Economia
Colombia perdería $450 billones al 2030 por informalidad y baja productividad, según CCS | Empleo | Economía
La falta de avances en el proceso de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número ocho, centrado en promover el trabajo decente, está poniendo al país en un escenario de riesgos económicos y pérdida de productividad, que se traduce en billonarias pérdidas para la economía.
Esta es una de las conclusiones del más reciente informe presentado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), presentado durante el 58 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, que revela que las pérdidas acumuladas por el incumplimiento de este objetivo podrían alcanzar los $450 billones al año 2030.
Otras noticias: Impuesto a remesas: cómo megaproyecto de presupuestos de Trump impactaría a Colombia
El cálculo parte de un doble rezago estructural en el que por un lado se tiene una productividad laboral estancada que representa una pérdida potencial de $243 billones; y por el otro, una alta informalidad laboral, cuyo impacto en la economía se estima en $207 billones. Ambas cifras suman un escenario de alarmante inercia económica, que pone en jaque no solo el crecimiento del PIB, sino también la capacidad del Estado para invertir en educación, salud, infraestructura y protección social.
Para entender mejor este panorama hay que decir que uno de los pilares del ODS 8 es alcanzar un crecimiento del 3% anual en el PIB por persona empleada, una meta que refleja el compromiso de modernizar la economía, adoptar tecnología e impulsar sectores de alto valor agregado. Sin embargo, entre 2015 y 2023, el crecimiento promedio fue de apenas 1,57% anual, según datos del banco de datos regional de los ODS en América Latina.
Mercado laboral en Colombia.
Así mismo, con base en información del Dane, el estudio estima que en 2024 Colombia tuvo un PIB de $1.700 billones y una población ocupada de 23,3 millones de personas, lo que equivale a $72,96 millones de pesos por trabajador al año. Manteniendo esa dinámica hasta 2030, el país se quedaría corto frente a la meta, dejando de generar $243 billones en valor agregado acumulado.
“Estas pérdidas representan menores recursos disponibles para inversión social, desarrollo productivo y mejoras en la calidad del empleo, comprometiendo así el avance hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible del país”, advirtió Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS.
Puede interesarle: Menos siembras y lluvia presionan fuerte el precio de los alimentos básicos
Un lastre millonario
El segundo componente del análisis tiene que ver con la persistente informalidad laboral, en la que mientras que el país se fijó como meta alcanzar un 60% de formalidad al 2030, los datos del primer trimestre de 2025 muestran que la tasa apenas llega al 43,2%. Esto significa que hay unos 3,9 millones de trabajadores que deberían formalizarse en los próximos cinco años para cumplir la meta.
Pero más allá del rezago social, la informalidad también es un problema económico de fondo, ya que el CCS utilizó una estimación del Banco de la República según la cual el trabajo informal puede reducir la productividad hasta en un 29%. Al cruzar ese dato con el PIB por trabajador actual, el estudio proyecta que, si la informalidad se mantiene, el país dejaría de producir $207 billones entre 2025 y 2030.
Informalidad y mercado laboral.
En este sentido, Adriana Solano manifestó que “la ausencia de empleo formal también limita el recaudo tributario y parafiscal, afectando el financiamiento de bienes públicos esenciales. La informalidad implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar salud, educación, infraestructura y protección social”.
El informe revela además que la informalidad no está distribuida de manera homogénea y que el problema se concentra en las unidades productivas más pequeñas, centrándose en cifras del Dane que revelan que para 2025, solo el 14,6% de los ocupados en microempresas son formales, frente al 79,9% en pequeñas empresas, 94,3% en medianas y 97,4% en grandes.
Este dato pone sobre la mesa el reto estructural de fortalecer el tejido empresarial de las micro y pequeñas empresas, donde se concentra el mayor volumen de empleo, pero también el mayor rezago en formalización. Allí debe estar el foco de las políticas públicas si se quiere revertir esta tendencia.
Consulte aquí: El referendo por la autonomía fiscal busca espacio entre las prioridades del Congreso
Factura fiscal
Desde el CSS explicaron que la consecuencia directa del incumplimiento del ODS 8 no es solo económica sino fiscal, ya que al perder productividad y mantener niveles altos de informalidad, el país limita su crecimiento potencial, frena el dinamismo del mercado interno y reduce su capacidad de recaudo tributario. Esta triple afectación golpea directamente la sostenibilidad del gasto público y compromete la financiación de la inversión social.
El estudio concluye que Colombia no solo está dejando de generar riqueza, sino que está perdiendo oportunidades estructurales de equidad, especialmente en poblaciones vulnerables como mujeres, jóvenes, trabajadores rurales y personas con discapacidad, que son las más afectadas por la informalidad.
Informalidad
Frente a este panorama, el Consejo Colombiano de Seguridad propone una estrategia integral que combine alianzas público-privadas, innovación, enfoque diferencial y fortalecimiento de las mipymes. Una de las primeras acciones necesarias es que Colombia ratifique la Recomendación 204 de la OIT, que promueve la transición de la economía informal a la formal y que, aunque fue adoptada desde 2015, aún no ha sido incorporada oficialmente por el país.
La entidad también plantea impulsar incentivos tributarios y programas de cofinanciación, especialmente dirigidos a empresas que generen empleo decente, equitativo y con garantías para poblaciones tradicionalmente excluidas como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. En paralelo, recomienda fomentar la creación y formalización de micro, pequeñas y medianas empresas, apoyándolas con programas de formación técnica, tecnológica y profesional que fortalezcan sus capacidades y sostenibilidad.
Puede interesarle: Qué significa que Colombia haya declarado oficialmente al café como su bebida nacional
Otra línea clave es la incorporación de un enfoque diferencial e interseccional en todas las políticas de formalización, para atender barreras específicas que enfrentan comunidades rurales, pueblos étnicos y personas con discapacidad.
Por último, en el ámbito empresarial, el CCS sugiere fortalecer las cadenas de suministro que vinculan a las grandes empresas con las mipymes, mediante la transferencia de tecnología, buenas prácticas laborales, innovación y formación continua, para así impulsar la productividad y el trabajo decente a lo largo de toda la cadena de valor.
En las zonas urbanas, según el Banco de la República, ha crecido más rápido la informalidad.
“Estas acciones deben ir acompañadas de procesos constantes de evaluación que permitan medir el impacto real de las estrategias implementadas, ajustar los recursos de manera eficiente y garantizar una mejor coordinación entre el Estado, el sector empresarial, los gremios, la academia y los trabajadores”, concluyeron.
El Consejo Colombiano de Seguridad advirtió que el reloj corre en contra del país y si no se adoptan decisiones urgentes y coordinadas, Colombia no solo incumplirá el ODS 8, sino que profundizará las desigualdades estructurales que frenan su desarrollo.
