repitiera un racionamiento como el de los años 90, con cortes diarios de 6 a 9 de la noche, el impacto económico sería devastador: más de $1.1 billones perdidos cada día. En un mes, se estarían evaporando cerca de $35 billones. Es decir, casi un 3 % del PIB de todo el año.
Esto no es una cifra teórica. Es el equivalente a paralizar durante un mes sectores clave como la industria manufacturera, el comercio y los servicios financieros. Cada minuto sin energía representa máquinas detenidas, empleados sin producir, entregas incumplidas y contratos rotos. Es una bomba que no solo ralentiza el crecimiento: lo revierte.
Un golpe directo al empleo y la inversión
En una economía interconectada, la energía es lo que permite que las fábricas operen, los supermercados funcionen, los hospitales atiendan y las plataformas digitales procesen pagos. Un apagón no solo detiene la producción: puede obligar a cientos de pequeñas y medianas empresas a cerrar sus puertas definitivamente.
Además, cuando se percibe un país como energéticamente inestable, la inversión se esfuma. Los grandes proyectos industriales, los data centers, los desarrollos logísticos y hasta el turismo dependen de un suministro confiable. Ningún empresario serio se instala donde sabe que no podrá operar de forma continua.
Inflación: el enemigo silencioso
Uno de los efectos más inmediatos sería la presión inflacionaria. Al subir el costo de generación —por escasez o por necesidad de importar energía a precios elevados—, toda la cadena productiva se ve afectada. Desde el transporte hasta la refrigeración de alimentos, pasando por los servicios básicos, todo se encarece.
Ya en 2024 la energía subió un 9 % en promedio. Con una crisis, esa cifra podría duplicarse, elevando aún más los precios de productos básicos. Para una familia promedio, eso significa no solo pagar más por la luz, sino también por el arroz, el pan, el transporte y el gas.
Riesgos en salud y calidad de vida
Sin energía confiable, los hospitales enfrentan un escenario crítico. Aunque muchos tienen plantas eléctricas de respaldo, estas no están diseñadas para funcionar por semanas. Equipos de diálisis, respiradores, sistemas de refrigeración de medicamentos y bancos de sangre requieren energía continua. Cualquier interrupción prolongada pondría vidas en riesgo.
Y no solo se trata de hospitales. La cadena de frío en supermercados, centros de distribución de alimentos y transporte refrigerado también colapsaría. Esto generaría escasez, aumento de precios y mayores riesgos sanitarios, sobre todo en zonas rurales y alejadas.
El deterioro invisible: confianza institucional y paz social
Uno de los efectos menos visibles —pero más peligrosos— es la erosión de la confianza. Cuando la gente empieza a vivir con miedo a que “se vaya la luz”, también comienza a dudar de su gobierno, de sus instituciones, de su futuro. Y esa sensación de incertidumbre es terreno fértil para el malestar social.
Ya lo vivimos durante el paro nacional de 2021. Un país paralizado, sin respuestas claras, puede caer en caos. La energía, aunque parezca invisible, sostiene la estabilidad emocional de millones. Cuando se interrumpe, también se apaga la esperanza.
Las regiones, las más afectadas
Como en casi todas las crisis, los más pobres serán los más golpeados. En muchas regiones del país, donde ya hay precariedad energética, un racionamiento prolongado agravaría la desigualdad. Muchas pequeñas empresas no sobrevivirán. Las escuelas rurales, que ya tienen dificultades para funcionar con normalidad, quedarían aún más rezagadas.
Además, la migración interna podría dispararse. Familias enteras se verían obligadas a abandonar sus territorios en busca de servicios básicos, replicando fenómenos ya vividos en el pasado con el conflicto armado o los fenómenos climáticos extremos.
La pregunta, entonces, no es si habrá consecuencias. Es cuándo y qué tan graves serán.
Lo que se está jugando Colombia no es un tema técnico ni una pelea de egos entre políticos. Es el futuro de millones de hogares, empresas, escuelas y hospitales. Si no se toman decisiones urgentes, responsables y técnicamente fundamentadas, la crisis no será una sorpresa: será una consecuencia predecible de la indiferencia.
Y cuando se apague el país, no bastará con buscar culpables. Solo quedará asumir el costo de haber callado cuando aún había tiempo para encender las soluciones.
Un llamado a la razón (y a la acción)
El presidente Gustavo Petro ha optado por frenar proyectos fundamentales, ha politizado los discursos técnicos y ha generado desconfianza en el sector. Su visión puede tener buenas intenciones, pero está desconectada de la realidad técnica del sistema.
No se trata de estar a favor o en contra de un gobierno. Se trata de tener un mínimo de sensatez. La energía es demasiado importante para dejarla en manos de la improvisación, la ideología o el activismo.
El sector energético colombiano necesita reglas claras, inversión constante y planificación a largo plazo. Necesita técnicos, no activistas. Y necesita decisiones valientes, incluso si no son populares.
Si no se toman medidas urgentes, no habrá energía para la IA, para los carros eléctricos, para la agroindustria, ni siquiera para cargar los celulares con los que se hacen discursos bonitos en redes sociales.
Como ciudadanos, debemos exigir que este tema se trate con responsabilidad. Exigir al Congreso, al Ministerio de Minas, a la CREG, a los entes de control. Y sobre todo, empezar a hablar más de esto. Porque cuando el país se apague —si no actuamos— ya será demasiado tarde para encender la conversación.
